Cincuenta colectivos exigen una moratoria urbanística en el litoral

Los defensores de un urbanismo participativo piden a los partidos políticos que se pronuncien

Cincuenta coletivos vecinales, ecologistas, conservacionistas y afectados por los abusos urbanísticos han iniciado una ronda de encuestas y entrevistas a los diferentes partidos políticos que concurren a las próximas elecciones. El objetivo es conocer sus propuestas en ordenación del territorio y lograr que se comprometan a aprobar una moratoria urbanística en el litorial. La respuesta de los distintos partidos políticos se conocerá antes de la cita con las urnas.

Los colectivos que han puesto en marcha esta iniciativa abarcan el ambito autonómico, y entre éstos figura la Associació L'Algar viu i net, que el pasado 25 de abril remitió a los distintos partidos políticos de Altea la documentación inicial con sus propuestas urbanísticas. El colectivo lamenta que sean los agentes urbanizadores los que asuman el control de la política, y conduzcan a los municipios "al colapso y la saturación urbanística". Por este motivo exigen "la paralización" de los proyectos urbanizadores y el inicio de una nueva etapa de "participación y consenso" de todos estos proyectos.

En el documento, que se hará llegar a la mayoría de gobiernos municipales, estos colectivos consideran "necesario" revisar el actual modelo y creen "imprescindible" una moratoria que detenga "el irracional proceso de masificación que estamos sufriendo".

"El menosprecio mostrado por la Administración hacia nuestras demandas ha de cambiar radicalmente", concluyen estos colectivos con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. Los promotores de esta campaña tienen previsto publicitar y explicar a los vecinos actitudes y compromisos de cada uno de los candidatos municipales de cada partido.

Un buen ejemplo del dinamismo urbanizador se acaba de producir en Benissa (Marina Alta) con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que contempla duplicar tanto el número de viviendas actuales como la población, y pasará de 20.000 a 40.000 habitantes. La comisión territorial de la Consejería de Urbanismo aprobó el proyecto global del Plan General, aunque introduce una serie de mejoras puntuales, entre las que destaca el compromiso del Ayuntamiento de redactar en un plazo de dos años un plan para la depuración y tratamiento de aguas residuales.

El alcalde de Benissa, Juan Roselló, del PP, explicó que el nuevo PGOU sustituye al de 1982 y "mantiene y mejora los criterios de desarrollo sostenible" y de protección medioambiental. Según el primer edil, de los 70 kilómetros cuadrados del término municipal un 80% se declara suelo no urbanizable y el 33% cuenta con una especial protección. Del 20% de suelo restante, la mitad corresponde a suelo urbano, tanto en la el centro de la población como en la zona costera. El otro 10% restante será catalogado como suelo urbanizable, tanto en la zona de expansión del núcleo urbano, donde la norma urbanística cifra un máximo de cinco alturas, como en la zona costera donde se construirán viviendas unifamiliares integradas en parcelas que oscilan entre los 1.000 y 2.000 metros cuadrados.

Por otro lado, el Col.lectiu Runar ha iniciado una campaña de recogida de alegaciones al recién constituido Consejo Asesor de Urbanismo de Benissa, a juicio de este colectivo la redacción de este órgano consultivo ha sido demasiado "rápida, se ha realizado de manera unilateral" . Runar sostiene que este consejo ha nacido de forma "precipitada, viciada y tendenciosa", con el problema añadido de la proximidad de las elecciones municipales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 28 de abril de 2003.

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