El PP y Cajasur cargan contra Álvarez por revelar las retribuciones de Castillejo

El PP y la dirección de Cajasur salieron ayer en defensa de la caja de ahorros que preside el sacerdote Miguel Castillejo y en contra de la postura de la Junta de Andalucía sobre la entidad de ahorro. La comparecencia de la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en el Parlamento andaluz y la posterior filtración de las retribuciones de Castillejo, cifradas en 474.000 euros -incluidas las dietas-, centró las críticas del PP y Cajasur, que estudian medidas legales, que no detallaron, contra la consejera. Asimismo, el PP pidió a Chaves que informe de todas las inspecciones realizadas a cajas andaluzas.

El director general de Cajasur, Francisco Jurado, acompañado por los cuatro directores adjuntos, Diego Jordano (Servicios Jurídicos), José Huerta (Obra Social), José Francisco Ruiz (Negocio) y Francisco de Asís (División Corporativa) se reunieron ante los medios para desmentir los datos que Álvarez ofreció el martes. Jurado aseguró que la media del salario de Castillejo en los 30 años que lleva al frente de Cajasur ronda los 9.000 euros anuales (sin precisar que hasta 1986 no fue nombrado presidente ejecutivo y que, por tanto, en los 12 primeros años no cobraba sueldo, sólo dietas) y atribuyó a la consejera "mentiras, empecinamiento y voraz afán de manipulación y control de una caja privada".

Sobre futuras acciones jurídicas, el responsable de los servicios jurídicos, Diego Jordano, dijo que apuntar contra la filtración a la prensa desembocaría en el archivo de la causa por el secreto profesional periodístico, por lo que aún está por determinar la naturaleza de la "demanda o denuncia". Jordano, ex diputado del PP, aseguró que en la caja había "plena conciencia de la permeabilidad" de la comparecencia de Álvarez, por lo que "se advirtió al Parlamento y a la consejera de que no estaba garantizado el secreto" de la intervención a la que no asistió el PP.

Jordano sostuvo que la información obtenida por la inspección de la Junta es falsa porque parte de "datos provisionales, con errores y falsedades" y agregó que los inspectores "no eran capaces de valorar la información que le dábamos". Jordano mantuvo que las competencias inspectoras son ahora del Ministerio de Economía, aunque la Ley Financiera no otorga explícitamente al Gobierno central la facultad inspectora en la caja. Argumentó que "las facultades del Ministerio atraen al resto de competencias", como la capacidad inspectora, que en principio eran atribuidas a la Ley de Cajas andaluza. Jordano aseguró que mientras el Tribunal Constitucional mantenga suspendido el capítulo cinco de la norma autonómica, el Ministerio asume esas competencias, en contra de lo que opina la Junta, ya que "el estatus de Cajasur es el mismo al resto de cajas que operan fuera de Andalucía".

Jurado, consideró "aberrante" que se hable de "expolio" a Cajasur. El director general se pronunció también sobre la información que el sindicato Aspromonte ofreció hace un mes, que incluía las retribuciones y los gastos que ocasiona la vicepresidencia de la caja, desempeñada por Antonio Fernández Poyato en representación de la Diputación, algo que Fernández Poyato consideró vulneración de secreto. Jurado señaló ayer que se han realizado las actuaciones pertinentes para depurar ese asunto y agregó que el censo de empleados y sus salarios son públicos.

Contratos blindados

Por su parte, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, afirmó que la comisión parlamentaria fue una "farsa" con la que la Junta "ha tratado de tapar sus desvergüenzas por haber filtrado datos de una investigación irregular". Martínez pidió explicaciones al presidente del Parlamento, Javier Torres Vela, sobre "las formas y las personas" que están, a su juicio, detrás de las filtraciones de esta comisión. "Todo lo que allí se habló es secreto y, si es así, no se puede dar siquiera una opinión de lo tratado", denunció. Asimismo, Martínez emplazó al presidente Chaves a informar sobre las inspecciones realizadas a todas las cajas. "Queremos saber de esos contratos blindados o de las condiciones de otras pólizas en otras cajas andaluzas", dijo. El portavoz adjunto del PP en el Parlamento andaluz, Salvador Fuentes, dijo que la estrategia de la Junta es "debilitar a Cajasur para justificar la necesidad de la caja única". Fuentes dijo que su partido sopesa acciones jurídicas contra Magdalena Álvarez y acusó a la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, de mostrar una "doble moral", una en Córdoba y otra en el Parlamento.