La ética, con multa entra
Diez grandes firmas de Wall Street acuerdan pagar 1.400 millones de dólares en multas por manipular el mercado
Diez grandes firmas, el 'quién es quién' financiero de Wall Street, han acordado pagar 1.400 millones de dólares en multas y otros conceptos por sus manipulaciones de los mercados para atraer inversores hacia valores que eran trampas financieras. El acuerdo libra a las compañías de futuras demandas, pero deja expuestos a sus ejecutivos y analistas a la furia de los defraudados inversores. Es el triste final del espejismo bursátil fraguado por la 'nueva economía' y que se ha saldado con la pérdida de unos siete billones de dólares.
El acuerdo libra a las compañías de futuras demandas, pero deja expuestos a sus ejecutivos y analistas a la furia de los defraudados inversores
Un año largo de pesquisas del fiscal general (equivalente a ministro de Justicia) de Nueva York, Eliot Spitzer, sobre el funcionamiento corrupto de Wall Street acaba de concluir con un acuerdo por el que lo más granado del templo del capital abonará 1.400 millones de dólares para enmendar pasados yerros, que incluyen fraude, exageración consciente de valores, recepción de pagos secretos, abonos de investigaciones interesadas y ofertas de sobornos a directivos para obtener sus concesiones de negocio. Analistas de bancos de inversiones y bancarios trabajaban coordinados, con aquéllos jaleando nuevos valores para que éstos obtuvieran la exclusiva de dirigir su salida a Bolsa. Dos analistas estrella, Jack Grubman, de Salomon, Smith, Barney, la banca de negocios de Citicorp, el primer banco del mundo, y Henry Blodget, el experto en Internet de Merrill Lynch, han quedado excluidos por vida del negocio y deberán pagar multas de 15 y 4 millones de dólares, respectivamente.
Un aluvión de documentos, muchos de ellos nuevos, aunque confirman datos ya conocidos, demuestran que en los años de la burbuja financiera los analistas -cuya misión es enjuiciar los valores, en teoría independientemente- tenían un triple objetivo en la cabeza: "Primero, conseguir más ingresos para la sección de banca. Segundo, conseguir más ingresos para la sección de banca. Tercero, conseguir más ingresos para la sección de banca", según un e-mail de Craig Kloner, analista de Goldman Sachs.
Favores envenenados
Esos ingresos se lograban vitoreando las acciones de determinadas compañías para conseguir que sus directivos concedieran al banco la gestión de la salida a Bolsa, en tiempos en que los nuevos valores subían como cohetes al ser ofrecidos a un público ansioso por hacerse con ellos. Los analistas seguían luego cantando las excelencias de la incipiente compañía y su espléndido futuro. Incluso cuando se sabía que las empresas no iban a ningún lado y en privado se reconocía su nulo valor, en público se continuaban prodigando juicios favorables, que también valían para empresas de solera que pasaban por malos momentos.
Entre los 1.179 valores analizados por Salomon, Smith, Barney en enero de 2001 sólo dos recibieron valoración pública negativa, según comunicó un responsable de la sección a otros directivos, a los que alertó sobre la flagrante ridiculez de la relación. Según el fiscal Eliot, el documento prueba que los ejecutivos "sabían perfectamente cómo se estaba manipulando las valoraciones" con el objetivo de conseguir negocio para la sección de banca.
Los bancos no dejaron tecla sin tocar. No sólo vendían la burra ciega como si de un futuro ganador del derby de Kentucky se tratara, sino que pagaban a bancos de la competencia para que realizaran sus propios análisis, de modo que un público inexperto tomara la apertura de tales pesquisas como señal de que el valor en cuestión debía de tener gran potencial dado el interés suscitado entre los expertos. Algunos analistas pasaban a las compañías enjuiciadas sus valoraciones con petición expresa de que las revisaran antes de hacérselas llegar al público y otros diseñaban junto a los bancarios una estrategia conjunta para ganar la voluntad (y el negocio) de los clientes. En varios casos, las retribuciones de los investigadores estaban vinculadas a la capacidad de incrementar la facturación del banco.
En total, incurrieron en fraude tres bancos (Salomon, Smith, Barney; Merrill Lynch, y Crédit Suisse First Boston/CSFB); realizaron "manifestaciones exageradas o inadecuadas" con mala fe Bear Stearns, CSFB, Goldman Sach, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Piper Jaffray, Salomon, Smith, Barney y UBS Warburg; recibieron o realizaron pagos secretos a cambio de investigación Bear Stearns, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Piper Jaffray y UBS. Además, CSFB y Salomon ofrecieron valores de gran demanda a directivos de otras empresas para comparar su voluntad y conseguir negocio.
