Todo pendiente de una sentencia

El Partido Popular aprobó en 1997 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid donde definió qué obras se podían hacer en cada suelo libre de la capital. En una zona de 1.000 hectáreas situada al este de la ciudad, los dirigentes del PP diseñaron la segunda Casa de Campo de Madrid, una reclamación vecinal de antes de 1976.

Con el tiempo, ese colosal espacio verde fue recortándose en los planos y se quedó reducido a la mitad. El Ayuntamiento modificó el Plan General con el respaldo de la Comunidad de Madrid y recalificó buena parte del espacio verde para una zona de oficinas y servicios (145 hectáreas), una zona residencial (11.500 viviendas aproximadamente) y la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid (120 hectáreas).

Esa recalificación de suelo, junto a otras en distintas zonas de Madrid, fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para subsanar ese problema jurídico, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid, siguieron aprobando los planeamientos de esa zona para consolidar los derechos urbanísticos de los propietarios y recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene la capacidad de rectificar esa situación y asumir la sentencia. Si lo hace, todas las recalificaciones que recortaron a la mitad de la Segunda Casa de Campo serían anuladas.