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Gas Natural topa con el PP en su asalto a Iberdrola

La CNE veta la OPA y agrava el enfrentamiento político y empresarial en torno a la fusión

La OPA de Gas Natural sobre Iberdrola termina como empezó: en medio del escándalo. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), dividida pero dominada por vocales afines al PP, ha puesto finalmente la proa al proyecto. La justificación de su veto ha suscitado dudas sobre su independencia como organismo regulador y airadas reacciones de las instituciones y los partidos políticos catalanes.

Es el colofón en la serie de despropósitos que ha acompañado a esta OPA, al margen de la bondad o no de la integración de Gas Natural e Iberdrola
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La batalla por el control de Iberdrola, cuyo éxito nunca estuvo claro, está a punto de concluir y de forma tan abrupta y disparatada como se inició hace 50 días. Gas Natural provocó un cisma entre sus dos socios, La Caixa y Repsol-YPF, al plantear su OPA sobre la eléctrica. Y el Gobierno y el PP han hecho otro tanto, acrecentando la división en el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), para tumbar con un veto la operación.

Lo paradójico es que en el primer caso, Repsol se opuso a la OPA "por la forma y el momento elegidos", y no por el fondo -la integración de Iberdrola y Gas Natural- ya que en su día propició esta unión. Y en el segundo caso, el Gobierno, ante una fusión que indudablemente incide en actividades energéticas reguladas y que plantea problemas de competencia, podía haber bloqueado el proyecto, con objeciones razonables y razonadas, a traves del Servicio de Defensa de la Competencia y del Tribunal de la Competencia, o mediante la exigencia por parte de la CNE de un cumplimiento de determinadas condiciones que propiciaran la renuncia de Gas Natural al control de Iberdrola o una modificación de su planteamiento.

Atropellada trayectoria

No ha sido así, y el miercóles los vocales designados por el PP en la CNE impusieron su mayoría en el consejo de administración y vetaron la OPA alegando que la operación pondría en peligro las inversiones previstas para infraestructuras y redes en el plan energético nacional. Así se lo comunicaron, sin más explicaciones, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A la gasística sólo le queda, en este punto, la alternativa de apelar al Gobierno, primero, y a los tribunales después, en contra del veto, pero no es probable que lo haga por las escasas probabilidades de éxito de su reclamación. Más fácil es que tire la toalla y retire su OPA en la CNMV.

Es el colofón a una serie de despropósitos, más allá de la racionalidad o conveniencia de la integración de Gas Natural e Iberdrola en una operación que podía haber creado la quinta mayor empresa de servicios públicos del mundo.

Pocas veces una OPA, como la presentada el 10 de marzo, ha suscitado tanto rechazo, en tantos frentes y en tan poco tiempo. La iniciativa, defendida a capa y espada por La Caixa y arropada en un segundo plano por la Generalitat de Catalunya, la tomó Gas Natural con el respaldo de medio consejo de administración y el rechazo explícito del otro medio. Y con su consejero delegado, José Luis López de Silanes, nombrado a propuesta de Repsol-YPF, en el papel de trásfuga.

La oferta, calificada como hostil por Iberdrola, provocó además la airada reacción de dos principales entidades financieras, BBVA y BBK, socios de la eléctrica, puso en pie de guerra a la patronal de este sector, Unesa, suscitó serias reticencias en las organizaciones de consumidores y fué mal recibida por los mercados bursátiles que en unas horas se comieron buena parte de la hipotética prima que les ofrecía Gas Natural.

La OPA, a la vista de lo ocurrido en los mercados, tenía muchas cartas para haber naufragado en su terreno natural, entre los inversores, en vez de hacerlo en los despachos como al final ha sucedido. Ofrecía 17,01 euros por acción de la eléctrica, con una prima del 20%, y el pago se iba a realizar en un 60% con acciones de Gas Natural y el resto en efectivo. Un precio y unas condiciones, inalteradas en todo este proceso, que no satisfacían a los grandes accionistas de Iberdrola, fondos de inversión anglosajones, y así lo manifestaron.

