SOS Racisme denuncia el incremento de mafias que explotan a mujeres y trabajadores inmigrantes

La actividad de las redes organizadas de explotación de mujeres y trabajadores inmigrantes ha registrado un notable aumento entre los años 2001 y 2002, según apuntaron ayer los responsables de SOS Racisme en Valencia en la presentación de su informe anual. Entre los aspectos más destacados que citó esta organización no gubernamental (ONG) se encuentra también "la falta de asistencia letrada" que se le presta a los puertos valencianos a los polizones.

En el informe, elaborado a partir de las denuncias recogidas el año pasado, SOS Racisme alude también a los problemas que tienen los inmigrantes en alquilar viviendas, en ocasiones, teniendo que hacer frente a alquileres o fianzas muy superiores al precio de mercado por su condición de personas extranjeras. Pero junto a este aspecto, que ya fue denunciado en el informe del año pasado, la coordinadora de la oficina de denuncias, Yolanda Paris, se refirió especialmente al aumento reciente de casos de mujeres explotadas para prostituirse e inmigrantes obligados a trabajar en condiciones de precariedad laboral y salarios bajos, en ambos casos, después de haber sido engañados por falsas ofertas de trabajo en sus países de origen en los que se recogían unas condiciones que no tenían nada que ver con las que se encontraron en España.

Francisco Solans, secretario de la asociación, incidió también en la "flagrante vulneración" de los derechos humanos que sufren los polizones que llegar a los puertos valencianos. "El hecho de que lleguen [a los puertos] de forma no lícita no implica que carezcan de derechos", apuntó en relación a los problemas que tienen a la hora de recibir asistencia por parte de abogados. Solans señaló que existe una directriz del Gobierno que se aplica de forma "ilegal" que impide que sean visitados por abogados, de forma que prácticamente sólo reciben asistencia policial y "de los testimonios de éstos, curiosamente nunca exponen su deseo de entrar en el país". El representante de esta organización comentó que esta lectura "restrictiva" de la asistencia a polizones no se aplica en otros puertos españoles, más allá de los valencianos y catalanes.

Del total de denuncias por xenofobia recogidas por el informe, el 44,3% estuvieron relacionadas con cuestiones de extranjería, el 23,8% de derechos básicos, el 11,77% fueron agresiones racistas, el 4,5% racismo social, el 3,7% actos neonazis, el 1,5% agresiones a menores y el 1,2% contra miembros de la etnia gitana.