La educación, los sabios y la prisión

Numerosas son las reformas legislativas en el ámbito penal que, anunciadas por el Gobierno, están a la espera de su aprobación por las Cortes Generales. Se refieren tanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal como al Código Penal aprobado en 1995 por los grupos parlamentarios socialista, de Izquierda Unida y nacionalistas vasco y catalán, sobrepasando ya el número de doscientos los artículos afectados durante los últimos seis años, lo que no es nada desdeñable.

Siendo lo aconsejable un mayor sosiego a la hora de reformar materias tan importantes, algunas de las cuales supusieron una conquista al ser desarrolladas de acuerdo con los valores consagrados en la Constitución, centremos nuestra atención en una de ellas, la que se refiere a la prisión provisional, ante la imposibilidad de abordarlas todas y sólo en parte y no en su totalidad por idéntica razón. En concreto, la que afecta a la pequeña delincuencia.

El anuncio de la reforma se hizo como respuesta al comprobar el aumento de la criminalidad durante los últimos años en nuestro país, bajo el lema: "Hay que barrer las calles de pequeños delincuentes". La reforma, por tanto, dícese así, contribuirá a garantizar la seguridad ciudadana. Nada ha de objetarse al hecho de que una sociedad persiga como noble objetivo librarse de delincuentes, mas no únicamente, así hemos de entenderlo al menos, de los pequeños, sino también de los grandes, que son mucho más peligrosos; aquellos que llegan a almorzar a un restaurante de lujo tras haber estafado a millares de personas que invierten sus ahorros al confiar en las entidades por ellos presididas o quienes se dedican al narcotráfico o al blanqueo de dinero defraudando al fisco. Que los primeros son más incómodos es casi seguro, pero que los segundos son más peligrosos socialmente es indudable.

La cuestión está en saber si el endurecimiento de los requisitos para poder acordar la prisión provisional contribuirá o no a garantizar la seguridad ciudadana, por ejemplo en el caso de quien, cometiendo un delito no de gran gravedad, tenga antecedentes penales no cancelados o que pudieran serlo por un delito por el que el reproche social no ha sido muy grande. Si se tiene en cuenta además que la prisión provisional podrá decretarse para evitar el riesgo posible de fuga, valorándose la situación familiar, laboral y económica, así como la inminente celebración en su caso del juicio rápido, parece ello excesivo.

Resulta lógico pensar que para reforzar la seguridad ciudadana ha de saberse en primer lugar si se dispone del número de agentes suficientes para conseguir la tranquilidad de los ciudadanos. Y debe responderse a la denuncia formulada desde algunos sectores de si es o no verdad que en la actualidad hay varios miles de policías menos que hace unos años. Y si, pensando en los próximos, se desea aumentar la plantilla en número de dieciséis mil, loable objetivo aunque nada fácil de cumplir, pues no salen policías debajo de las piedras, es o no cierto que se jubilarán unos catorce mil. Conviene aclarar tales extremos a la hora de formarse la idea de uno de los puntos clave en la persecución de la delincuencia.

Al final de la década de los setenta del pasado siglo se afirmaba con frecuencia: "Entran por una puerta y salen por otra". Vuelve a oírse ahora la misma cantinela. Pero así como en aquellos años el sector progresista de la judicatura y ministerio fiscal respondía ante tal acusación que ello era cierto, ya que muchos detenidos salían no por otra puerta, sino por la misma, y que nunca por ella debían haber entrado, hoy en día la situación ha cambiado, los policías funcionan mejor, y los jueces, también, desde el momento que el número de la población penitenciaria sobrepasa ya los cincuenta mil, cifra preocupante y que nos lleva a la siguiente reflexión.

La primera consecuencia que se derivará del proyecto, si en ley se convierte, será que aumentará el número de detenidos y las prisiones españolas se verán saturadas y no parece que su situación actual sea óptima para recibir a tanto huésped. Después de la Constitución se hizo un gran esfuerzo para mejorar la red penitenciaria, esfuerzo que ha continuado hasta nuestros días, aunque en grado menor en los últimos tiempos.

Pues bien. Ante el aumento de la población penitenciaria, se anuncia por el Gobierno la construcción de cuatro nuevas prisiones, dado que el número de internos sobrepasa la exigencia legal de uno por celda. La masificación es siempre un nido de conflictos. Pero ante el aumento que se vaticina será necesaria la construcción de nuevos establecimientos si hemos de velar por la dignidad de quienes en ellos residan. Y eso supone en euros el equivalente a varios miles de millones en su construcción, manutención, aumento en varios millares de funcionarios, gasto fortísimo de luz y calefacción, mantenimiento en general, etc. Una auténtica fortuna. Y mientras ese momento llega existirá una masificación nada deseable por la razón apuntada.

