Admitida a trámite una denuncia para derribar un edificio en El Campello

Una vecina de El Campello (L'Alacantí) exige la demolición de un inmueble en primera línea de costa al considerar que el edificio incurre en una doble supuesta agresión medio ambiental. La demandante alega que la torre anula las vistas panorámicas de las que gozan edificios levantados con anterioridad y obstaculiza el paso de lluvias pluviales por torrenteras naturales. Un juzgado investiga la legalidad de la obra.

El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por una vecina contra el Ayuntamiento de El Campello (L'Alacantí). El consistorio otorgó en 2001 una licencia de obra a la constructora Proinvasa para edificar un inmueble en primera línea de playa del municipio. La denunciante sostiene que la obra de nueva planta supone una agresión paisajística y de impacto medioambiental a la zona. Además, añade, el decreto municipal que da vía libre a la construcción ignora los informes negativos aportados por los técnicos. El concejal de Urbanismo, Juan Lorenzo, del PP, sostiene, por su parte, que la licencia se concedió conforme a la legalidad, a tenor del Plan General, aprobado en 1986.

El decreto de alcaldía, acordado el 13 de diciembre de 2001, aprobó la construcción de un inmueble compuesto por 144 viviendas con garajes en toda la superficie de los bajos en Cala La Merced, en primera línea de la playa. La ubicación del inmueble se antepone a un conglomerado de casas unifamiliares, que les priva de las vistas panorámicas. La demandante alega que las dimensiones "colosales" de dicha obra acarrean la ruptura "absoluta" del paisaje y medio ambiente. Además, según la afectada, el futuro inmueble "impide" el curso natural de una torrentera que desde las montañas circula canalizadamente al mar. "La licencia es regular, dentro de la normativa", asegura Juan Lorenzo. "La licencia está debidamente otorgada; otra cosa es que la construcción del inmueble le perjudique" a la denunciante, prosigue. Con respecto a las correntías, Juan Lorenzo apuntó que durante la aprobación del Plan General, la Confederación Hidrográfica del Júcar no presentó ninguna alegación. En cualquier caso, según el edil, el paso natural del agua está garantizado merced a la construcción de unas conductos que desembocan al mar.

El juzgado ha requerido al consistorio la información pertinente para dilucidar sobre la legalidad o no del inmueble. De prosperar el asunto supondrá la demolición del inmueble con la consiguiente indemnización a la constructora a cargo de las arcas públicas.