La justicia atropellada

Hace meses se puso en marcha en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid un plan para agilizar los recursos de apelación pendientes de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Estos recursos exigen la celebración de vista pública, y era precisamente el señalamiento de este trámite lo que retrasaba la resolución de los mismos.

El plan consiste en la creación de secciones bises, a las que se han adscrito jueces de primera instancia que celebran las vistas por la tarde a cambio de un complemento retributivo. No estoy de acuerdo con ese plan, por varias razones. La primera, porque socava formalmente el principio de doble jurisdicción. Materialmente, desde luego, hay un recurso de apelación, pero su resolución no la toman los magistrados de Audiencia, sino jueces del mismo grado que los que dictan las sentencias de primera instancia, lo que, en puridad, quita garantías a los recurrentes y quizás contravenga el artículo 24 de la Constitución.

La segunda, porque la doble asunción de funciones de los jueces habilitados puede ir en demérito de su eficacia en los dos puestos de trabajo que desempeñan. Es deseable, por eso, que se elija para magistrado eventual a quien brille por la pulcra llevanza de su juzgado.

La tercera, porque estos magistrados bises pueden caer en la tentación -yo creo que en ocasiones caen- de correr más de la cuenta, abreviando las vistas. Alguna experiencia tenemos de presidentes que sin esperar al desarrollo del discurso forense (introducción, desarrollo y conclusiones), se ponen nerviosos y apremian a los letrados para que acorten el informe y marchar pronto a casa. Esta práctica humilla a la justicia y a la abogacía y es un semillero de enemistades procesales si el letrado protesta y defiende su fuero, es decir, su derecho a hablar en defensa del cliente. Grave mal que tiene difícil solución porque, por mucho que se diga, los abogados estamos a merced de la buena educación y de la cultura de los jueces. Los males de la justicia, creo yo, no se solucionan así; ni suprimiendo prácticamente la oralidad en la segunda instancia y en la casación, contraviniendo el predicado del artículo 120.2 de la Constitución, ni potenciando la ejecución provisional, como ha hecho la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este proceso de industrialización de la justicia, que parece procurar más por las sentencias firmes que por las justas, es un peligro para la seguridad jurídica. A la justicia lenta le está siguiendo la justicia atropellada, y, si lo primero es malo, lo segundo, también.