"Estos casos reflejan un triste capítulo de la historia de los negocios en Estados Unidos, un capítulo en el que quienes obtuvieron enormes beneficios a partir de la confianza de los inversores traicionaron profundamente esa confianza", manifestó William Donaldson, el presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), al anunciar las conclusiones de la investigación y las sanciones impuestas.
En el desglose de los exactamente 1.387,5 millones a pagar, Salomon, Smith, Barney es el más sancionado con 400, seguido de CSFB y Merrill Lynch (200 cada uno), Morgan Stanley (125), Goldman Sachs (110), Bear Stearns, J. P. Morgan, Lehman y UBS (80) y Piper Jaffary con 32,5. Ese aporte se dividirá entre multas propiamente dichas (487,5 millones), indemnizaciones para damnificados (387,5), creación de un fondo para análisis independientes durante cinco años que deberán recibir los inversores junto a los análisis de los bancos (432,5) y educación, otros 80 millones.
Actos reformados
Junto a las sanciones económicas, los acusados deberán realizar reformas estructurales en su modo de actuar. Los analistas no acompañarán a los bancarios en sus visitas a las empresas clientes; analistas y bancarios trabajarán con independencia mutua (se acabó la simbiosis que tanto beneficios les generaba a costa de los crédulos inversores); las retribuciones de los analistas dependerán de su capacidad profesional como tales y no de la de conseguir negocio para el banco; sus análisis quedarán expuestos en los webs del banco para que los inversores pueden evaluar la calidad de los juicios emitidos; las firmas deberán comunicar los negocios que tienen o esperan tener con las sociedades analizadas.
A Sanford Weill, como presidente del Citigroup, el mayor violador de las normas de actuación, se le somete a la humillación adicional de no poder estar en contacto con sus analistas salvo en presencia de un abogado. Weill indujo en repetidas ocasiones a su analista estrella, Grubman, a "echar un nuevo vistazo" a la calificación de las acciones de AT&T, hasta que el dictamen pasó de neutral (negativo, en la jerga de Wall Street) a positivo.
Los damnificados, invitados a la fiesta
Todos los bancos han aceptado las sanciones y el nuevo código de conducta, pero ninguno ha reconocido haber incurrido en conducta delictiva. Los 1.400 millones apenas constituyen el 7% de los beneficios del pasado año y se compensarán pronto. Eliot Spitzer, el incansable fiscal, ha dejado el portillo abierto a futuras litigaciones de damnificados al acusar de fraude a Salomon, Smith, Barney, la rama de negocios de Citigroup, a Merrill Lynch y a Crédit Suisse First Boston, cuyos directivos y analistas no están cubiertos por el acuerdo que deja fuera del banquillo a las compañías.
"Esto es sólo el principio", manifestó Spitzer al presentar el resultado de sus investigaciones. "Uno de nuestros objetivos era poner esta información en el mercado para permitir a los inversores que busquen su propia compensación. Espero que habrá notable litigación civil".
El acuerdo deja muchos cabos sin atar, entre otros todo lo relativo a las indemnizaciones a recibir por quienes se dejaron embaucar por los cantos de sirena de Jack Grubman, Henry Blodget y compañía. Se han apartado 387,5 millones para ese objetivo, pero las pérdidas de los inversores suponen miles de millones. Los bancos son realistas y, en conjunto, han aprovisionado del orden de 3.000 millones de dólares para hacer frente a los costes de las inevitables demandas. La semana pasada, antes de que se anunciara el acuerdo, Stanley O'Neal, el primer ejecutivo de Merrill Lynch, escribió una intensa columna en The Wall Street clamando contra la idea de Spitzer de regular el negocio y compensar a los inversores que habían perdido su dinero. Según O'Neal, ese intervencionismo acabaría con el riesgo inherente al capitalismo, generaría deflación, estancamiento económico y hasta colapso económico.
Spitzer le respondió con los datos en la mano, "¿Es que no se enteran? Te lees la columna de O'Neal y piensas que no se enteran. Me pregunto si han aprendido algo. Lo que mantenemos con respecto a su compañía es que cometió fraude. Eso no es riesgo. Traspasó el riesgo a los desprevenidos inversores mientras usted cobraba en mano". El anuncio de las sanciones se produjo el mismo día que Merrill Lynch celebraba junta general de accionistas.
El presidente del banco, David Komansky, pidió disculpas por la pasada conducta y O'Neal estuvo contrito. "Está claro que no somos perfectos y no siempre estamos a la altura de nuestros ideales", dijo. Pero también protestó contra las indemnizaciones a los inversores. "Es como hacer una fiesta e invitar a todo el mundo, ¿no?". Sin revelar la cantidad anunció que Merrill ha hecho una provisión para responder a futuras demandas.
