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Rebelión contra los sueldos millonarios

Los accionistas luchan por conocer con detalle los salarios de los máximos ejecutivos tras los escándalos de retribuciones millonarias en sociedades en pérdidas

Los accionistas han empezado, en la medida de sus posibilidades, una pequeña revolución al poner en tela de juicio el salario de los altos ejecutivos de las empresas, sobre todo si éstas han tenido pérdidas. Uno de los últimos ejemplos ha sido el de la británica GlaxoSmithkline. Más de la mitad de sus accionistas se opuso en la junta a la indemnización millonaria prevista para su presidente en caso de despido. Este año, en el Reino Unido los accionistas votan el sistema retributivo del consejo, algo impensable; sin embargo, en países como España sólo las empresas con mayor grado de cumplimiento de los códigos de buen gobierno informan de forma individualizada de las retribuciones de los consejeros y altos ejecutivos.

De los pocos casos de los que se tienen noticia, sin embargo, se deduce que las retribuciones se han moderado, al hilo de los peores resultados económicos. Emilio Botín, presidente del SCH, ha rebajado su sueldo este año un 11,29%, según se puede comprobar en la memoria del banco; Carlos de Palacio, presidente de Talgo, cobrará este año en concepto de sueldo fijo unos 72.120 euros, frente a los casi 145.000 del año pasado, y César Alierta, presidente de Telefónica, se ha congelado el sueldo fijo y ha rebajado el bonus, el incentivo anual en función de resultados, a la mitad.

Es en los blindajes, las aportaciones a fondos de pensiones y las opciones sobre acciones donde el control se hace más escurridizo. Pero tras escándalos como los protagonizados por los responsables de Enron o WorldCom, las instituciones supervisoras están más decididas a reforzar los controles.

Bruselas prepara un conjunto de medidas para modernizar el derecho de sociedades, entre las que destaca el establecimiento de un sistema que informe detalladamente a los accionistas de las remuneraciones individuales de sus directivos. Y en Estados Unidos los fondos de inversión, que son los grandes inversores institucionales, tendrán que votar cuestiones de gobierno corporativo, lo que oxigenará los consejos. El problema es que los accionistas particulares seguirán siendo, como hasta ahora, prácticamente un cero a la izquierda.

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