Cementerio nuclear: aquí no, gracias

Sólo un gran pacto de Estado que comprometa a todos los partidos y a las Administraciones estatal, autonómica y local podría evitar que deshacerse de los residuos nucleares de alta actividad, o sea, el combustible gastado de las centrales (siete en España, con nueve reactores), provocase un conflicto social y político de grandes proporciones. La reciente propuesta de la Comisión Europea de que la ubicación del gran cementerio atómico se decida para 2008 y sea operativo en 2018 (parece mucho tiempo, pero es poquísimo), junto a la apuesta por la fórmula del Almacén Geológico Profundo (AGP), obliga a tomar decisiones con urgencia, comenzando por efectuar sondeos para localizar el lugar idóneo. Hasta ahora ha sido imposible por el generalizado rechazo a tener cerca lo que se cree una amenaza letal. Una oposición que se resume con tres palabras: aquí no, gracias.

La Comisión Europea pide que se decida antes de 2008 cuál será la ubicación del Almacén Geológico Profundo (AGP) y que éste sea operativo para 2018

El generalizado rechazo al AGP obligará, si esta fórmula se impone finalmente, a alcanzar un gran pacto de Estado que incluya a todas las Administraciones

La propuesta de la Comisión ha pasado al Consejo y a la Eurocámara, pero la última palabra la tendrán los Gobiernos. El documento del 4 de noviembre de 2002 obedece a la necesidad objetiva de acelerar la solución del problema, y a que, ante la mayor ampliación de la historia de la UE, sobre todo a países del Este con obsoletas centrales de diseño soviético, hay que demostrar que los actuales miembros tienen limpio su jardín y resuelto el problema de cómo deshacerse de forma segura y definitiva de la basura atómica.

Cada año se generan en España 20 millones de toneladas de basuras domésticas (500 kilos por habitante) y cuatro millones de toneladas de residuos industriales, incluyendo 400.000 toneladas de sustancias tóxicas. La producción anual de residuos radiactivos es sólo de 2.000 toneladas de los de baja y media actividad (que se almacenan en el cementerio de El Cabril, Córdoba) y 160 toneladas de alta actividad, en su práctica totalidad combustible gastado de las centrales y presentado en barras metálicas de cuatro metros de alto y 25 centímetros de espesor con pequeñas pastillas cerámicas de dióxido de uranio en su interior.

Ni siquiera la industria nuclear, interesada en mostrar la relativa insignificancia de tales desechos en relación con el resto que produce la actividad humana, deja de admitir que estas 160 toneladas, que siguen generando radiactividad durante centenares de miles de años, supondrían una grave amenaza medioambiental y sanitaria si no se tomase el máximo de precauciones. En toda Europa, dice el informe de la Comisión, estos residuos suponen sólo el 5% del total de los atómicos, pero concentran el 95% de la radiactividad.

El combustible gastado se almacena en piscinas de las centrales, pero, cuando se llenan (como la de Trillo, Guadalajara) o se cierren las plantas (ya hay fecha para la de Zorita, también en Guadalajara), habrá que buscar alternativas: primero provisionales, y luego con vocación de solución definitiva. La obligada vuelta (en 2010) del combustible enviado a Francia tras el incendio en 1989 de Vandellòs I (Tarragona), central hoy clausurada y en fase de desmantelamiento, demuestra que no se hable de nada abstracto o tan lejano como para seguir aplazando las decisiones clave.

El Plan General de Residuos Radiactivos fija el año 2010 como tope para que esté en funcionamiento el Almacén Temporal Centralizado (ATC). De hecho, la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) tiene ya preparado el diseño, un edificio abovedado similar a un silo; pero falta lo más importante: saber dónde se construirá. Esa decisión, que podría tomarse dentro de un par de años, será una especie de ensayo general para evaluar la magnitud del conflicto que provocará la ubicación del cementerio en profundidad.

En Trillo se ha levantado un edificio especial con capacidad para alm

acenar todo el uranio que se gaste de aquí al cierre de la planta, y ya recibe contenedores de combustible. Es un Almacén Temporal Individualizado (ATI), término con el que conviene irse familiarizando, al igual que con otros dos: Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que en principio irán a parar los residuos de las centrales a medida que se vayan cerrando, y, sobre todo, Almacén Geológico Profundo (AGP), la opción definitiva y favorita de la Comisión Europea, de la industria atómica y de Enresa, la empresa estatal que deberá hacer realidad tecnológicamente segura y fiable lo que decida el poder político.