Llegado es el momento de enfocar la cuestión desde otro punto de vista. No teniendo la culpa del aumento de la delincuencia ni policías ni jueces -si así fuera habría que decir apaga y vámonos-, ni tampoco la vigente ley, y no dudando de la buena intención de quien tiene la iniciativa legislativa, hora es de plantearse en serio cuál es la auténtica razón de ese aumento

No ha de jugarse a la demagogia y afirmar que quien delinque, me refiero sólo al pequeño delincuente -el grande cosa diferente es- es porque no puede hacer otra cosa, pero para evitar que muchos de nuestros jóvenes delincan es necesario hacer cierto tipo de inversiones, no las que antes se exponían, para evitar que se conviertan en habituales, y en ocasiones peligrosos, como alternativa a la prisión provisional primero y después a la definitiva.

Cierto es que los trabajos en beneficio de la comunidad y los arrestos de fin de semana para los ya condenados no están desarrollándose satisfactoriamente, pero no se nos explica qué cantidades se invierten para que la satisfacción sea aceptable. Ha de concluirse que muy escasas. Ésa es una alternativa y la otra es la educación, educación, educación, para evitar el camino hacia la delincuencia.

Hoy en día el analfabetismo es escaso en España en comparación con un pasado todavía no muy lejano. La enseñanza básica es obligatoria. Pero ello no es suficiente. Hay que completar, mejorar y perfeccionar la educación de nuestros jóvenes. Conquistar la auténtica educación. Enseñar a quien lo necesita un oficio, facilitarles puestos de trabajo sobre todo en entidades públicas, fomentar las becas en número considerable y la enseñanza pública para que todos tengan las mismas oportunidades y no haya discriminación alguna entre la juventud. Interesante sería conocer el dato que revele cuántos delincuentes hay con estudios superiores y cuántos carecen de ellos, cuántos pertenecen a familias acomodadas y cuántos al mundo de la marginación, que existe guste o no.

Decía sobre este particular un ministro de gran sabiduría como Confucio, nada menos que quinientos años antes de Cristo y mucho antes que los grandes partidos de izquierda: "Donde hay educación no hay distinción de clases". Antiguo es el problema, siendo todo cuestión de sensibilidad.

Y es que la educación, ha de reiterarse, es la base para disminuir la delincuencia y su aumento en forma preocupante. Quien descubriera la octava musical, nos legó además seiscientos años antes de la era cristiana su famoso teorema según el cual "la suma de los cuadrados de los catetos en el triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa", pero siendo Pitágoras hombre de gran sensibilidad, afirmaba también dirigiéndose a los gobernantes: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres", lo que no deja de ser toda una filosofía.

Ya en una época más cercana a la nuestra, consciente quien tan bien describiera a los miserables de la importancia de la educación, afirmaba: "Abrid escuelas para cerrar prisiones". Así pensaba Víctor Hugo.

Necesario es, por tanto, exigir para todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades e invertir, y mucho, en educación, la auténtica educación. Así lo entendía y mucho mejor el más grande científico de nuestros tiempos, Albert Einstein, cuando decía que "sólo extendiendo la educación a todo nuestro pueblo podremos aproximarnos a los ideales de la democracia".

Si bien es cierto que la cultura ha sido uno de los grandes problemas de España, tal decía Ramón y Cajal, no lo es menos que el paso previo a ella es la educación. Sólo a través de la educación se llega a la cultura. Sólo la educación nos hace auténticamente libres.

Hágase un esfuerzo para que nunca en España, a diferencia de otros países, exista cada vez más una mejora para los dos tercios de la población en deterioro del otro tercio. Ése es el inicio del camino al que ha de seguir la educación en la forma expuesta.

Concluyo con la esperanza de que algunas de las ideas aquí vertidas sean tenidas en cuenta por nuestros gobernantes y legisladores, sin distinción de color político alguno. Y que lo hagan siempre en la línea del progreso iniciado a partir de 1978 sin volver la vista atrás; pero, de hacerlo, háganlo teniendo siempre en cuenta la senda que nunca se ha de volver a pisar, conforme a la concepción machadiana.

Juan José Martínez Zato es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado.