El caso de Suráfrica

A pesar de la aclamación internacional recibida, el proceso de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha sido objeto de insatisfacción e importantes críticas en Suráfrica. En especial, la cuestión de las indemnizaciones se ha convertido en una dolorosa controversia. Las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos experimentan una larga y decepcionante espera por las indemnizaciones que debería entregarles el Gobierno democrático dirigido por el Congreso Nacional Africano (ANC), el mismo Gobierno por el que la mayoría de las víctimas lucharon y sufrieron. La CVR tenía tres misiones esenciales. Debía investigar el alcance total de las violaciones graves cometidas desde 1960 hasta 1994, y permitir a las víctimas relatar las violaciones que sufrieron. En segundo lugar, debía resolver las solicitudes de amnistía de quienes las perpetraron. Por último, debía proponer las indemnizaciones que se someterían a la consideración del Gobierno. La CVR sólo tenía autoridad para pagar pequeñas cantidades de "indemnización provisional urgente" de hasta 5.000 rands (550 euros) a las víctimas.

La cuestión de las indemnizaciones se ha convertido en una dolorosa controversia

Las propuestas de indemnización enviadas por la CVR al Gobierno, establecidas de acuerdo con métodos internacionalmente aceptados, pertenecían a cuatro categorías generales.

Subsidios de indemnización individual por una cantidad anual de 23.000 rands (2.537 euros) que se pagarían durante seis años a las víctimas o a los familiares que dependieran de ellas. Las víctimas debían recibir además ayudas educativas, médicas y de otro tipo.

Reparaciones simbólicas, destinadas a restaurar la dignidad de las víctimas, centradas en aspectos conmemorativos como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos y exhumaciones. También incorporaban medidas administrativas como la emisión de certificados de defunción.

La rehabilitación comunitaria prestaría atención a aquellas comunidades devastadas por la violencia. Esto incluiría programas de "desmilitarización", terapia para problemas de salud mental y traumas, programas de reasentamiento para los desplazados por la violencia política y la rehabilitación de los perpetradores.

Finalmente, en virtud del derecho internacionalmente reconocido a la garantía de que no se repetirán las violaciones, debería haber una reforma jurídica e institucional mediante recomendaciones relativas al sistema judicial, las fuerzas de seguridad, las prisiones y sectores como la educación, la empresa y los medios de comunicación. La CVR propuso también un impuesto sobre el patrimonio en un pago único para las grandes empresas.

Aunque estas propuestas fueron entregadas al Gobierno en 1998, han transcurrido casi cinco años sin que se haya producido una respuesta oficial. Las víctimas esperaban cada vez más amargadas y con la sensación de que habían sido traicionadas, mientras que las organizaciones de víctimas como el Grupo de Apoyo Khulumani organizaban campañas, se manifestaban y se embarcaban en acciones judiciales. La sensación de agravio se exacerbó al serles concedida la amnistía a muchos de los 2.000 responsables que confesaron sus delitos en audiencias públicas. Las indemnizaciones a las víctimas eran el contrapeso implícito a la concesión de esa amnistía.

Las razones para el retraso de las indemnizaciones son complejas, pero probablemente tengan que ver con la aprensión del Gobierno a los pagos económicos individuales. El ministro de Justicia, Dulá Omar, reflejó esta incomodidad ante lo que se consideraba una "recompensa económica" al declarar que "nuestros nobles hijos e hijas no participaron en la lucha y no sacrificaron su vida por compensaciones monetarias". Además, al Congreso Nacional Africano molestó que la CVR declarase que, aunque el Estado era el mayor responsable de violaciones graves de los derechos humanos, los movimientos de liberación también habían cometido ciertas violaciones durante la lucha contra el apartheid. El ANC intentó incluso prohibir la entrega del Informe de la CVR en 1998 debido al enfado que le produjo este fallo, que, según Mbeki, "criminaliza" la lucha por la liberación.

Ante los cada vez más numerosos llamamientos a que se dé una solución al problema de las indemnizaciones, el presidente Thabo Mbeki presentó por fin la postura del Gobierno en abril de 2003. Declaró que el Gobierno respaldaba la mayoría de las propuestas de indemnización de la CVR enumeradas anteriormente, pero rechazaba la propuesta de impuesto sobre el patrimonio. También anunció "un pago único de un subsidio por valor de 30.000 rands a aquellos individuos o supervivientes designados por la CVR". Esperamos que estos desembolsos ayuden a reconocer el sufrimiento que estos individuos experimentaron y les ofrezcan cierto alivio. Aunque anunció pagos individuales, expresó sus reparos: "Lo hacemos con cierta aprensión, porque (...) nadie puede atribuir un valor económico a la vida y al sufrimiento. Y no se puede sostener el argumento de que los millones de surafricanos que lucharon por liberarse lo hicieron para obtener beneficios económicos".

Aunque el hecho de que el Gobierno hubiera esbozado por fin un plan de indemnizaciones produjo cierto alivio, provocó también entre las víctimas y otros sectores un enfado y una desilusión generalizados, debido a que las reparaciones ascendían sólo a la cuarta parte de lo propuesto por la CVR. Queda por ver si se plantearán objeciones. Además, puede que el pago origine nuevos problemas. Sólo aquellos que declararon ante la citada Comisión y fueron considerados víctimas por ésta tendrán derecho a indemnizaciones individuales. Pero miles de víctimas no acudieron a la CVR por múltiples razones: inaccesibilidad, falta de información, la breve duración de la misma u objeciones políticas. Las 22.000 víctimas declaradas por la CVR no constituyen en absoluto la totalidad. Además, la Comisión se centró sólo en las víctimas de la represión política o de la violencia directas, frente a los millones que sufrieron las crueldades más sistemáticas del apartheid: discriminación racial, leyes de pase, despidos forzosos y la pérdida de tierras y de la ciudadanía mediante la creación de territorios étnicos artificiales. Sin embargo, se puede alegar que el programa de transformación y reconversión económica, política y social del nuevo Gobierno constituye una indemnización para este grupo más amplio.

El fracaso de las indemnizaciones se ha extendido también hasta abarcar las iniciativas privadas. En 2002, se presentaron en Estados Unidos dos demandas en grupo contra casi treinta empresas y bancos multinacionales por haber ayudado al Gobierno del apartheid a "hacer su trabajo sucio", mediante la aportación de fondos, petróleo y tecnología. Las demandas, presentadas en nombre de grupos de víctimas del apartheid y del Grupo de Apoyo Khulumani, exigían tanto compensaciones individuales como contribuciones más generales para desarrollo social. El Gobierno del ANC ha condenado estas demandas. El presidente Mbeki declaró que "consideramos completamente inaceptables que cuestiones que son esenciales para el futuro de nuestro país sean decididas en tribunales extranjeros". En la actualidad, los litigios siguen su curso en los tribunales estadounidenses, mientras que en Suráfrica se emprenden iniciativas para negociar un acuerdo. Claramente, el debate sobre las indemnizaciones dista mucho de estar zanjado.