Anticorrupción pide el archivo del caso de fraude en fondos de formación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo provisional del proceso en el que se investigaba un supuesto uso irregular de fondos públicos dirigidos a cursos de formación de los dirigentes de CEV y Cepymev entre 1993 y 1995. En la causa se imputó al presidente y secretario general de la CEV, José María Jiménez de la Iglesia y Luis Espinosa y a sus homólogos en Cepymev, Cesáreo Fernández y Jesús López, por supuesto fraude en el manejo de los fondos. La fiscalía cree que su actuación no constituye delito.

La petición de la fiscalía fue recibida con agrado en la cúpula directiva de la patronal de Valencia, CEV. Su secretario general, Pedro Coca, mostró su "enorme satisfacción" por lo que parece ser la recta final de un proceso en el que han "peleado" durante seis años y que ha supuesto una "preocupación permanente" para la organización empresarial. El secretario general de la CEV recordó que en su opinión, el tema de los fondos de formación se produjo como consecuencia de una "mala administración", de una gestión incorrecta pero "no de un delito ni de una intencionalidad". Pedro Coca, finalmente, mostró su contento porque, consideró, se ha "demostrado" la "honorabilidad" de los imputados y lamentó que dos de ellos (Luis Espinosa y Jesús López, ambos ya fallecidos) no pudieran ver el final positivo de este largo proceso.

El procedimiento judicial penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se inició en 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias penales para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas en el manejo de fondos, procedentes tanto de la Administración Central como de la Generalitat Valenciana, dirigidos a la realización de cursos de formación para trabajadores valencianos, en el que pudieran haber incurrido los dirigentes de Confederación de Empresarios de Valencia (CEV) y de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev). La decisión de abrir diligencias penales para depurar posibles responsabilidades fue tomada por el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción en aquel momento, Carlos Jiménez Villarejo, tras conocerse en informe del Tribunal de Cuentas en el que se denunciaba que se duplicaron facturas para intentar justificar gastos y el cobro de cursos inexistentes.

Dado que no hay ni acusación particular ni popular en este proceso, el fiscal es la única parte acusadora y por tanto, ahora únicamente falta que se pronuncie el juez.

Las diligencias abiertas en el tema de los fondos de formación entre 1993 y 1995 se dividieron en tres investigaciones paralelas. El citado procedimiento judicial penal que se desarrolla en la Fiscalía Anticorrupción, el proceso ante el Tribunal de Cuentas y el proceso ante el contencioso administrativo. Cabe recordar, en este punto, que a principios de este año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana hizo públicas dos sentencias que en la práctica obligaban a la CEV a devolver 1,14 millones de euros a la Generalitat correspondientes a subvenciones para cursos de formación entregados entre 1993 y 1995 y que no se justificaron de forma adecuada. La decisión del TSJ está recurrida ante el Tribunal Supremo.

Un segundo fallo, asimismo, reclamaba 345.325 euros a Cepymev, correspondientes a las subvenciones recibidas para la formación continua de trabajadores en 1993 y que, al igual que en el caso de la CEV, no se consideraron convenientemente justificados. Poco después de conocerse las sentencias, con todo, desde la Consejería de Economía se mostraron dispuestos a revisar los justificantes aportados por las patronales, que dan cuenta de parte de los fondos reclamados, y que de ser "válidos" serían admitidos.