La necesaria reforma de la PAC

Las propuestas del comisario Fischler para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) han tenido el previsible efecto de poner en pie de guerra al sector -y quizá a una parte de la opinión pública- frente a un proyecto cuyos resultados serán -se dice- la ruina de la agricultura española, la despoblación y desertización del campo, la pérdida de cuantiosas subvenciones comunitarias y, como resultado de todo ello, un grave perjuicio para nuestra economía.

Esas críticas airadas se han hecho extensivas a las escasas voces que, como la del Círculo de Empresarios, han osado contemplar la propuesta de Fischler con mirada desapasionada y cuestionar la racionalidad de las subvenciones agrarias tal y como actualmente se conceden.

No se produce según las necesidades del mercado, sino para obtener subvenciones

Recordemos ante todo en qué consiste la propuesta Fischler: no en suprimir las subvenciones, sino en sustituir un sistema que subvenciona la producción por otro que subvenciona a las explotaciones; modular estas subvenciones a lo largo del tiempo (y recordemos que la ampliación de la Unión Europea hace inviable el nivel actual de las ayudas, nos guste o no); en condicionarlas a ciertas exigencias (medioambientales, de calidad alimentaria, etc.) de difícil recusación, y en canalizar los ahorros así producidos hacia el desarrollo rural, de forma que el campo no se vea privado de tales recursos. Nada, por tanto, de dejar a los agricultores desamparados.

El actual sistema de subvenciones agrarias no es, en último extremo, sino un gigantesco mecanismo de transferencia de rentas de los contribuyentes a los agricultores, en base a una serie de argumentos que, se dice, justifican la racionalidad y necesidad de dicha transferencia.

En definitiva, se trata de una opción política. Si los gobernantes piensan que a los agricultores se les debe subvencionar, y los votantes contribuyentes lo aceptan, poco se puede alegar, por más injustificado que parezca. Pero el problema es que, para instrumentar esta transferencia de rentas se ha montado un mecanismo -la PAC- que produce trastornos y perjuicios adicionales a la economía. Al concederse las subvenciones en función de la producción, se está fomentando la producción por la producción, haciendo caso omiso del mercado. Los agricultores no producen según las necesidades de éste, a precios competitivos, sino que producen con el objetivo de obtener las subvenciones. Producen cuanto más mejor, puesto que recibirán tanta más subvención cuanto más produzcan, y ello aunque no tenga salida en el mercado por su calidad, por su precio o por su insuficiencia de demanda. Y la consecuencia es el descuido de la calidad, el encarecimiento de los precios al consumidor y la aparición de excedentes que se deben almacenar y/o exportar con restituciones (otra subvención) en perjuicio de los países del Tercer Mundo, que ven cerrado el mercado europeo a sus productos, e incluso sufren esta competencia desleal en terceros mercados.

La defensa cerrada de la PAC en su actual configuración, y el consiguiente rechazo visceral de la propuesta Fischler, se fundamentan habitualmente en algunas falacias que sería bueno refutar. Son las siguientes:

1. La PAC beneficia a España, y sería irracional oponerse a un mecanismo por el que España recibe fondos. Es cierto que España es receptora neta de fondos de la PAC, pero eso no significa, como parecería a primera vista, que la PAC sea beneficiosa para España. Que lo sea o no dependerá de que la utilidad de lo que se recibe sea superior a la utilidad de lo que se da. La PAC se financia básicamente de la recaudación por el IVA, y en ella participan también los contribuyentes españoles (no sólo los alemanes ni el resto de la UE), que de esa forma están financiando la PAC. Y los fondos recibidos van a parar a una parte de la agricultura española (no toda). ¿Contribuye ello positivamente al PIB español? El documento recientemente publicado por el Círculo de Empresarios indica que no. Si al valor final de la producción agraria le restamos las subvenciones de la PAC más otras subvenciones poco conocidas (la subvención al agua para usos agrícolas, la subvención a la Seguridad Social Agraria y la menor fiscalidad del gasóleo B) vemos que dicho valor final neto es inferior al valor de los insumos utilizados en la producción agraria. Por tanto, la contribución de esa agricultura al PIB es negativa. No suma puntos, sino que los resta.

Y cuando se producen bienes cuyo valor es inferior al coste (y precisamente por eso hay que subvencionarlos), parece claro que estamos ante una mala asignación de recursos. No puede, por tanto, afirmarse que la PAC beneficie a la economía española. Más bien la perjudica.

2. La PAC permite el sostenimiento de los pequeños agricultores. Es cierto que muchos pequeños agricultores se benefician de las subvenciones agrarias, pero los principales beneficiarios no son ellos, sino las grandes explotaciones. Actualmente, en España el 50% de los perceptores reciben menos de 1.000 euros al año, y sólo el 0,3% de los perceptores reciben más de 100.000 euros. Y a nivel comunitario sucede igual: el 80% de los perceptores reciben el 20% del total de ayudas, y el 20% de los perceptores reciben el 80% de las mismas.

3. Sin la PAC la agricultura española desaparecería. Conviene recordar que la parte más dinámica de la agricultura española no recibe subvenciones (las frutas, las verduras, toda la pujante agricultura de invernadero). Son las explotaciones que ni necesitan ni necesitaron la PAC porque son eficientes y producen para el mercado. Las que sí desaparecerían o tendrían que reconvertirse serían las explotaciones ineficientes, las que producen simplemente para beneficiarse de las subvenciones, creando excedentes que el mercado no quiere a ese precio y hay que exportar a pérdida (con más subvenciones). Las que, por ejemplo, producen lino que luego, una vez cobrada la subvención, hay que quemar porque nadie lo quiere.

4. Sin la PAC los agricultores abandonarían el campo, y éste se despoblaría y desertizaría. He aquí una visión falsa que identifica agricultura con naturaleza. Que yo sepa, antes de la aparición del hombre España no era un desierto. Existían bosques y prados. Y si las tierras marginales e ineficientes se abandonan, hay alternativas de desarrollo forestal, caza, turismo rural.... Añadiendo que tales tierras, abandonada la estrategia de producir para cobrar subvenciones, se utilizarán, parte de ellas en todo caso, para otros tipos de producción que demanda el mercado. Lo que no tiene sentido es empecinarse en producir aquello en lo que no somos eficientes. Si los finlandeses no se empeñan en producir naranjas a toda costa, ¿tiene sentido que los españoles insistamos en producir aquello para lo que no tenemos ventajas comparativas frente a otros productores? ¿No sería más sensato comprar cereales y carne a otros, como Argentina o Brasil, y dedicar nuestros recursos a otros productos que nos resulten más rentables?

Y respecto al despoblamiento del campo, quizá sí se produzca un paulatino descenso de la población agraria (no necesariamente de la población rural), pero ese proceso se ha producido, se sigue produciendo, y posiblemente se seguirá produciendo como consecuencia del aumento de la productividad en la agricultura. En 1955 había en España 5,4 millones de agricultores. Hoy hay 1,14 millones. Y ese trasvase proporcionó el capital humano para la industria y los servicios que nutrió el desarrollo económico español. ¿Deberíamos haber luchado para que en España siguiera habiendo 5,5 millones de agricultores?

Veamos ahora las ventajas de la nueva PAC:

1. Si la ayuda que se concede a las explotaciones ya no se vincula a la producción, los agricultores ya no se verán animados a producir simplemente para beneficiarse de tales ayudas, sino que podrán optar por no producir (en el caso de las tierras marginales) o producir lo que el mercado demanda, en condiciones de eficiencia, precio y calidad.

En el primer caso, aunque parezca absurdo, siempre será preferible no producir a producir lo que nadie quiere a ese precio, con la consecuencia de almacenamientos costosos que se deben exportar a pérdidas o destruir (como pasó con el lino, y antes, con el alcohol). Y en el segundo, el agricultor saldría incluso beneficiado, pues a la subvención añadiría los beneficios de sus nuevas producciones.

2. Si los agricultores se deciden a producir lo que el mercado demanda, a precios competitivos (con los internacionales, se entiende), los consumidores verán reducirse el coste de la cesta de la compra. La prestigiosa The Economist Intelligence Unit estimó que la cesta de la compra de una familia media británica se reduciría, en ausencia de la PAC, en un 25%. Si ello es extrapolable a la familia media española, éste sería el ahorro para el consumidor, y sin duda ello contribuiría a reducir las tensiones inflacionistas.

3. Por último, la reforma del actual sistema de subvenciones, en la línea de lo que el comisario Fischler propone, contribuiría al desarrollo del Tercer Mundo, cuyos productos agrarios ven hoy cerrados nuestros mercados -y otros- debidon a una producción europea subvencionada. Mucho más eficaz que tantos planes de ayuda al desarrollo sería que les permitiéramos trabajar, producir y vender los frutos de su trabajo.

Y aún cabría hablar de la irracionalidad e ineficiencia de un sistema como la actual PAC, que tiene nada menos que 31 mecanismos e instrumentos distintos, que lo hacen caro, difícil de gestionar y extremadamente vulnerable a presiones y fraudes. Por no citar los mecanismos de subvención propios de cada país: en España tenemos nada menos que ¡668! instrumentos nacionales de ayuda a la agricultura. Pero ésa es otra historia.

Fernando Eguidazu es presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios.