El Poder Judicial quiere sustituir por jueces de carrera a los jurados que no acuerden un veredicto

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que apoya por el momento la mayoría conservadora y que mañana se someterá al pleno del Consejo, sugiere al Gobierno que, una vez que el Tribunal del Jurado fracase dos veces en la obtención del veredicto, en lugar de dejar absuelto al acusado se sustituya a los legos por jueces profesionales para un nuevo enjuiciamiento. La minoría progresista se opone a esta propuesta, que cree que minusvalora a los jurados frente a los jueces profesionales, y la califica de "destructiva" de la institución.

La vigente Ley del Jurado establece que cuando tras un segundo juicio ante el Tribunal del Jurado "no se obtuviere un veredicto (...), el magistrado-presidente procederá a disolver el jurado y dictará sentencia absolutoria". Para obtener veredicto de culpabilidad deben aprobarlo al menos siete de los nueve jurados, y para el veredicto de inocencia,al menos cinco de los nueve.

El informe del CGPJ sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 72 folios y del que es ponente el vocal propuesto por el PP José Luis Requero, considera "conveniente aprovechar la reforma" para modificar la Ley del Jurado "a fin de que en los casos en que haya fracasado el jurado (...) pueda el juez profesional" enjuiciar el asunto y sentenciarlo.

La mayoría del CGPJ contempla "circunstancias especiales" o "presiones periféricas" que pueden "impedir que el jurado forme su convicción con plena libertad de criterio". La solución que ofrece para evitar "la impunidad" es reformar la Ley del Jurado para que en esos casos "el hecho sea juzgado por jueces profesionales".

Mezcla de sistemas

La minoría progresista del CGPJ se opone a esta sugerencia que introduce el informe del Consejo. Montserrat Comas y Javier Martínez Lázaro, vocales propuestos por el PSOE, creen que se "intenta mezclar dos sistemas de enjuiciamiento" de modo que "implicaría considerar a los jueces populares de peor condición, menos capaces de obtener un veredicto, de forma que deberían ser suplidos por jueces profesionales".

Ambos vocales razonan que la previsión legal según la cual "la imposibilidad de obtener un veredicto tras dos juicios obliga a dictar sentencia absolutoria es plenamente coherente con la naturaleza de la institución". En su opinión, la incapacidad del jurado para alcanzar una decisión "sólo puede obedecer a la insuficiencia de la prueba practicada".

Otros dos consejeros propuestos por el PSOE, el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal José Antonio Alonso, atribuyen a la mayoría la voluntad de "destruir" el jurado, al no comprender que "la imposibilidad del veredicto de culpabilidad o no culpabilidad es un veredicto en sí mismo, (...) no un 'fracaso' del jurado, como dice el informe".

Estos dos consejeros critican que "la mayoría no parece darse cuenta de que con esa propuesta patrocina el doble enjuiciamiento, prohibido por tratados y convenios internacionales".

El informe de la mayoría conservadora introduce otras novedades, que critica la minoría progresista, tras recordar que el CGPJ no puede proponer leyes.

- Jueces sólo por oposición. Aunque el anteproyecto de ley mantiene que para el ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez, además del sistema de oposición, se reservará una cuarta parte de las plazas convocadas (de ahí la denominación de cuarto turno) "para licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional", el informe elaborado por Requero propone replantearse ese sistema y reducir el reclutamiento de jueces exclusivamente al sistema de oposición.

La minoría progresista considera, por el contrario, que "un sistema judicial democrático y avanzado debe cubrirse, también, mediante la incorporación de otros enfoques, experiencias y puntos de vista distintos a los del juez por oposición", cuya principal cualificación es la de "recitar memorísticamente los temas del programa de oposiciones".

- Formación judicial reducida. El anteproyecto no modifica el vigente periodo de dos años de formación de los candidatos a jueces en la Escuela Judicial. Sin embargo, el informe asumido por la mayoría, sobre el que decidirá el pleno del CGPJ, sugiere al Gobierno reducirlo a 18 meses, de los cuales 12 serían de prácticas en órganos jurisdiccionales y seis de permanencia en la Escuela Judicial, "tiempo más que suficiente para quienes ya han dedicado largos años de estudio para superar las oposiciones de ingreso -la media está en los cuatro años-", según el informe de Requero.

La minoría considera esa propuesta "falta de justificación" y, "en la práctica, una devaluación profunda de la Escuela Judicial, ya que hace imposible que cumpla sus funciones de centro de formación y selección de jueces".

Varios vocales razonan: "En ningún país europeo se hace descansar la selección de los jueces en una oposición consistente en un examen de conocimientos teóricos, como la nuestra, en la que, hasta ahora, ningún esfuerzo se ha hecho por adaptarla a las previsiones del Pacto de Estado por la Justicia, que apuesta por 'una selección objetiva y rigurosa mediante oposición, con pruebas que completen los temarios con disciplinas que se estiman complemento necesario para el ejercicio de la función judicial. Con pruebas que permitan valorar la cultura, madurez y capacidad argumental y de análisis del aspirante".

- Más poder para la mayoría. El informe propone otro precepto no contemplado por el anteproyecto gubernamental, un artículo 143 bis, según el cual el pleno del Poder Judicial "podrá acordar la delegación de competencias en las comisiones o en las salas de gobierno en los términos y materias que se consideren convenientes, atendiendo a criterios de economía, celeridad y eficacia en la tramitación o resolución de asuntos".

Los consejeros Alonso y Salinas creen que esa "genérica delegación de competencias (...) haría posible desvitalizar completamente el pleno del Consejo, sin más acuerdo ni límite que el de ostentar la mayoría en el mismo".

Y agregan los dos consejeros citados: "Nos oponemos a una propuesta que posibilita la pérdida de peso institucional del CGPJ y la discriminación entre vocales de primera (los que controlasen las comisiones) y de segunda (los demás), amén de una peligrosa deriva de competencias hacia instancias objetivamente menos controlables por las minorías del CGPJ, las instituciones o los ciudadanos".