La memoria de la Fiscalía del TSJA alerta contra el aumento de los delitos de violencia doméstica

Los esfuerzos para sensibilizar a la sociedad de la violencia doméstica y los numerosos medios dispuestos por la Administración para atender a las víctimas no han podido reducir la proliferación de nuevos delitos en Andalucía en 2002. La memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hecha pública ayer, señala que el maltrato fue el delito que más aumentó. La memoria, a la hora de establecer une relación entre inmigración y delincuencia, recuerda que son los inmigrantes en la mayoría de los casos las propias víctimas.

La memoria reconoce el "formidable y generoso esfuerzo" que las instituciones han desarrollado en los últimos años para reducir esta "execrable forma de criminalidad", pero los datos aportados desde las distintas fiscalías reflejan que las campañas de sensibilización no han logrado reducir el número de casos de violencia. No sólo han crecido los delitos, precisó ayer el fiscal jefe andaluz, Jesús García Calderón, sino también su gravedad.

La Fiscalía apunta además que el aumento de las denuncias ya no se puede relacionar con la aparición de casos de maltrato que permanecían ocultos sino simple y llanamente a que proliferan más. No obstante, García Calderón dijo que la violencia doméstica oculta aún "muchas realidades", como los actos de violencia cometidos contra niños o ancianos. Tampoco puede relacionarse el maltrato con las situaciones de marginalidad ya que el año pasado se dio en familias de todos los niveles y condiciones.

"El origen del problema", señala la memoria, "puede encontrarse en la falta de actualización de algunos derechos fundamentales, básicamente el derecho a la igualdad y a la integridad moral, y en una cierta permisividad de estas conductas, casi siempre irrelevantes para el derecho penal, a nivel social, educativo o laboral".

Como ya hiciera el propio TSJA en su memoria, la del fiscal reconoce también que las respuesta de los tribunales y del propio ministerio público "no siempre es una respuesta homogénea" sino que se observan diferencias claras. Como ejemplo de estos puntos de vista divergentes en la judicatura la memoria pone los casos de maltrato psicológico.

La Fiscalía aconseja que las víctimas de maltrato reciban ayuda de funcionarios policiales y judiciales especializados. La especialización, subraya, es especialmente necesaria para disponer de dictámenes periciales sobre las secuelas físicas y psíquicas y la incidencia de la violencia sobre el ámbito familiar.

Protección de víctimas

Con todo, la memoria reconoce que durante el año pasado se intensificó la coordinación institucional, primordialmente en los servicios asistenciales de protección a las víctimas, y que esta cooperación ha logrado una mayor protección y reporta a los jueces una mayor seguridad de disponer de pruebas, como demuestra el elevado número de sentencias condenatorias dictadas en 2002.

Como ya precisara la memoria del fiscal el año pasado, el incremento de la criminalidad general en Andalucía estuvo relacionado en buena medida con la inmigración, si bien por inmigración no se puede entender sólo el fenómeno que trae a nuestras costas a numerosas personas procedentes de países hundidos en la miseria en busca de un futuro más promisorio.

La memoria, aunque admite el menudeo de delitos contra la propiedad cometidos por "sin papeles" que no encuentran otra forma de sobrevivir, repite en varias ocasiones, citando al fiscal jefe de Huelva, que el principal objetivo de estas personas es pasar inadvertidos.

El fiscal entiende que hay que diferenciar a la persona que escapa de las penurias de su país de origen y trata de legalizar su estancia lo antes posible con el extranjero "que aprovecha la ausencia de controles fronterizos y desarrolla con mayor o menor gravedad una actividad delictiva continuada".

El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, es especialmente claro en su exposición respecto a estas dos ramificaciones delictivas. De entrada el fiscal malagueño opina que es aventurado afirmar que el incremento de la delincuencia obedezca, como razón fundamental, a la inmigración. Y a continuación distingue entre el "inmigrante ilegal" y los extranjeros que convierten la delincuencia en su forma de vida.

Grupos organizados

Los "sin papeles", carentes de los medios más elementales para sobrevivir, cita la memoria general del TSJA, cometen delitos contra el patrimonio, pero no se deben confundir con los extranjeros que, con la ayuda de sociedades instrumentales, cometen delitos mucho más graves pero menos visibles socialmente. Y cita como ejemplo de esta actividad mafiosa, las estafas inmobiliarias, el blanqueo de capitales, el narcotráfico o estafas relacionadas con la gestión fraudulenta de paquetes vacacionales en la Costa del Sol.

Dichos grupos organizados operan, según la Fiscalía, en Málaga, Cádiz y Almería, y cometen habitualmente agresiones de todo tipo contra la vida y la integridad física o la libertad individual.

Para mejor entender la relación entre delincuencia y emigración la memoria hace varias puntualizaciones, la primera que el aumento de la criminalidad está originado más por una "inmigración destinada a la delincuencia" que por la actividad ilegal de personas carentes de documentos que pretenden cambiar la fortuna de sus vidas en un país diferente.

Además el documento resalta que el año pasado se constató una vez más que gran parte de las formas más graves de criminalidad vinculadas con la inmigración "tiene como víctimas justamente a los inmigrantes". "Los delitos contra la vida o contra la libertad cometidos por inmigrantes", precisa García Calderón, "se perpetran normalmente sobre otros inmigrantes irregulares y habitualmente de su misma nacionalidad". A veces la extorsión recae incluso sobre las familias en sus países de origen.

De hecho, recuerda la memoria, la principal incidencia de esta criminalidad es el tráfico ilegal de personas, el de mano de obra y la inducción coactiva a la prostitución o a la comisión de ciertos delitos como los que van contra los derechos de propiedad intelectual.