Respuesta del concejal

Luis Miguel Palacios, en su calidad de presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, el pasado 1 de junio defendía, en su periódico, al interventor del Ayuntamiento ante las acusaciones que se han vertido contra su forma de actuar en relación con la cuenta del alcalde. Sin que justifique sus razonamientos, entiende que dichas acusaciones son una consecuencia más de las presiones a que están sometidos los interventores municipales, para concluir que es necesario garantizar su independencia a fin de que puedan realizar su trabajo en condiciones aceptables y sin presiones.

En el artículo titulado "Funcionarios con habilitación nacional", el señor Palacios hace constar que el pasado día 12 de abril se publicó la sentencia del Tribunal de Cuentas en la que se condena al alcalde de Madrid a reintegrar 103.463 euros a las arcas municipales como consecuencia de su utilización para fines indebidos.

El señor Palacios hace constar que en dicha sentencia el Tribunal de Cuentas critica la actuación del interventor municipal con expresiones como "dicho interventor pudo haber incurrido en responsabilidad contable a tenor de la información obrante en autos, pero no ha sido imputado ni demandado en este proceso, por lo que este órgano jurisdiccional no puede hacer pronunciamiento alguno de condena, salvo el reproche a su inhibición e incumplimiento de sus funciones administrativas".

No es mi intención entrar en el análisis de una sentencia que ha sido recurrida y por tanto no es firme, sino simplemente lamentar que el señor Palacios la utilice dejando muchas sombras en el camino, porque resulta sorprendente que, para defender las presiones a las que, al parecer, están sujetos algunos interventores municipales por parte de las corporaciones locales, se haga referencia a la citada sentencia del Tribunal de Cuentas, para posteriormente confesar "que no entra a valorar la sentencia porque no conoce el contenido íntegro, sino sólo lo publicado por los periódicos", lo que pone de manifiesto lo incongruente que resulta apoyar su punto de vista en una sentencia que no conoce.

El señor Palacios debiera saber que el interventor anterior al que se refiere la sentencia del Tribunal de Cuentas siempre actuó sin presión de ninguna clase, de lo que doy fe como concejal de Hacienda del Ayuntamiento durante estos últimos años. Buena prueba de ello es que las discrepancias que han existido en múltiples ocasiones entre el órgano gestor y dicho interventor, de las que se ha hecho eco la prensa, han sido resueltas por el pleno municipal, de conformidad con la normativa vigente, sin que la oposición municipal denunciara ningún tipo de presión.

Asimismo la oposición municipal ha utilizado los informes del interventor, si ha estado de acuerdo con ellos, como uno de los instrumentos más importantes para justificar las discrepancias con el equipo de gobierno, sin que se tenga constancia de que se haya puesto en tela de juicio la tarea fiscalizadora por haber sido realizada con algún tipo de presión.

Decir lo contrario, en el caso del Ayuntamiento, es caer en una demagogia que no tiene sentido y que sirve para crear un injustificado confusionismo sobre la forma en que en nuestro Ayuntamiento se han venido realizando las tareas de control del gasto público.

Nunca, que yo sepa, en el Ayuntamiento de Madrid se ha reducido el sueldo del interventor, ni se le ha suspendido de empleo y sueldo, ni se le ha destituido porque haya formulado los reparos que ha estimado pertinentes y que han sido recogidos en la prensa con reiterada frecuencia. El interventor anterior entendió simplemente que la cuenta del alcalde no necesitaba ser justificada, razón por la cual el Tribunal de Cuentas, órgano supremo fiscalizador de las cuentas públicas, ha criticado esa posición. Dicha crítica no proviene por tanto ni de la Corporación municipal ni del alcalde, como veladamente se intenta hacer constar en el escrito del señor Palacios. El reiteradamente citado interventor, cuando tuvo que emitir el correspondiente informe, se limitó a dar su conformidad, sin formular ningún reparo.

El señor Palacios también recoge mi intervención en el pleno municipal del día 30 de abril sin dar mayores explicaciones. En dicho pleno hice constar que el alcalde no ha tenido ninguna cuenta restringida, como reiteradamente se viene repitiendo maliciosamente por la oposición, y la falta de justificación fue debida a que el señor interventor entendía que dicha cuenta no necesitaba justificación. Es por eso que en un momento del debate hice constar, como recoge el señor Palacios: "No tengo la culpa de que el interventor municipal en ningún momento dijera que se tenían que justificar los gastos de otra manera".

Como interventor del Estado conozco perfectamente el alcance y contenido de la función fiscalizadora, me parece plausible que se pidan medidas adecuadas para que en el ámbito local dichas tareas se realicen sin sometimiento a presión alguna, pero creo que, para defender tan encomiable objetivo, el señor Palacios ha errado el tiro al tomar como punto de referencia el Ayuntamiento, la cuenta del alcalde y las críticas realizadas por el Tribunal de Cuentas, en relación con la actuación del interventor municipal en la fiscalización de dicha cuenta.

Si existen los problemas indicados, el señor Palacios debería actuar con mayor rigor y no aprovechar sibilinamente que "el Pisuerga pasa por Valladolid" para exponerlos y proponer las soluciones que estime pertinentes con razonamientos inadecuados.