El Tribunal de Cuentas no halla delito en la gestión de Pellón y Baviano en la Expo

El Tribunal de Cuentas ha sentenciado que los consejeros delegados de la Exposición Universal de Sevilla (1992) Jacinto Pellón y Javier Baviano no cometieron ilegalidad alguna en los pagos que efectuaron a personal de la Expo por importe de casi cuatro millones de euros (652 millones de pesetas) en concepto de gratificaciones, compensaciones por vacaciones no disfrutadas e indemnizaciones por la extinción del contrato de trabajo.

La decisión del Tribunal de Cuentas esclarece acusaciones hechas en su momento por dirigentes del Partido Popular, que calificaron de irregularidades e incluso de corruptelas las acusaciones sobre mala gestión en los pagos a personal contratado para la Expo de Sevilla. En octubre de 1992, el presidente del PP, José María Aznar, manifestó ante la Junta Directiva de su partido, que iba a ser "implacable" de la exigencia de análisis de las cuentas de la Expo, y Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del PP, añadió que los populares exigían transparencia en el balance económico del certamen, "aunque ya hay demasiadas sombras de duda". En noviembre de 1997, el entonces portavoz adjunto del Grupo Popular Ramón Aguirre manifestó que a los socialistas "ya no les va a bastar con pedir perdón; sólo les queda devolver todo el dinero público que se han llevado. Los beneficiarios tendrán que pensar en devolverlo. Y nada de perdones". Aguirre adelantó: "Estamos a las puertas de pedir responsabilidades".

Esas declaraciones fueron realizadas el mismo día que varios medios de comunicación, entre ellos este diario, publicó un resumen del informe de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Expo. En dicho informe se indicaba que las pérdidas de la muestra ascendían a 35.000 millones de pesetas.

El consejero del Tribunal de Cuentas Javier Medina Guijarro, en calidad de magistrado de la Sección de Enjuiciamiento de ese organismo, afirma en una sentencia dictada el pasado 26 de mayo que "no procede sino desestimar la pretensión de responsabilidad contable, ejercitada por el Abogado del Estado, en su escrito de demanda de fecha 22 de mayo de 2000, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra don Jacinto Pellón Díaz y don Javier Baviano Hernández (...) por no apreciarse supuesto de responsabilidad contable alguno respecto de los tres extremos que constitutían dicha pretensión".

El magistrado del Tribunal de Cuentas se refiere a las acusaciones sobre el pago de gratificaciones en marzo y mayo de 1992, "sin estar previstas en convenio", por un importe de 221 millones de pesetas (1.330.457 de euros), y "los posibles pagos indebidos y excesivos" efectuados a los trabajadores en 1992 y 1993 en concepto de indemnización por extinción de los contratos de trabajo, por un importe global de 227 millones de pesetas (1.367.520 euros). Asimismo, no ve responsabilidad contable en el pago de compensaciones económicas, por importe de 203 millones de pesetas (1.220.054 euros) por el no disfrute de vacaciones anuales.

El magistrado incluye entre sus razonamientos que "las indemnizaciones para los trabajadores que cesaron en 1993, independientemente de que fueran después contratados por AGESA, estaban en consonancia con el régimen legal que les amparaba (convenio colectivo o contrato laboral)".

El proceso de enjuiciamiento al que pone fin esta sentencia comenzó el 17 de diciembre de 1999, cuando "como consecuencia de irregularidades en la gestión" de la sociedad estatal Expo 92, detectadas en la fiscalización que realizó el Tribunal de Cuentas, éste estimó que podía haber hechos constitutivos de delito.