Que algo hay que hacer, y pronto, para deshacerse de los residuos de alta actividad es obvio, pero no lo es que la fórmula más idónea sea un almacén geológico profundo. Eso es lo que recomienda la Comisión Europea, que asegura en su informe: "Hay un amplio consenso internacional en torno al hecho de que la eliminación por enterramiento a gran profundidad en terrenos geológicamente estables es la mejor opción. Por un sistema de barreras múltiples de confinamiento y una elección adecuada de las rocas anfitrionas, los desechos pueden aislarse durante periodos extremadamente largos, aseguran así que toda radiactividad residual tenga concentraciones insignificantes. Esta estrategia reduce considerablemente el riesgo de intrusión humana accidental y es esencialmente pasiva y permanente, sin necesidad de intervención humana intensa o control institucional".

Enterrar el problema

La apuesta de los comisarios ha sorprendido al PSOE y a Greenpeace, que ha convertido la batalla antiatómica en su principal señal de identidad. Desde ambas atalayas se cree ver la larga mano de la comisaria de Energía y Transporte, Loyola de Palacio. Carlos Bravo, coordinador de la campaña antinuclear de la organización ecologista, asegura sin tapujos que "Loyola pretende dar un balón de oxígeno a la industria nuclear europea, imponiendo, y además a corto plazo, la opción que ésta prefiere, que responde al principio de que ojos que no ven, corazón que no siente". Es decir, que enterrando los residuos, se entierra también el problema. Greenpeace apuesta por el almacenamiento en seco, en superficie e individualizado, uno en cada central, para eliminar los riesgos del transporte, porque su vigilancia sería sencilla y porque no habría problema para recuperar el combustible, tanto en caso de accidente como de que se desarrollasen nuevos mecanismos científicos para reducir su actividad.

Francisco Javier García Breva, responsable del PSOE en el Congreso para temas nucleares y diputado por Guadalajara (provincia con el dudoso privilegio de albergar su sorpresa por la "apuesta tan clara" de la Comisión por el AGP, "opción tecnológica en la que Estados Unidos ha ido muy lejos [ya se ha decidido la ubicación del gran cementerio en una montaña de toba volcánica de Nevada], pero insuficientemente experimentada en Europa". Además, considera que "no hay tiempo para cumplir los plazos que propone la Comisión, ya que el proceso es muy largo y complicado; baste con decir que, para el paso intermedio, la puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado, el vigente Plan Nacional de Residuos fija la fecha de 2000, y apenas se ha hecho nada hasta ahora". El PSOE no se puede pronunciar aún sobre la solución definitiva del problema, pero descarta fórmulas como exportar el combustible a Rusia. "La gestión de los residuos", añade García Breva, "es una cuestión de Estado que requiere un amplio consenso no tan sólo entre los partidos, sino entre las Administraciones estatal, autonómica y local". La razón: que la energía nuclear, con razón o sin ella, se ha ganado tan mala fama que ningún responsable político quiere ni oír hablar de que su provincia o comunidad puedan llegar a albergar un cementerio atómico, por muchas garantías de seguridad y compensaciones que se ofrezcan. Carlos Bravo, por su parte, recuerda que la estrategia de la industria nuclear ha sido siempre la de buscar ubicaciones para las centrales en zonas despobladas o empobrecidas "para evitar que la gente se movilice" y para que sea más fácil influir "con la promesa de dinero a corto plazo". Pero añade que, "dada la enorme oposición social constatada en todos los lugares potencialmente candidatos para ubicar el cementerio nuclear, la última tendencia es tratar de ponerlo donde ya exista una central y una población acostumbrada a compensaciones" por afrontar riesgos atómicos.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, elude contestar la pregunta de cuál será su reacción a la hipotética propuesta de que el AGP se estableciera en Extremadura, por ejemplo cerca de la central cacereña de Almaraz. Pero está claro que opina que su comunidad ya ha pagado con creces su cuota nuclear.

También García Breva prefiere que ni se hable de Trillo o de Zorita. Por si acaso, recuerda que, cuando se rumoreó que el ATI de Trillo -obligado porque la tecnología alemana del reactor llenó demasiado pronto la piscina de la central- podía ser el germen del futuro ATC, es decir, el almacén temporal, se suscitó tal polémica que, para evitar males mayores, se limitó la capacidad del edificio a 60 bidones de residuos, justo los que se considera que generará la planta hasta el final de su vida útil.

