El Gobierno renovará en julio a los jefes de 39 fiscalías que cesan en un mes

El Gobierno planea para julio una amplia renovación de las jefaturas de las fiscalías que abarcará desde la cúpula del Ministerio público a los destacamentos de provincias, aprovechando que tras la publicación, ayer, en el BOE, del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cesarán en sus cargos dentro de un mes un total de 39 fiscales jefes con más de cinco años de mandato. El fiscal del Estado propondrá los que deben ser removidos.

El cese de jefes con varios lustros de mandato a sus espaldas y la perspectiva de pasar a ser mandados por sus antiguos subordinados está generando mal disimuladas situaciones de nerviosismo y tensiones en el seno de la carrera, según fuentes de la Fiscalía del Estado. Alguno de los que, como el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, se saben inequívocamente en el punto de mira del Ministerio de Justicia, ya ha quemado las naves o anda buscando una salida lejos de su antiguo destino.

El caso de Fernández Bermejo, que exige al ministro de Justicia 60.000 euros (10 millones de pesetas) para reparar su honor tras haber sido calificado por éste de "boicoteador" y "rebelde", puede ser el más espectacular pero dista de ser el más traumático. Al fin y al cabo, Bermejo tiene prometida una salida como cargo del PSOE en la Comunidad de Madrid, ahora que este partido gobernará en la autonomía, que tiene transferidas las competencias sobre Justicia. En cambio, en otras cuatro decenas de fiscalías, el porvenir de los jefes es más incierto.

Los fiscales de Sala que integran a la cúpula de la carrera y que tras su cese sean removidos sólo tienen la posibilidad de "quedar adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, conservando en todo caso su categoría", es decir, una situación ambigua y expuesta a todo tipo de controversias. En esa delicada situación se encuentran el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato; uno de los dos fiscales jefes de la Sala Penal del Supremo, José Aranda, en su día depurado como fiscal jefe de la Audiencia Nacional; el fiscal jefe de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el jefe de lo Contencioso, Rogelio Gómez Guillamón, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

La situación es más preocupante entre los 33 fiscales jefes de destacamentos provinciales, ya que la alternativa es mucho peor: los que no sean confirmados, quedan adscritos a la fiscalía en la que habían desempeñado la jefatura, bajo el mando del nuevo jefe, que en la mayoría de los casos será uno de sus antiguos subordinados. La alternativa es emigrar a otra fiscalía, opción para la que tendrán carácter preferente en los dos años siguientes a su cese.

El panorama se aclarará en dos próximos consejos fiscales que se celebrarán en julio. Los 39 fiscales jefes cesantes pueden pedir la renovación por otro período de cinco años, y el Consejo Fiscal, organismo consultivo del fiscal del Estado, propondrá a éste la lista de confirmados, o los que en su caso deban ser removidos. La propuesta no es vinculante para el fiscal general, Jesús Cardenal, que ya en alguna ocasión propuso el nombramiento de algún jefe en contra del criterio del Consejo Fiscal, como fue el caso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Los nombramientos los hace el Gobierno por real decreto.

Además de la limitación del mandato de los fiscales jefes, el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal establece un plazo de seis meses para las investigaciones de los fiscales, que podrá ser prorrogado, en determinados casos, por decreto motivado del fiscal general del Estado.

Por otra parte, el Consejo Fiscal celebrado ayer acordó dirigirse a los departamentos de Interior de los Gobiernos vasco y central para reforzar la seguridad de los fiscales del País Vasco y Navarra y extremar las precauciones de los que trabajan fuera de las capitales.

Respecto al papel del Ministerio fiscal en los juicios rápidos, el Consejo Fiscal entiende que ha supuesto un "razonable" incremento de trabajo. En las capitales de provincia el impacto ha sido menor del esperado y donde mayores problemas existen es en las adscripciones donde no existe sede permanente de la Fiscalía.