Compromisos de futuro

En una titulación como la de Derecho es inaplazable revisar en profundizar el continente -marco jurídico: plan de estudios- y el contenido -programas de las asignaturas, métodos docentes, actividades formativas-, comenzando por convenir qué y para qué formamos y cuáles son los requerimientos que definen la formación jurídica básica que a la postre constituye el fundamento de esa titulación. La inercia histórica de unos estudios como éstos -clásicos, tradicionales- nos ha dirigido los pasos y los cambios normativos no han hecho otra cosa que sancionar los hechos. Así, sucesivas generaciones de docentes hemos ido incorporando materias, raras veces innovaciones sustanciales, y acomodando nuestras actuaciones con mimético reflejo de lo que otros nos habían transmitido.

Por eso, la prioridad máxima, sin necesidad de esperar la integración en el Espacio europeo de Educación Superior, aunque con la vista puesta en sus objetivos -que no comportan en absoluto ninguna revolución-, ha de ser la de interiorizar como compromiso ineludible aquella revisión. Es cierto que una parcela relevante de este planteamiento escapa a las competencias de la propia Universidad como tal, en cuanto ésta se ve condicionada por disposiciones superiores -ya sean leyes o reglamentos que dicta el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o las Consellerías del ramo-, muchas veces sin saber qué criterios las sustentan y las más careciendo de la discusión previa y el consenso técnico imprescindible. Pero no es menos cierto que las universidades no promueven tampoco ese debate, ni impulsan desde abajo las ideas consensuadas que ofrecerían la credibilidad indispensable a las críticas que generalmente hacemos a las normas que se publican en el BOE. Como, salvo contadas ocasiones, destinan los esfuerzos principales a liderar intramuros esos cambios sustanciales y formales que la dinámica formativa y de aprendizaje reclama. Apelar a la autoresponsabilidad institucional y personal -de cada miembro de la comunidad universitaria, en especial del profesorado- en este punto, es lo más elemental y lo que resulta ineludible para progresar y hacer efectivos esos cambios. De ahí que en la reducida sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, esté convencido de que podemos aunar voluntades en la configuración de un espacio estable de diálogo y colaboración, capaz de promover iniciativas de mejora y procedimientos de valoración objetiva de las actividades docentes. Nada nos impide y, por el contrario, es obligación primordial debida a la función que da sentido a la Universidad, ofrecer respuestas autocríticas a los distintos fenómenos que integran los procesos docentes. Es posible, en efecto, acometer muchas acciones que no dependen sino de la decisión de los universitarios, de nosotros mismos.

Podemos conformar Planes de Estudios que, al menos en parte, respondan a las exigencias que cada Facultad entienda más racionales en orden a la formación que deben obtener sus egresados, parcialmente variables y además con opción a orientaciones que favorezcan futuras salidas profesionales. Disponemos de facultades para decidir, dentro de un amplio margen, los contenidos de los programas de las asignaturas, lo que permite adecuarlos a la carga lectiva que tengan asignada, actualizarlos, evitar la agregación de contenidos y seleccionar materias En ese mismo ámbito de disponibilidad quedan los métodos didácticos, las innovaciones educativas, el empleo de medios y tecnología docente moderna, el uso del campus virtual, la oferta de enseñanza práctica, las alternativas que juzguemos más apropiadas para una formación generalista o especializada; los procesos de comprobación de los conocimientos adquiridos y los niveles de cualificación. No es dudoso que otro tanto está en nuestros manos, si queremos garantizar al alumnado una atención integral que tutorice su aprendizaje, que le apoye de forma constante en su estancia en el Centro, que no se despreocupe de su porvenir más inmediato. Tampoco tenemos que recabar permisos externos para demostrar la necesidad y utilidad de cooperar con otras instituciones, cuya vinculación con la titulación sólo nos puede aportar efectos positivos -Escuelas de Práctica Jurídica, Colegios profesionales, Administración de Justicia, entidades públicas, empresas, etcétera-.

Y, en fin, cualquier propósito dirigido a promocionar una oferta de calidad de estudio de tercer ciclo o de cursos de postgrado y especialización, únicamente queda supeditado al interés y dedicación que manifiesten los Departamentos por captar la demanda potencial de ese tipo de formación. De una u otra forma, estos asuntos son los ejes de un proyecto que he presentado para optar a la reelección del decanato de mi Facultad, en la confianza de recibir la aprobación de sus componentes y encarar su implantación sin dilación.

Juan José Díez es catedrático de Derecho Administrativo y decano electo de Derecho en Alicante.