La callada por respuesta a una pregunta similar por parte de Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, comunidad que alberga la central de Santa María de Garoña, es igualmente comprensible, y tiene un precedente a mediados de los años ochenta. En 1986, la UE impulsó un ambicioso estudio para simular las condiciones de un almacén geológico profundo encastrado en roca granítica. La ubicación inicialmente elegida era un macizo granítico de Aldeadávila (Salamanca) en el que se habían excavado ya túneles para un salto de agua y una central hidroeléctrica. Enresa, con financiación de la UE, dirigiría el proyecto. Se dieron garantías de que no se utilizaría ni un solo miligramo de material radiactivo y de que, de ninguna manera, el emplazamiento era candidato a albergar el AGP. Todo en vano. Las suspicacias se transformaron en oposición abierta y obligaron a cancelar el plan.

Jorge Lang-Leton, ingeniero y director de comunicación de Enresa, señala que hubo un problema de comunicación y de interpretación, y lamenta que ese laboratorio, con los fondos europeos y sus oportunidades científicas, haya terminado en una instalación similar a Grimsel, en los Alpes suizos. El proyecto Febex, dirigido por un español, Fernando Huertas, y en el que España ejerce un papel de liderazgo, cuenta con la participación de los países de la Unión, Canadá, Japón y Estados Unidos.

En túneles excavados a 300 metros de la superficie de una montaña de granito se observa el comportamiento de dos cápsulas, similares a las que se introducirán en el AGP, pero con resistencias eléctricas generadoras de calos en su interior en lugar de pastillas de uranio. Se trata de observar el funcionamiento de barreras metálicas, de la bentonita y del propio granito, tanto frente al calor como frente a eventuales filtraciones y a cualquier otra amenaza. El experimento de Suiza, como otros, ayudará. Pero no se podrá avanzar mucho hacia el AGP español si, de forma urgente, no comienzan a efectuarse prospecciones en profundidad de decenas y decenas de formaciones geológicas repartidas por todo el país, hasta encontrar la más adecuada.

La información preliminar de que dispone Enresa procede de inventarios dispersos y en su mayoría antiguos, efectuados por organismos y empresas relacionados con la minería de las prospecciones en busca de petróleo y gas, junto a algunos sondeos de superficie para estudiar muestras de roca, pero no los imprescindibles sondeos en profundidad. El temor a la oposición ciudadana, que emerge apenas surge el más mínimo rumor de que se va a trabajar en esa dirección, ha ido acumulando un retraso que convierte en especialmente inalcanzable cumplir con los plazos que propone la UE.

Poner el cascabel al gato

En 1995, Ecologistas en Acción y Greenpeace alertaron a las poblaciones de 34 zonas seleccionadas por Enresa como precandidatas a albergar un laboratorio en profundidad. Fuentes de la empresa aseguran que esa lista, que nunca fue oficial, no incluía sino una pequeña parte de las ubicaciones teóricas que se consideraron, aunque Carlos Bravo sostiene que era la relación de zonas AFA (alta favorabilidad), resultado de una selección previa y embrión de otra aún más restringida, con tan sólo dos o tres nombres.

En su mayoría eran zonas empobrecidas y despobladas, pero eso no evitó que se organizasen de forma inmediata potentes plataformas de protesta, que congregaron a decenas de miles de manifestantes, en la mayoría de las comunidades autónomas, que fueron muy activas en la comarca pacense de La Serena, en la cordobesa de Los Pedroches, en Villasandino y Las Merindades (Burgos), en Los Arrecifes de Duero y Sayago (Salamanca) y en Las Cinco Villas (Zaragoza). Algunas de esas plataformas siguen activas, y otras están dormidas y dispuestas a volver a la lucha apenas resurja la grave amenaza. Su acción y el Quinto Plan General de Residuos, que en 1999 relegó hasta 2010 la elección de la fórmula para deshacerse de los desechos de alta actividad, paralizó por completo los estudios y sondeos en España.

Tras aquella experiencia, Lang-Leton se dice convencido de que la solución debe pasar por un gran pacto de Estado y por la voluntariedad de las zonas en que se vayan a efectuar los sondeos y, en su momento, de la que finalmente se elija para el AGP. La única forma de obtener ese consentimiento sería ofrecer garantías de seguridad tan fuertes que despejasen cualquier duda razonable de catástrofe junto a importantes compensaciones económicas. "Si en otros países se ha logrado ese consenso", reflexiona el portavoz de Enresa, "¿por qué no en España?".

El AGP no supone un desafío tecnológico. El problema es, ante todo, político y social. Si la fórmula se impone, la campaña para convencer a la opinión pública será de las que hacen época. Los ecologistas ya anuncian que librarán una guerra sin cuartel.