En el ojo del huracán

Una cadena de controvertidas decisiones y actuaciones ha puesto a los responsables de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, un organismo dependiente de la Administración pública, en tela de juicio. La adjudicación de la gestión del polideportivo municipal de Abastos a una UTE (Unión Temporal de Empresas) cuyo representante legal es un empresario condenado por estafa en noviembre de 2000 es el último eslabón de una serie de polémicas decisiones criticadas por la oposición (principalmente por Esquerra Unida) y los sindicatos.

El caso de Abastos resulta cuanto menos paradójico. Fernando Martín Rivera, actual gerente del polideportivo recientemente inaugurado, fue condenado a cuatro meses de arresto mayor y al pago de 1.440.000 pesetas por ofrecer e impartir en 1994 un curso de monitor de aeróbic que garantizaba la obtención de un título oficial. Éste, sin embargo, no era reconocido por la Federación Española de Gimnasia (FEG). Ahora, Martín Rivera, dueño del gimnasio Marvá, gestiona una instalación municipal en la que se ofrecen, entre otros servicios, clases de aeróbic.

La adjudicación sin concurso de la gestión de ciertos complejos levanta sospechas

A la Fundación Deportiva Municipal, cuyo presidente es el concejal de deportes del Ayuntamiento, Cristóbal Grau, la inspección de Trabajo le abrió un acta de infracción el pasado mes por denegarle a los sindicatos información referente a la bolsa de trabajo creada en mayo de 2002. En esta bolsa resultaron privilegiados por el tribunal calificador de la fundación familiares de concejales y funcionarios. Muchos de éstos accedieron a un puesto de trabajo en detrimento de otros aspirantes que reunían más méritos tras las pruebas realizadas. Los sindicatos STA y Comisiones Obreras pusieron en entredicho el criterio evaluador de la fundación tras observar irregularidades en la baremación de las más de 500 instancias presentadas. La Fundación Deportiva Municipal admitió posteriormente haber incurrido en errores y procedió a realizar una segunda baremación. Fue entonces cuando, según el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (CJC), la fundación se saltó la ley al no comunicar a los afectados que se iba a proceder a una revisión. El caso es que los contratos firmados en junio de 2002 siguen vigentes mientras muchos de los afectados desconocen que debieron ser empleados y no lo fueron.

Esquerra Unida, por otro lado, ha denunciado el "contradictorio" criterio del Ayuntamiento a la hora de adjudicar la gestión de los polideportivos municipales. Por ejemplo, el Consistorio adjudicó sin previo concurso a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana la gestión del complejo deportivo de la Petxina, cuya inauguración está prevista para final de año. De esta manera soslayó la ley de contratos de la Administración. Lo mismo ocurrió con el polideportivo de Patraix. El Ayuntamiento aduce que la junta rectora de la Fundación Deportiva Municipal es la que decide sacar o no la explotación de una instalación a concurso dependiendo de las características de ésta. Y Esquerra Unida se pregunta: "¿Qué diferencias hay entre unas piscinas y otras?".