Empate a 20 en las diputaciones provinciales

Las 51 diputaciones provinciales son las instituciones olvidadas en los procesos electorales locales, pese a que controlan 14.427 millones de euros (2,4 billones de pesetas), según los presupuestos de 2001. PP y PSOE gobiernan cada uno en so diputaciones. El próximo 25 de mayo, todos pronostican que se romperá el empate.

La distribución geográfica del poder provincial de socialistas y populares es relativamente homogéneo (véase gráfico). Los populares ganaron en 1999 las Diputaciones de Alicante, Almería, Ávila, Burgos, Castellón, A Coruña, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Álava y el Cabildo de Gran Canaria.

El debate sobre las diputaciones está abierto, pero nadie quiere su desaparición

Los socialistas conquistaron las de Albacete, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Málaga, Sevilla, Zaragoza, los Cabildos insulares de La Gomera y Lanzarote, y los Consejos insulares de Ibiza-Formentera y Menorca.

Las 11 diputaciones restantes se repartieron así: Girona, Lleida y Tarragona para CiU; los Cabildos insulares de Fuerteventura, La Palma y Tenerife para Coalición Canaria; las Diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya para el PNV; la de Teruel para el Par (Partido Aragonés): el Consejo Insular de Mallorca para Unión Mallorquina (UM) y el Cabildo Insular de El Hierro para la Agrupación Herreña Independiente.

Los socialistas confían en que la ola electoral favorable que pronostican para el 25 de mayo les permita recuperar Alicante, A Coruña, Valencia y Álava. Y no descartan hacerlo también en León, Palencia y Valladolid si la ola se transforma en marea. Este avance daría la hegemonía a los socialistas sobre el territorio español, un fenómeno que los populares esperan frenar.

A fin de cuentas la composición de las diputaciones provinciales está estrechamente vinculada al resultado en los ayuntamientos de cada provincia. Las diputaciones se eligen de modo indirecto y es proporcional al número de habitantes a partir del resultado obtenido en los municipios.

Las circunscripciones son los partidos judiciales o comarcas, que agrupan varios municipios, en que se dividen las provincias. En definitiva, los resultados en los municipios inciden decisivamente en los de las diputaciones y el vuelco favorable de las diputaciones a un partido es consecuencia de un resultado excelente en los ayuntamientos.

El debate sobre el papel de las diputaciones provinciales, tras la consolidación de las comunidades autónomas, está abierto en España, pero ninguno de los principales partidos, PP y PSOE, ni siquiera los nacionalistas, se plantea su desaparición.

Los 14.427 millones de euros (2,4 billones de pesetas) que controlan le otorgan un poder sobre los municipios que en el caso del País Vasco se extiende al propio Gobierno autónomo.

Las diputaciones forales vascas recaudan directamente y controlan 8.729 millones de euros (1,4 millones de pesetas) de esos 14.427 millones. Con un tercio de esa cifra financian al Ejecutivo vasco y, por tanto, le condicionan.

Las diputaciones de régimen común se financian por una doble vía: a través de tributos propios, pero sin capacidad normativa, y por la participación en los ingresos del Estado mediante acuerdos entre el Gobierno central y la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El futuro

Populares y socialistas tienen abierto un debate sobre el futuro de las diputaciones. El PP defiende el actual modelo para estos organismos, que se ocupan de planes de obras y servicios. Para el PP, el modelo se aplica bien en Castilla y León y Galicia.

El PSOE, sin embargo, apuesta por el modelo ensayado por la Diputación de Barcelona, que entiende la diputación como un órgano intermedio entre la comunidad autónoma y los ayuntamienyos cuyo objetivo es el respaldo a las pequeños municipios. Las diputaciones no deben tener competencias en los grandes proyectos de obras y servicios que, a juicio de los socialistas, deben cederse a las comunidades autónomas. "No tiene sentido que un hospital psiquiátrico o las grandes obras sean competencia de una diputación provincial. Lo deben ser de una comunidad autónoma. El papel de las diputaciones debe consistir en garantizar que todos los ayuntamientos de la provincia puedan prestar en igualdad de condiciones la totalidad de los servicios que les puedan exigir", señala el responsable del área municipal socialista, Álvaro Cuesta.

Cuesta estima que al limitar el papel de las diputaciones al de "corregidor de desequilibrios en el territorio de la provincia", también se "acaba con el papel clientelar y caciquil" que han jugado algunas de ellas, "especialmente en Galicia sobre algunos municipios de la comunidad". O el de contrapoderes contra las comunidades autónomas, como también sucede en algunas ocasiones, extremo éste en que coinciden populares y socialistas.