Condenado un médico a cuatro años de cárcel por falsificar recetas

El Tribunal Supremo ha condenado a Tomás G. B. M., un médico que trabajó en el CAP San Fèlix, de Sabadell, a cuatro años y medio de cárcel por haber prescrito, "con ánimo injusto de enriquecimiento", decenas de recetas falsas que luego eran retiradas de farmacias de Barcelona y pagadas por el Servicio Catalán de la Salud. Los jueces también han impuesto al médico una multa de 5.048 euros.

El facultativo deberá indemnizar al Servicio Catalán de la Salud con 17.548 euros por el dinero defraudado. Las recetas fueron prescritas utilizando nombres y números de filiación de ciudadanos ya fallecidos y de otros sanos o inventados. El plan urdido para estafar a la sanidad pública y enriquecerse a su costa funcionó durante 15 meses, entre septiembre de 1995 y noviembre de 1996, mes en el que los inspectores del Departamento de Sanidad hallaron las irregularidades e iniciaron una investigación.

Ésta reveló que el médico accedía a datos personales de los pacientes del CAP San Fèlix utilizando nombres y números de "pensionistas fallecidos, otros cuyos datos eran inexistentes, y otros realmente existentes pero a los que nunca se les habían prescrito los medicamentos" para firmar decenas de recetas falsas, según el fallo de la Sala de lo Penal del Supremo, dictado el 4 de abril.

Todas las recetas tenían dos características comunes: el importe de la medicina era alto (más de 60 euros en todos los casos) y el supuesto paciente siempre era un pensionista. De este modo, el condenado pudo retirar de varias farmacias de Barcelona los medicamentos sin pagar nada por ellos, ya que en estos casos es el Servicio Catalán de la Salud el que asume el 100% del coste de las medicinas prescritas.

Durante los 15 meses en los que funcionó el fraude, Tomás G. B. M. logró retirar sin coste alguno medicinas por valor de 17.548 euros, según el rastro de pagos dejado en las farmacias y que siguieron los investigadores.

La sentencia del Supremo confirma otra acusación anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona del 26 de junio de 2001 que había sido recurrida por el condenado. Las diligencias previas habían sido instruidas por el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona en 1997.

En la primera sentencia, los jueces consideraron probado que el plan diseñado por Tomás G. B. M. tenía la intención de defraudar a la Administración "en beneficio propio y con ánimo de injusto enriquecimiento" y en perjucio de la sanidad pública.

Por todo ello, los jueces consideran al médico culpable de "un delito continuado de falsedad en documento oficial" y un "delito continuado de estafa cualificada", por lo que le condenan a una pena de cuatro años y medio de prisión.

El Tribunal Supremo rechaza los argumentos esgrimidos por el condenado en su recurso contra el fallo de la Audiencia de Barcelona, en el que alegaba que no había sido respetada su presunción de inocencia y que se habían cometido algunos errores en el proceso condenatorio.

Los jueces del Supremo también confirman las penas económicas que la Audiencia había impuesto a Tomás G. B. M.