Discapacitados

En este año 2003 confluyen dos eventos importantes tanto para la sociedad europea como para la sociedad española: el año europeo de las personas con discapacidad y las elecciones municipales, y en algunas comunidades, elecciones autonómicas.

No queremos ser escépticos ante los anuncios que se realizan en las campañas electorales, pero somos conscientes de que todas las medidas que se adopten para las personas con discapacidad siempre son bien acogidas entre esta población, ya que continuamos sintiéndonos olvidados por nuestros conciudadanos.

Por no desviar la cuestión, la semana pasada se anunció que en la Comunidad de Madrid se incrementaría el cupo de reserva para el acceso de las personas con discapacidad al empleo público a un 5%. Este tipo de iniciativas son muy valoradas por las personas con minusvalía.

Existe una cuestión de fondo a la que se llega con la práctica diaria de una entidad especializada en el sector de la discapacidad física, como es en la que trabajo:hemos podido constatar que, al no existir regulación en la mayor parte del territorio español, ni criterios comunes en el momento de aplicar la reserva de cupo, los tribunales examinadores, las mesas de contratación, interpretan a discreción -en cada localidad, provincia, comunidad- el modo en el que se van a cubrir las plazas reservadas.

Con esto lo que queremos poner de manifiesto es que no existe una correspondencia real entre el cupo reservado y la incorporación de los trabajadores con discapacidad en el ámbito público, y que sucesivamente por falta de regulación se dejan de cubrir las plazas que corresponden a este turno de reserva.

Se hace necesario regular este aspecto, puesto que además deja desamparadas a las personas con discapacidad ante recursos que se pudieran interponer a los procedimientos en los procesos de incorporación a la función pública. Otra cuestión que no se debería de olvidar es la regulación de cómo contemplar la reserva de cupo para las contrataciones temporales en las administraciones locales, provinciales, autonómicas y ministeriales, así como empresas públicas, patronatos, etcétera.