Esposados a la política

La delegada de la Consejería de Turismo en Granada, Rosario González, está convencida de que su condición de esposa de Juan Carlos Benavides (PA), candidato a la alcaldía de Almuñécar, es el verdadero origen de la querella por apropiación planteada por el fiscal en un juzgado de esta localidad del litoral granadino. Pero no es sólo una apreciación suya. La pareja sostiene en común que la acusación por no justificar 26.757 euros que recibió en cheques del Patronato de Turismo de Almuñécar durante los años 1990 y 1991 en que Rosario González fue concejal del Ayuntamiento, forma parte de una estrategia política para impedir que el veterano Juan Carlos Benavides, actual secretario de Política Municipal del Partido Andalucista (PA), vuelva a presidir la Corporación de este municipio costero granadino.

La historia política de González siempre ha discurrido paralela a la de su esposo

La historia política de Rosario González siempre ha discurrido paralela a la de su esposo. Y la carrera de su esposo ha sido voluble como el destino de una pompa de jabón. Cuando ambos eran estudiantes, él de Medicina y ella de Derecho, se afiliaron el mismo día al Partido Socialista, cuya ideología se dedicó a difundir la pareja a finales de los setenta por los pueblos del litoral.

Entre la ferviente actividad política de la época, Benavides terminó sus estudios universitarios y consiguió una plaza de médico en Almuñécar. En esta localidad que tanto ha marcado sus vidas se instaló la pareja después de casarse. Allí tuvieron dos hijos y, a través de su popular acción política, comenzaron su afán por hacer de este municipio una meca del turismo.

Cuando Benavides consiguió encabezar la lista del PSOE de Almuñécar, en 1983, y convertirse así en alcalde de la localidad por primera vez, ella estrenó cargo público como concejal de Turismo.

La estabilidad no duró mucho tiempo. Benavides se sumó en 1983 a la denominada "revolución de los catetos", que supuso la fragmentación del PSOE en dos en la provincia de Granada. Tanto ella como su marido crearon entonces el Partido Socialista del Pueblo Andaluz, una experiencia política efímera tras la que ambos recalaron en el Partido Andalucista. Era 1987, año en el que Benavides volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Después, los dos han permanecido juntos en las sucesivas etapas de gobierno y oposición.

Durante 18 años, Rosario González Hernández ha conservado su puesto de concejal, bien en laborales de gobierno relacionadas con el turismo o en la oposición. De hecho, las cantidades que según el Tribunal de Cuentas no ha podido justificar, son subvenciones que cobró para viajar a diferentes ferias turísticas en representación del Ayuntamiento. En contadas ocasiones la delegada de Turismo ha ejercido su profesión de abogada.

En 2001 se operó su último cambio de fortuna. Gracias al pacto de gobierno del PSOE con los andalucistas Rosario González accedió a su actual puesto de delegada provincial de la Consejería de Turismo y Deportes a cambio de renunciar a su puesto de concejal en la oposición. Este último ascenso en su larga carrera política, a la sombra de la autoridad política de su marido en los órganos internos del PA, ha transcurrido tranquilo hasta que la semana pasada el fiscal accedió a actuar de oficio y presentó la querella por apropiación.

El actual alcalde de Almuñécar, Juan Luis González Montoro (PP), atribuye directamente el cargo de González en la Consejería de Turismo al nombramiento hace tres años de Benavides como secretario nacional de Política Municipal del PA.

Fue precisamente Juan Luis González quien recientemente puso en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los hechos ahora denunciados ante el juzgado de Almuñécar. González Montoro ha desvinculado su actuación con la proximidad de las elecciones municipales. Asegura que su único objetivo era evitar que prescriba la responsabilidad penal por el posible delito de malversación.

Sin embargo, tanto la acusada en la querella como su esposo no dudan de los fines electorales de esta denuncia. "Este antiguo asunto es como el Guadiana, porque aparece siempre durante las campañas electorales", asegura Benavides, que desde la firma del pacto PSOE-PP, que por sorpresa le quitó la alcaldía de Almuñécar en 1999, ha iniciado una encarnizada lucha contra algunos políticos del municipio en la que se suceden graves denuncias judiciales.

La crispación política que produjo aquel pacto ha llegado en estos últimos meses, previos a las elecciones, a alcanzar una temperatura muy elevada. El Partido Andalucista secundó la reciente denuncia de un vecino de la localidad ante la Fiscalía del TSJA contra el primer teniente de alcalde, Juan Jesús Mora (independiente), que, a pesar de ser administrador y propietario parcial de una empresa promotora, ejerce como presidente de la Comisión Municipal de Urbanismo. La acusación también incluía al alcalde, González Montoro, por "amparar" la actuación de su socio de gobierno.

El primer edil respondió a esta denuncia con acusaciones sobre la financiación de la última campaña electoral del PA y sobre las actividades de ediles andalucistas. Pero su mejor baza ha sido la querella judicial contra la esposa de su mayor contrincante político.