Madrid somos todos

Madrid somos todos. Lo que ha ocurrido en Madrid no es la primera vez que ha ocurrido en los años que llevamos de democracia, como con seguridad recuerdan los lectores. Ocurrió de manera muy señalada en Benidorm en las elecciones municipales de 1991, en las que Eduardo Zaplana se convirtió en alcalde mediante la adquisición del voto de una concejala que había sido elegida en las listas del PSOE. Ocurrió de manera no menos señalada en la pasada legislatura en Ceuta, donde Jesús Gil compró también el voto de una representante socialista. Pero una cosa es Benidorm o Ceuta y otra muy distinta Madrid.

Obviamente, las direcciones del PSOE en toda España tienen que tomar nota de la "fragilidad moral", por decirlo de una manera suave, de los candidatos que incluyen en sus listas. Nunca podrán las direcciones estatal, autonómicas, provinciales y locales, por muy precavidas que sean, inmunizar por completo a los miles de candidatos que tienen que incluir en las listas frente a la corrupción. Esto es imposible conseguirlo. Pero lo que no se puede es dar las facilidades que el PSOE ha dado en Madrid. Los parlamentarios autonómicos que han traicionado al PSOE habían dado muestras reiteradas de que eran personas poco íntegras y de nula fiabilidad y, en consecuencia, no deberían haber figurado nunca en las listas. La responsabilidad de la dirección nacional y madrileña por dicha inclusión es inmediata y directa y de ella tienen que dar cuenta ante los ciudadanos de una manera convincente o perderán cualquier tipo de credibilidad para dirigirse a dichos ciudadanos en el futuro. En mi opinión, ya se está tardando más de la cuenta en reaccionar y en sacar las consecuencias de lo que ha ocurrido hacia el interior de la dirección socialista. La lista socialista a la comunidad de Madrid habrá sido aprobada por el órgano colegiado correspondiente, pero alguien o alguienes han tenido que intervenir decisivamente para que Tamayo y Saez figuraran en las listas. Ese alguien ya debería haber presentado su dimisión o, en su defecto, debería haber sido destituido. La aprobación colegiada de la lista no puede servir de coartada para no exigir la responsabilidad individualizada que corresponda. Y ello aunque la dimisión no suponga la solución del problema de fondo. La dirección socialista tiene la obligación de transmitir a la opinión pública en general y a sus electores en particular una señal de que los errores se pagan y se pagan en consonancia con la magnitud del error. Todavía no lo han hecho.

La dirección socialista tiene que transmitir que los errores se pagan en consonancia con la magnitud del error

Pero la reacción exigible a la dirección del PSOE es solamente una parte del problema. Y ni siquiera la más importante. La compra de los dos parlamentarios socialistas supone un ataque frontal al núcleo esencial del Estado constitucional, que no es otro que la separación del poder político de la propiedad privada. Esta separación es lo que diferencia al Estado de todas las demás formas de organización del poder que se han conocido en la historia de la humanidad y es lo que lo hace ser superior a todas ellas. En esta separación descansa su naturaleza representativa. El Estado no es de nadie y, precisamente porque no es de nadie, tiene que ser de todos, constituyéndose su voluntad mediante el ejercicio del derecho de sufragio por todos los ciudadanos.

El derecho de sufragio es lo que posibilita y garantiza la autonomía del poder político frente a la propiedad privada. El hecho de que la voluntad general se constituya mediante el sufragio en condiciones de estricta igualdad por millones de ciudadanos es lo que permite que la voluntad general pueda ser autónoma respecto de los poderes económicos, por muy fuerte que éstos sean. Los millones de voluntades individuales libremente expresadas a través del sufragio son el contrapeso de la enorme concentración de poder económico que existe en nuestra sociedad. Es el único que existe. No hay otro. Por eso ha costado tanto alcanzar el sufragio universal. Y por eso es tan importante no sólo mantenerlo formalmente, sino también materialmente, esto es, evitar que pueda ser corrompido.

La corrupción del sufragio, o lo que viene a ser lo mismo, del resultado del sufragio, es la subordinación por vías soterradas y espurias del poder político a la propiedad privada, es decir, la negación de aquello que le hace al Estado ser tal. Es el retorno a formas premodernas de la convivencia, en las que la ley del más fuerte se hacía valer directamente sin controles políticos y jurídicos democráticamente definidos.

Esto es lo que ha ocurrido en Madrid. De ahí que Madrid seamos todos. No es el Gobierno de la comunidad autónoma de Madrid lo que está en juego, sino el principio de legitimidad democrática del Estado. Y justamente por eso, no es un problema del PSOE, sino un problema del sistema político español en su conjunto. Con la compra de dos voluntades particulares se ha invertido el resultado de la manifestación de voluntad de más de tres millones de ciudadanos. La compra se ha producido porque en la lista del PSOE figuraban dos diputados corruptos. Pero la compra se ha producido para que no gobernaran el PSOE e IU y sí lo hiciera el PP. Si el PSOE fue la opción política de los corruptos, el PP es la opción política de los corruptores. La inversión de los corruptores no tiene otra finalidad que hacer posible que el PP forme Gobierno en Madrid.

No es verdad, por tanto, como ha dicho el presidente del Gobierno, que se trata de un problema del PSOE, con el que el PP no tiene nada que ver. El PP tiene que decidir si acepta ser el partido de los corruptores, es decir, si acepta ser el beneficiario de lo invertido en la compra de los dos diputados socialistas.