Los 'otros catalanes' sólo han tenido el 5,2% del poder autonómico en la era Pujol

Hace una semana Pasqual Maragall se destapó en Mataró con una frase que ha hecho correr ríos de tinta. Dijo que la federación que ha gobernado Cataluña en los últimos 23 años ha practicado un catalanismo que privilegia la "pureza de sangre y de estirpe", lo que causó indignación en el resto de los partidos, aunque las más furibundas fueron de CiU. Los nacionalistas acusaron a Maragall de atentar contra la convivencia y Artur Mas pidió que le pusieran un bozal.

El líder socialista no ha vuelto a utilizar esta frase -sus asesores admiten que quizá fue excesiva-, pero en cada mitin insiste en la misma idea de fondo, aunque implícitamente: el Gobierno nacionalista, sostiene Maragall, ha hecho la Catalunya petita; en cambio, los socialistas van a contar con todos para hacer la Catalunya gran. El telón de fondo es la participación de los otros catalanes -expresión acuñada por el escritor Francesc Candel en los sesenta para referirse a los catalanes procedentes del resto de España- en la construcción del autogobierno.

Hasta ahora, todos los partidos -incluido el PSC- han sido remisos a elegir a catalanes nacidos en el resto de España para ocupar puestos de responsabilidad, aunque la designación de José Montilla, nacido en Iznájar (Córdoba), como primer secretario del PSC, en 2000, supuso una inflexión notable de la tendencia.

Integración

Todos los partidos, incluidos los nacionalistas, han mantenido un discurso en el que la voluntad de ser catalán prevalece sobre los elementos históricos; salvo en 1980, cuando el Partido Socialista de Andalucía (PSA) obtuvo dos diputados reclamando exclusivamente el voto de los ciudadanos procedentes de aquella autonomía. Desde entonces, ningún partido ha apelado sólo a un segmento del electorado en función de su origen. El denominador común ha sido la apuesta por la integración.

No obstante, este discurso no ha tenido su traducción en el acceso a las instituciones de autogobierno, en las que la presencia de los otros catalanes ha sido muy escasa en comparación con su peso en la sociedad. Según datos del Instituto de Estadística (Idescat), éstos suponían en 1991 el 40% de los adultos (el porcentaje es hoy del 30%). En cambio, en ninguna de las instituciones de autogobierno han tenido una presencia superior al 10% si se analizan los 23 años transcurridos desde la aprobación del Estatut y las primeras elecciones al Parlament, un periodo que ha discurrido bajo la hegemonía política de CiU. Únicamente tres de los 58 consejeros de los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol desde 1980 (el 5,2%) nacieron en comunidades españolas de habla no catalana.Los tres consejeros de Pujol nacidos en otras comunidades españolas son Josep Manuel Basáñez, natural de Burgos y nombrado consejero de Economía en 1987; Maria Eugènia Cuenca, de origen aragonés (Gobernación, en 1992), y Xavier Hernández, nacido en Soria (Enseñanza, en 1996).

El porcentaje no es muy distinto al de las otras instituciones de autogobierno. El primer presidente del Consejo Consultivo -que vigila la constitucionalidad de las leyes- fue el ya fallecido Francisco Fernández de Villavicencio, de origen sevillano. Pujol puso este ejemplo como prueba de espíritu integrador, pero en la práctica los otros catalanes han representado el 6,6% de los miembros que ha tenido el Consejo. En la Sindicatura de Cuentas -que fiscaliza las cuentas de las administraciones catalanas- el porcentaje ha sido idéntico.

En el Parlament ocurre algo similar: desde 1980 han pasado por la Cámara 489 diputados, 47 de ellos nacidos en otras comunidades españolas, lo que supone el 9,6% del total. Otros cinco nacieron en el extranjero, lo que eleva a 52 el número de parlamentarios nacidos fuera de Cataluña.

La proporción baja a medida que aumenta el poder. Así, en la Mesa de la Cámara desciende hasta el 5,9% a lo largo de las seis legislaturas. Sólo dos personas de las 34 que han formado parte de la Mesa han nacido fuera de Cataluña: el socialista Luis Andrés García y el comunista Celestino Sánchez, ambos en la tercera legislatura (1988-1992).

Por grupos parlamentarios las diferencias son notorias, aunque los otros catalanes siempre han estado subrepresentados. Dejando de lado el PSA, que sólo tuvo dos diputados en la primera legislatura, ambos de origen andaluz, la mayor notoriedad la han tenido de la mano del comunista PSUC -que fue el partido hegemónico en el antifranquismo y cuyo papel de integración es unánimemente destacado por académicos y políticos- y su sucesor, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV): representan el 20% de los diputados autonómicos de este tronco político desde 1980 (10 de 50). Le siguen el PSC, con el 15,1% (19 de 121), y Alianza Popular/Partido Popular, con el 13,3% (6 de 45).

En los partidos nacionalistas el porcentaje capota: en CiU han supuesto el 3,4%. De 203 diputados, siete nacieron en otras comunidades españolas, y de ellos, tres en el País Vasco.

El caso de Esquerra Republicana (ERC) es más contundente: a pesar de que en los últimos tiempos el castellano ha dejado de ser una extravagancia en los actos de ERC y de que el padre del actual secretario general, Josep Lluís Carod, era de origen aragonés, ninguno de los 40 diputados que ha acumulado en estos 23 años nació en otras comunidades de España.

Tradicionalmente, los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana han sido muy homogéneos, una característica que la actual dirección trata de rectificar: tuvieron que pasar 19 años antes de que hubiera una diputada de Esquerra en el Parlament. Esta anomalía se superó en 1999, cuando Carme Porta ganó el escaño: hoy es la única mujer de un grupo de 12 diputados.