El PSE envía al Supremo las actas de la negativa a disolver Batasuna

El Grupo Socialista en el Parlamento vasco envió ayer al Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado las actas de las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces de la Cámara de Vitoria en las que el presidente, Juan María Atutxa (PNV), sustenta su negativa a disolver el grupo de la ilegalizada Batasuna.

Los socialistas vascos decidieron dar este paso tras conocer ayer del propio Atutxa que éste no incluyó esas actas en su reciente respuesta al Supremo, pese a que el viernes pasado el representante del PSE-EE en la Junta de Portavoces se lo pidió expresamente. El Grupo Socialista quiere con esta acción que el tribunal y la fiscalía tengan exacto conocimiento de cuál fue la postura de cada grupo en cada uno de los dos órganos de la Cámara que han tenido que ver en la posición final de Atutxa. "Queremos que quede muy claro cuando se tengan que depurar responsabilidades", dijo el portavoz Rodolfo Ares. "Que cada uno asuma sus consecuencias", recalcó.

El PSE votó favorablemente en la Mesa a la propuesta de Atutxa de proceder a la disolución del grupo de Batasuna por la vía de una resolución del propio presidente de la Cámara. Pero esta resolución, que inicialmente tuvo también el respaldo del PNV y EA, fue bloqueada luego en la Junta de Portavoces por los propios nacionalistas. Esta estrategia de votar diferente en la Mesa y en la Junta de Portavoces fue la vía a la que el PNV y EA recurrieron para intentar poner a salvo la responsabilidad penal del presidente de la Cámara, desplazándola hacia la Junta de Portavoces.

Ares considera "lógica y proporcionada" la decisión del Supremo de remitir las actuaciones a la fiscalía y de que el propio Supremo arbitre medidas la semana próxima, ante lo que este dirigente socialista considera "un desafío al Estado de derecho", de cuya puesta en marcha culpa personalmente "al presidente del Parlamento, con el apoyo de los grupos del Gobierno tripartito".

El Supremo sostiene que "no puede hacer nada que el Parlamento vasco no considere ajustado a su reglamento" para ejecutar la sentencia y niega que exista obstruccionismo.