El poder de la discordia

La reforma que la pasada semana aprobó el Parlament sobre el sistema de elección de los consejos comarcales amenaza con dinamitar uno de los puntales de la implantación territorial de Convergència i Unió, firmemente anclado desde 1987. De ahí la beligerancia con la que los dirigentes de CiU han reaccionado al pacto entre la izquierda y el PP para aplicar una nueva fórmula, a partir de las municipales del 25 de mayo, que acabe con la actual distorsión representativa y prime el voto de los ciudadano sobre el número de concejales de cada formación política.

La Ley de Organización Territorial de 1987, impuesta sin consenso por la mayoría absoluta de CiU, supuso una revolución en la Administración catalana (implantación de los consejos comarcales, supresión de la Corporación Metropolitana, creación de nuevas comarcas) pero esquivó los puntos más conflictivos y sensibles, como por ejemplo la históricamente cuestionada división provincial de Cataluña o la posible agrupación de pequeños municipios.

En 1999, Josep Antoni Duran Lleida se convirtió en el primer consejero de Gobernación dispuesto a abordar con detenimiento una reestructuración territorial de Cataluña. Tenía toda una legislatura por delante. Como primer paso, encargó una propuesta a un grupo de expertos dirigidos por el ex dirigente de Convergència, Miquel Roca. La difícil empresa, a la que Duran volcó todo su empeño, fue torpeada de inmediato no por la oposición, sino sorprendentemente por parte del propio grupo de CiU, receloso de cualquier cambio que implicara una merma de su poder comarcal. El 80% de los pequeños municipios está en manos de la federación nacionalista, que además preside 32 de los 40 consejos.

El conocido como informe Roca proponía reducir el número de poblaciones -mediante un proceso de integración voluntaria- de 946 a 758, la creación de seis nuevas comarcas y la sustitución de las actuales provincias por seis veguerías: Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Terres de l'Ebre y Ponent (Lleida).

Duran no esperaba una reacción en contra tan virulenta. Las dos asociaciones municipalistas expresaron su negativa al informe Roca. Pero la mayores andanadas llegaron desde las propias filas de CiU, en especial, de Artur Mas y el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias.

Duran se marchó con cajas destempladas de Gobernación tras el nombramiento de Artur Mas como conseller en cap. Su sustituta, Núria de Gispert -democristiana como Duran-, enterró el informe Roca en el Parlament tan sólo cuatro meses después de su presentación. Fue el inicio de los titubeos y escaramuzas legales de CiU para frenar la reforma de las leyes en el marco de la ponencia constituida en la Cámara catalana.

Entonces CiU todavía trampeaba las embestidas de la izquierda gracias a los impagables votos del Partido Popular. Hasta que Josep Piqué, presidente del PP catalán, cayó en la cuenta de que su partido también podía hacerse con una porción del pastel de los apetitosos consejos comarcales. CiU le facilitó el camino al anunciar la ruptura de sus relaciones con el PP. El grupo popular presentó una enmienda al proyecto de ley surgido de la ponencia, que proponía la modificación del sistema electoral de los consejos y abogaba por aplicar directamente la Ley de Hondt. Socialistas e Iniciativa per Catalunya la secundaron con ciertas variaciones. ERC, en cambio, planteaba invertir la fórmula vigente para que dos tercios de los consejeros fueran escogidos según los votos de cada formación política y el tercio restante según el número de concejales.

Los nacionalistas intentaron con mil y una triquiñuelas torpedear el acuerdo de la oposición, que con cierta sorna califican de cuatro contra uno. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos e incluso recibieron algún que otro revés, como la resolución del Consejo Consultivo, que avaló cualquier reforma aun después de convocadas las elecciones municipales.

Hasta el mismo día del pleno del Parlament -el pasado día 29-, CiU no se avino a negociar una fórmula. El cuatro contra uno se consumó para desespero de los nacionalistas que, de inmediato, encargaron a la Asociación Catalana de Municipios -de signo convergente- inundar los juzgados con recursos contencioso administrativos contra esta reforma.

Frente a las acusaciones lanzadas por CiU de que el nuevo sistema de elección quiebra el actual modelo de equilibrio territorial y liquida la representación de los pequeños municipios, la izquierda y el PP sostienen que, de una vez por todas, los consejos comarcales dejarán de ser unos organismos clientelares al servicio de la federación nacionalista. Y que, por fin, todos los ayuntamientos estarán representados en el Consejo de Alcaldes.