El olvido de los barrios sin ley

Hay barrios en los que los coches de bomberos y los autobuses no circulan sin escolta policial. Y donde los carteros han dejado de repartir la correspondencia por miedo a un atraco. Son barrios convertidos en hipermercados de la droga de los que casi nadie se acuerda en campaña electoral. Son barrios sin ley en los que la inseguridad ciudadana ha echado raíces. Lo que sigue es una muestra del problema.

Desempleo, consumo de droga, delincuencia e inmigración afectan a las zonas marginales

El barrio de Russafa, símbolo de la interculturalidad en la ciudad, se ha convertido en uno de los espacios urbanos más conflictivos. La comisaría de esa zona, en pleno centro de la capital, contabilizó durante el pasado año 8.764 denuncias. El barrio de Russafa forma parte del Eixample de la ciudad de Valencia, tiene 24.600 vecinos, se dibuja por edificios de inspiración neoclásica junto a otros funcionales de bajo coste propios de los años 60 y 70. Hasta hace poco existía una convivencia pacífica entre vecinos de muy distintas culturas (China, Marruecos, Argelia, Ecuador, Perú, Colombia...). Las antiguas lecherías pasaron a ser tiendas de Todo a cien, las tascas de siempre son ahora restaurantes especializados en gastronomía de otros países... Mientras se explotaba el lado amable, iba creciendo en silencio la marginación a la que llegan los inmigrantes irregulares.

Los vecinos han iniciado el éxodo; los pisos se alquilan a precios muy bajos. Hay quienes están haciendo pequeñas fortunas para salvarse de su propia miseria traficando con realquileres que alojan en una misma vivienda de 60 metros cuadrados a 15 personas. Robos, tirones, tráfico de estupefacientes, prostitución ilegal y reyertas describen en buena medida la vida nocturna de los puntos más duros del barrio, a escasos metros de donde debe ubicarse, según proyectó hace ya casi diez años el gobierno del ayuntamiento de Valencia, el llamado Parque Central, obra presentada de nuevo en la reciente precampaña por la que apuesta el PP.

Para el PSPV-PSOE la situación que vive Russafa es la consecuencia de una falta de proyecto de actuación integral que pasa por poner en marcha programas específicos para la inmigración y la vivienda, así como para el empleo. El PSPV-PSOE añade a ello la necesidad de una mayor presencia policial.

Cuando los monitores del Colegio Público Andalucía de Sevilla, en el barrio de Las Tres Mil Viviendas, piden a sus alumnos que piensen en una historia de su vida cotidiana, escriban el guión e interpreten la escena, los niños se decantan por una redada policial o una pelea entre familias. "Es impactante, pero lo viven con naturalidad", dice un portavoz de Unión Romaní, la organización que coordina el Taller de Arte Gitano al que acuden más de 70 alumnos de este colegio, el 85% de los cuales son de etnia gitana.

Las Tres Mil Viviendas es desde siempre uno de los barrios más conflictivos de España. Por extensión, su fama incluye a todo el Polígono Sur, donde residen 40.000 personas que conviven con los problemas derivados de las altas tasas de desempleo, absentismo escolar y tráfico y consumo de drogas. Una ciudad olvidada para el resto de la capital, que sólo sabe de ella por las noticias de sucesos que genera. "Nosotros nos tenemos que integrar en Sevilla, pero Sevilla también se tiene que integrar aquí", pide Rosario García, portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, constituida por más de 20 entidades que exigen que el Gobierno, el Estado y la Junta redacten un plan integral para la zona.

Una parte del Polígono Sur, conocida como las 624 viviendas, ha degenerado en una especie de ciudad sin ley. Correos instaló el pasado año una oficina a la entrada del barrio y dejó de repartir domicilio por domicilio por las continuas agresiones sufridas por sus funcionarios. Las ambulancias y los bomberos evitan entrar sin escolta policial, igual que los autobuses urbanos. La línea número 30 modificó su recorrido la pasada semana por segunda vez en un año para suprimir la parada marcada en pleno corazón del barrio. "Las agresiones a los conductores son constantes. Les han quitado el reloj por la ventanilla, les intentan robar el dinero, nadie quiere pagar el billete, se meten por la puerta de atrás, fuman heroína...", asegura Antonio Real, portavoz de UGT en la empresa municipal de transportes. "Hemos probado de todo: hemos ido seguidos de motos o coches de policías, luego metieron a vigilantes dentro del autobús, pero no se puede mantener", explica Real para justificar el nuevo cambio de recorrido, que deja sin servicio a todo el barrio.

Las tres administraciones acordaron el pasado año la creación de una autoridad única para que coordine las actuaciones del Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento en esta zona. La designación de la persona que ejercerá este papel se ha pospuesto hasta después de las elecciones, pero todos los grupos políticos recogen esta iniciativa en su programa electoral. Además, coinciden también en comprometerse a impulsar el plan integral que demandan los ciudadanos.

El candidato andalucista, José Núñez, asegura que si llega a alcalde y dentro de cuatro años no se ven cambios importantes en el Polígono Sur, toda su gestión al frente del Ayuntamiento habrá fracasado. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, también se dio el pasado lunes cuatro años de plazo para "resolver estructuralmente" el problema de la zona más desfavorecida de Sevilla. En la última década, entre las tres administraciones han invertido en el barrio más de 36 millones de euros, más de 3,25 millones anuales. Pero ahora todos reconocen que la situación de Las Tres Mil Viviendas no se arregla a golpe de talonario.

Hay tres bloques idénticos donde hace años desapareció el ascensor y su hueco se usa como basurero, las escaleras de acceso a la primera planta están arrancadas de cuajo y carecen de servicio de agua y luz. "No son lugares de residencia, sino plataformas de delincuencia", asegura el alcalde y candidato socialista a la reelección, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Todo se multiplica por cuatro, por cinco o por seis en San Francisco, corazón del barrio chino de Bilbao y casi la única zona del País Vasco donde la inseguridad, el desempleo, la venta de drogas al pormenor, una variada colonia de inmigrantes y grupos étnicos o la tasa de delitos conviven con un ambicioso plan quinquenal de revitalización y con un índice asociativo -30 grupos distintos- sin parangón en la comunidad autónoma. 14.375 almas residen en este barrio donde se trapichea con la droga, se ejerce la prostitución y los toxicómanos se pinchan en la calle.

"El volumen de delitos es elevadísimo y difílmente soportable". Esta es una de las conclusiones de un estudio publicado por el Departamento de Interior vasco en 2001 sobre la incidencia de la delincuencia en San Francisco-Bilbao La Vieja. La tasa de delitos por cada mil habitantes, 226,3, cuadruplica la media del municipio (54,1).

Siete de cada 10 infracciones penales están relacionadas con el tráfico de drogas. El índice de paro alcanza el 20,1%, frente al 9,5% de la media. El 70% de los vecinos tiene a lo sumo estudios primarios. El plan integral del Gobierno vasco, Diputación de Vizcaya y consistorio bilbaíno para esta zona urbana más degrada ha comprometido 170,6 millones de euros, de los que el 30% está destinado a iniciativas sociales y el resto a iniciativas urbanísticas.

Pero la coordinadora de grupos para la rehabilitación de la zona habla más de "refrito de medidas" que de un plan integral real.

Reportaje elaborado con informaciones de Lydia Garrido, Tereixa Constenla y Aitor Guenaga.