Dos empresas niegan haber sido presionadas en el 'caso Renfe'

Los representantes de dos empresas constructoras que ayer declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, negaron haber recibido amenazas o presiones por parte de Calviga, del grupo Batalla, a la que se adjudicó el desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Los apoderados de Ker y Bertolín, quienes mostraron en su momento interés por el concurso, fueron llamados como testigos en las diligencias que el juez instruye antes de decidir si admite la querella por un presunto delito de maquinación y alteración de precios en la adjudicación presentada por el PSPV.

El apoderado de Ker negó la existencia de amenazas mientras que el de Bertolín -grupo que trató de concursar junto a una asociación de comerciantes- reconoció que recibió llamadas de representantes de Calviga para intercambiar información. La hipótesis de la acusación particular es que fueron presionados por Batalla para no pujar por el desarrollo de la zona. De hecho, un miembro del colectivo de comerciantes así lo afirmó ante medios de comunicación.

El juez rechazó en marzo instruir las diligencias por este motivo junto a las abiertas, y ahora archivadas, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla. El juez consideró que ambas actuaciones no estaban relacionadas.