Promesa electoral
Leo en EL PAÍS del 8 de mayo (página 21) una entrevista con el candidato del PP a la alcaldía de Córdoba, en la que afirma: "Ofrezco 50.000 empleos y un aeropuerto". Cuando el periodista le pregunta por la financiación de su oferta, el candidato responde literalmente que "el aeropuerto lo paga el Gobierno. Tengo el compromiso de Álvarez-Cascos". Unas líneas más abajo abunda en la cuestión: "Yo casé a Cascos cuando era alcalde. Esas relaciones son buenas para la ciudad".
Tuve que leerlo tres veces para asegurarme de que lo había entendido bien. Es decir: un ciudadano -mayor de edad y aparentemente en pleno uso de sus facultades mentales- reconoce públicamente que tiene un acuerdo con el actual ministro de Fomento por el cual se construirá un aeropuerto en Córdoba con dinero de los contribuyentes si dicho ciudadano resulta elegido alcalde, lo que supone que el acuerdo no resultará aplicable -y por tanto el aeropuerto no se construirá- si los votantes eligen a un alcalde de otro partido.
De ser ciertas estas declaraciones, resultaría que el Gobierno no sólo favorece en sus decisiones de inversión en infraestructuras a las localidades con alcaldes de su partido, sino que indirectamente destina fondos públicos en beneficio de la campaña electoral de un candidato concreto.
De mis tiempos de estudiante de Derecho recuerdo que el Código Penal tipificaba como delito los casos en que un particular influye en un funcionario público prevaliéndose de su relación personal con éste para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio. No obstante estoy tranquilo, pues vivo en un Estado de derecho y estoy absolutamente convencido de que el fiscal general del Estado habrá tomado ya cartas en el asunto de forma fulminante.