Los motivos de la forma y el momento elegidos por Gas Natural para lanzar su OPA, en visperas de la guerra de Irak y a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas, tampoco han sido suficientemente aclarados. Los argumentos de Antoni Brufau, presidente de la compañía gasística, de que la concentración "tiene mucha lógica industrial" y va a alumbrar el tercer grupo energético europeo, están muy bien, según los analistas, pero serían igual o más válidos si fuese la empresa grande, Iberdrola, la que comprase la pequeña, Gas Natural; o si se hubiesen pactado las condiciones de la fusión.

Las repercusiones sobre la competencia y sobre los mercados regulados de la fusión de la hegemónica compañía del gas y de la segunda eléctrica también planteaban serias dudas, pese a que en este terreno Gas Natural ha ido incrementando en las últimas semanas sus compromisos de inversión, de venta de activos y de avales financieros (no hay que olvidar que la nueva compañía tendría una relación deuda-capital del 67%, frente al 56% actual de Iberdrola y el 28% de Gas Natural).

Seguridades y mejoras en el plan industrial de la concentración propuesta que han venido siendo contestadas puntualmente por Iberdrola. La eléctrica ha recurrido incluso al fantasma de la reducción de empleo, que a su juicio era la única forma de cuadrar las cuentas en los planes de integración presentados por Gas Natural, para conseguir el rechazo expreso de sus cuadros y de los grandes sindicatos a la operación. También ha movido los hilos de la patronal, Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola y Unesa, con igual fin. E incluso ha insinuado posibles acciones judiciales contra Gas Natural por los perjuicios que le ha provocado la OPA. No hay que olvidar, que Iberdrola, que partía como favorita por sus raíces y por la ubicación der su sede social, en la privatización del ente vasco de energía Naturcotp, se ha visto desplazada en la adjudicación por Hidrocantábrico en medio de todo este proceso.

Excusatio non petita, acusatio manifiesta

El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, 24 horas después del fallo de la CNE, declaró que el Gobierno "no tiene ninguna valoración que hacer" sobre el veto. Respeto a las decisiones empresariales y a los fallos de los organos reguladores y arbitrales han repetido por activa y por pasiva en los últimos 50 días, en relación con la OPA sobre Iberdrola, tanto los miembros del Gobierno Aznar como los del Ejecutivo del president Pujol.

Las evidencias ponen en solfa, sin embargo, tal pronunciamiento. Desde el primer día unos y otros han arrimado el ascua a la sardina de Gas Natural o a la de Iberdrola. Lo han hecho movilizando a los vocales propuestos por ellos en las instituciones y organos reguladores y a través de las empresas y patronales de sus órbitas de influencia. No es ningún secreto las buenas relaciones de empresas como BBVA o Repsol-YPF, entre otras, con el entorno de Rato, ni la influencia de la Generalitat sobre Caixa de Catalunya, que ha adquirido un 3% del capital de Gas Natural.

Todo ha valido en esta guerra, incluido el riesgo de poner en tela de juicio la independencia de instituciones arbitrales y el recurso a añejos agravios territoriales e históricos. Y todos, gobiernos y empresas, han jugado a ello. No en vano Gas Natural se apresuró a explicar su OPA sobre Iberdrola a las autoridades vascas y ha ofrecido la segregación de las actividades en tres grupos con sedes sociales en Madrid, Bilbao y Barcelona. O la interesada filtración de un proyecto del Gobierno para limitar al 3% los derechos políticos de las participaciones empresariales de las cajas de ahorro, desmentido en los últimos días.

Daños colaterales y frentes y heridas abiertas en esta batalla esteril de 50 días que no ha logrado la fusión pretendida ni ha modificado el mapa empresarial o el mercado energético español. La batalla puede trasladarse ahora al tablero de Gas Natural, al control de esta compañía. En los últimos días ha adquirido acciones de la gasista el banco de inversión que asesora a Repsol-YPF. La petrolera, además, ya ha manifestado su intención de aprovechar la bula que le da la nueva legislación de OPA para adquirir anualmente un 6% de capital de Gas Natural, y así equilibrar su peso con el de La Caixa en su consejo de administración, sin tener que realizar una oferta pública de compra.

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