Metáfora del árbol y las nueces
El 25-M volverá a medir la relación de fuerza entre los partidos nacionalistas y constitucionalistas y determinará el grado de resistencia de la izquierda 'abertzale' a ser absorbida por el PNV
La ilegalización de Batasuna estimula el apetito electoral de la coalición PNV-EA que pretende hacer de estos comicios municipales y forales una segunda vuelta de las autonómicas de 2001, que encumbraron a Ibarretxe como líder del nacionalismo. Pese a la ampulosidad retórica que se derrocha estos días y los comunicados de ETA, la campaña vasca transcurre en un clima de menor movilización y crispación social y no parece probable que la participación, con ser alta, vaya a alcanzar el elevado 79% de entonces. El nacionalismo gobernante multiplica los guiños hacia el electorado de Batasuna, a la búsqueda de las mayorías absolutas que le aseguren el control institucional en las tres provincias y le despejen el camino soberanista.
El PNV parece inmune al peligro de que su deriva radical le haga perder votos moderados
¿Qué harán las decenas de miles de 'abertzales' no asimilables por el PNV y EA?
Tras 25 años de existencia, el brazo político de ETA, léase Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Sozialista Abertzaleak, AuB o cualquiera otra bandera de conveniencia que pretenda adoptar en el futuro, ha sido definitivamente expulsado del sistema democrático, privado de soporte institucional, despojado de toda representatividad legal.
Aunque Euskadi aparece atrapada en un juego de dinámicas puramente circular, la anulación de Batasuna es un hecho trascendental que invita a pensar en la apertura de un proceso de decantación y precipitación en la vida política vasca.
El 25-M da paso a una etapa de renovadas incertidumbres al hilo del calendario nacionalista: presentación en otoño del proyecto Ibarretxe en la cámara vasca, sustitución de Arzalluz, posible adelanto de las elecciones autonómicas, consulta soberanista... una etapa caracterizada por la aplicación descarnada de la metáfora del árbol y las nueces. Porque, previsiblemente, el Estado español no va dejar de sacudir el árbol del conglomerado ETA-Batasuna en los tiempos venideros y porque, a su vez, PNV-EA tienen todo dispuesto para recoger en el capazo soberanista los frutos caídos y por caer.
Son estrategias todavía complementarias en lo que se refiere al propósito de eliminar u ocupar el espacio político y electoral nucleado en torno a ETA, pero incompatibles entre sí, no sólo porque pretenden un final diferente para la organización terrorista, sino porque prefiguran también dos procesos y dos modelos de país bien distintos. Mientras el soberanismo busca absorber progresivamente al nacionalismo violento en el camino hacia el "estado libre asociado", el constitucionalismo se niega a otorgar coartadas al terrorismo y abomina de un proyecto de ruptura escalonada con España, convencido de que acarrearía su propia marginación en un contexto explosivo de enfrentamiento y división. El propio presidente del PNV, Xabier Arzalluz, ha indicado que "el soberanismo margina a quien lo rechaza".
Y, sin embargo, el nacionalismo en el poder aparece inmune frente al peligro de que su deriva radical le acarree la pérdida del voto moderado, autonomista, centrista, localizado sobre todo en las clases medias urbanas, más liberadas de la "pertenencia ideológica" que lleva a muchos nacionalistas a votar sistemáticamente por su partido, plantee lo que plantee. Con todo, por si acaso, el PNV presenta a dos de sus elementos más moderados al frente de las candidaturas de Bilbao (Iñaki Azkuna) y de San Sebastián (Román Sudupe). La separación nacionalistas / no nacionalistas sigue reproduciéndose automáticamente, como si no pudieran existir nacionalistas que contemplan con inquietud una dinámica excluyente para la mitad de la población, que temen el desenlace de esta aventura. El de la captación del voto moderado nacionalista es un problema que los partidos constitucionalistas no acaban de resolver, aunque en Álava el PSE-PSOE ha incorporado como independiente en sus listas a Emilio Guevara, antiguo diputado general de la provincia, expulsado del PNV por sus críticas a Arzalluz.
La posibilidad de que el arbitraje mismo de la ley atempere y encauce las dinámicas divergentes ha empezado a agostarse desde que el nacionalismo proclama que la justicia española está contaminada políticamente y el Gobierno y Parlamento vascos soslayan los imperativos judiciales, negándose, por ejemplo, a disolver al grupo parlamentario de Batasuna o a impedir sus actos y manifestaciones.
Cuestionadas las reglas de juego, la esperanza en que se alcance un consenso aparece más alejada que nunca. El nacionalismo ha descartado toda relación con el PP, partido al que caracteriza como heredero del franquismo, pero necesita algo más que la mera caricatura para descalificar al PSE-PSOE. Le gustaría contar con un socialismo vasco débil y más manejable para aislar al PP, pero lo que desea fervientemente es un Gobierno central sin mayorías absolutas que precise de sus votos.
Hace ya muchos años que ninguna de las elecciones vascas puede sustraerse a tener que medir los resultados por la relación de fuerzas entre nacionalistas y no nacionalistas. El 25-M no será una excepción, pese a que las cuestiones específicas de las elecciones locales se han hecho con un amplio espacio en esta campaña. Además de tomar nota de los resultados de las juntas generales alavesas (parlamento provincial) y de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, los partidos vascos sumarán en la noche del 25-M los votos obtenidos por cada bloque y sacarán la cuenta con la mirada puesta en la incierta etapa que se avecina. El control de la Diputación alavesa, clave para poder conjurar el proyecto soberanista, y las alcaldías de las tres capitales vascas son los grandes objetivos en disputa.
Cifrar el alcance del presumible trasvase de votos de Batasuna al tándem PNV-EA y, por lo mismo, determinar el grado de resistencia del nacionalismo violento, es obviamente uno de los elementos de interés en estas elecciones, aunque la incógnita principal reside en el futuro político mismo de esa masa de electores que pretende seguir presente a través del voto nulo. ¿Qué hará el nacionalismo no violento con esos nuevos vagones enganchados al tren soberanista que reclaman más madera, ir más deprisa, más lejos? ¿Hasta dónde piensan oponer la "legitimidad vasca" a la "legalidad española"? ¿Están dispuestos a llegar al enfrentamiento institucional abierto con el Estado, al desacato puro y duro frente al poder judicial?
Después de tantos años de ejercicio, el PNV es un maestro en el arte de nadar y guardar la ropa, de jugar con los tiempos, de aprovechar las contradicciones ajenas. Interesados en suscitar un agrio enfrentamiento dialéctico "con los de Madrid", que movilice a los fondos abstencionistas del nacionalismo y atraiga al electorado de Batasuna, los peneuvistas no se paran en barras a la hora de denunciar una decisión judicial de la que esperan obtener el máximo provecho. Términos de trazo grueso, como "pucherazo electoral" o "muerte civil de decenas de miles de vascos" se suceden en sus mítines, obviando los fundamentos del caso, disociando el problema del terrorismo. Hasta el lehendakari, se ha ganado su particular aplauso en el núcleo dirigente de Batasuna con su denuncia del "GAL mediático", expresión acuñada años atrás por ETA para justificar el asesinato de periodistas.
Pero por mucho respaldo retórico solidario que encuentren en la coalición PNV-EA, la ilegalización no deja de suponer para Batasuna una catástrofe, labrada a lo largo de 25 años por su incapacidad para emanciparse de ETA y la vocación suicida de unir su suerte política a la de un grupo terrorista. Desalojados ahora de los ayuntamientos, la principal fuente institucional que les suministraba influencia, poder local, dinero, puestos para sus liberados e infraestructura, los militantes y simpatizantes de Batasuna aparecen condenados a vagar por la política vasca como un grupo fantasmal. La marginación a la que les condena el sistema ataca directamente al propio proyecto político-militar que dirige ETA, y tampoco pueden depositar grandes esperanzas en Estrasburgo puesto que el tribunal europeo tardará seguramente cinco años en pronunciarse sobre el recurso a su ilegalización.
Demasiado tiempo a la intemperie, cuando el Estado español ha decidido poner fin a toda complicidad con el terrorismo, cuando el cansancio hace mella en las bases y muchos de ellos han dejado de confiar en ETA, cuando Ibarretxe les presenta un vía alternativa institucional poderosa, limpia, que cubre muchos de los presupuestos autodeterministas manejados desde siempre por la izquierda abertzale y que les permite fundirse, libres de polvo y paja, en el frente nacionalista. ¿Pero qué harán esas decenas de miles de simpatizantes no asimilables por el nacionalismo institucional? ¿Qué salida política les ofrece ETA salvo la clandestinidad y la marginación? ¿Cómo influirá esto en la propia organización terrorista?
Batasuna necesita ampararse en el nacionalismo institucional y a la vez blindarse ante él para contener la hemorragia de votos, necesita seguir existiendo para influir en el proyecto soberanista y asegurarse una función y una plaza en la tribuna de la construcción nacional. De ahí que el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y sus compañeros prodiguen los gestos dirigidos a mostrar que, contra lo que sostienen el PNV-EA, el voto nulo es el voto útil. Los comunicados en los que ETA dice sentir "alegría" ante la perspectiva del referéndum que brinda Ibarretxe responden al mismo propósito de blindar su espacio político. "Que no cunda el pánico, seguimos aquí, no estamos acabados, tampoco somos indiferentes al proceso soberanista que Ibarretxe promueve de manera unilateral, también nosotros podemos llegar a ser posibilistas, llegado el caso", viene a transmitir una organización en horas muy bajas, que se siente acosada e infiltrada.
La ilegalización de Batasuna puede llevar a ETA a desplegar un juego de propuestas, amenazas y envites, destinado a evitar su marginación y, naturalmente, a cobrarse en términos políticos el precio de una eventual tregua. Por debilitada que esté la organización terrorista, la tregua llegará probablemente como recurso extremo, entre otras cosas, porque, ausente Batasuna, son el PNV y PP quienes mejor pueden capitalizarla políticamente. Aunque las víctimas seguirán cayendo como siempre del lado constitucionalista, ETA va a vigilar el comportamiento del soberanismo institucional, tratará de chantajearle para que rompa más decididamente con España. Y puede que la presión pase a mayores, sobre todo si el proyecto de Ibarretxe embarranca ante la realidad plural de la sociedad vasca o la actuación del Estado. Dentro de Batasuna ya hay voces muy irritadas que advierten al PNV-EA de que su condición de vascos, esto es, de no españoles, no les da patente de corso para saquear inconsecuentemente los votos de la izquierda abertzale.
Los encuentros que la plataforma AuB ha mantenido con el PNV-EA para que les reconozcan sus sufragios nulos como válidos a efectos de la atribución de escaños en los ayuntamientos y juntas generales no han sido demasiado satisfactorios. PNV y EA se han comprometido a contar y considerar esas papeletas, pero sin caer en la ilegalidad de homologarlas y atribuirles los correspondientes escaños. A lo que sí parecen dispuestos es a reconocerles cierta representatividad y capacidad de interlocución fuera del ámbito institucional. Es posible que PNV-EA lleguen a representar o gestionar por delegación los planteamientos e intereses de AuB en los ayuntamientos que han estado hasta ahora dirigidos por Batasuna.
Más provechosos han debido ser los encuentros de AuB con los sindicatos ELA y LAB, el segundo tándem soberanista. Desde su poder sindical y su alianza con el sindicato de Batasuna, ELA actúa desde hace años como verdadera punta de lanza del soberanismo. Impulsó como el primero el Pacto de Lizarra-Estella y ahora trata de reproducir el mismo proceso, limando posiciones, tratando de cimentar el frente nacionalista. Su intento de conseguir que ETA acepte un referéndum de autodeterminación limitado, en una primera fase, a la Comunidad Autónoma Vasca y no al conjunto de Euskal Herria, (con Navarra y el País Vasco francés) no parece haber sido atendido de momento por la organización terrorista. Su actitud y sus postulados de resistencia civil vasca contra el Estado español le acreditan como el mejor agente de una Batasuna condenada al ostracismo que contará siempre con el refugio de su sindicato LAB.
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