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Reportaje:

El Ejido, un laboratorio de inmigración

El recuerdo de los incidentes racistas de 2000 pesa sobre la imagen de la localidad, donde hoy apenas se ven inmigrantes

Patricia Ortega Dolz

A los habitantes de El Ejido (Almería) no les gusta hablar de xenofobia. El recuerdo de los incidentes ocurridos hace tres años sigue pesando como una losa sobre la imagen de esta localidad, hasta hace poco semidesértica y en la que hoy florece la agricultura de invernadero. A pesar de eso, el último incidente -el secuestro y los reiterados abusos sexuales sufridos por una muchacha de El Ejido a manos de varios inmigrantes- apenas han suscitado comentarios. La policía había detenido a ocho hombres de origen magrebí, con edades entre los 19 y los 36 años. La mujer es española.

A muchos se les vinieron a la cabeza las imágenes de los incidentes de febrero de 2000 en este pueblo del poniente almeriense. Entonces, tras los sucesivos asesinatos de tres personas a manos de inmigrantes magrebíes, parte del pueblo se tomó la justicia por su mano y salió a las calles para lincharlos. Las imágenes de las persecuciones, las palizas y los incendios de chabolas dieron la vuelta al mundo bajo el titular de Ataques racistas en El Ejido. Muchos pensaron que ocurriría lo mismo esta vez, pero no.

"Ha habido una reflexión social. La gente se sintió y se siente avergonzada"

Pocos habían oído hablar de El Ejido hasta entonces. Una población que hoy cuenta con unos 57.000 habitantes, aunque hasta bien entrados los años ochenta no fue un municipio independiente. Un lugar semidesértico en el que los agricultores y sus familias empezaron a sacarle partido a la tierra a base de invernaderos. Tantos, que hoy, paralelo al mar Mediterráneo, discurre un mar de plástico. Había trabajo para dar y tomar, y miles de inmigrantes -se hablaba de 15.000 o 20.000-, con documentación en regla o sin ella. se concentraron allí como pudieron. En 10 años, El Ejido se ha convertido en "la huerta de Europa". Pero, ante todo, es un laboratorio de inmigración.

¿Y qué ha pasado desde los incidentes de 2000? ¿Cómo es este pueblo hoy? ¿Por qué no ha habido reacción ahora? No ha habido reacción porque la víctima era una toxicómana, de unos 30 años, con una salud muy deteriorada, que frecuentaba oscuros lugares de alterne y se prostituía de vez en cuando para pagar la droga. Y no sólo no ha habido reacción popular, es que muchos ni se han enterado. Da lo mismo que fuera española porque "iba con ellos". Los niveles de marginalidad de la agredida y sus agresores eran los mismos, por eso no pasó nada.

Pero son muchos los que piensan que, aunque se hubieran dado unas circunstancias distintas, en El Ejido hoy "jamás se llegaría a lo que ocurrió en 2000". "Ha habido una reflexión social. La gente se siente y se sintió avergonzada en su momento", dice Carmen Caparrós, maestra y ex concejal socialista. "Hay muchas empresas extranjeras que nos exigen garantías de que las hortalizas se obtienen en condiciones laborales dignas", explica Antonio Oliver, secretario del sindicato agrícola COAG.

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El Ejido, en cierto modo, es un pueblo acomplejado desde aquellos sucesos de 2000. Pesan sobre los vecinos como una losa. Surge el tema y enseguida hay tres o cuatro que advierten: "Lo que se dijo entonces no era todo cierto" o "no somos racistas, los agricultores trabajamos con los inmigrantes codo con codo en nuestros invernaderos".

Sin embargo, todavía no se puede hablar de convivencia entre culturas en El Ejido, salvo en los colegios. "Los niños sí se entienden perfectamente", dice Caparrós. "En El Ejido hay coexistencia de culturas, pero no convivencia. Han aprendido a tolerarse, ha cambiado el tipo de población inmigrante: ya no son todos jóvenes solos, que además de venir buscándose la vida traían una enorme sensación de libertad que les hacía atrevidos e incluso osados. Ya no. El incremento de población es más heterogéneo, ya no vienen sólo magrebíes, aunque sigan siendo la mayoría. Hay ciudadanos del Este, subsaharianos, latinoamericanos... y, sobre todo, ha habido una reagrupación familiar de los que entonces no se fueron. Hay más familias inmigrantes", dice el sociólogo Pepe Fernández, presidente de Apocon (Asociación por la Convivencia) y antiguo residente del municipio. "El 75% de los inmigrantes de entonces ya no está. No pudieron aguantar que no les dieran trabajo, que no les alquilaran casas, que no les miraran a la cara", dice Hamafi Hamza, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) .

Han cambiado algunas cosas, aunque pocas. Pocas porque el alcalde, Juan Enciso (PP), es el mismo desde hace 12 años, con altos índices de popularidad. "No se habla de temas de inmigración", dice un portavoz de su grupo. "Es la línea que se sigue desde entonces". Han convertido en tabú el principal problema del municipio, el fenómeno que ha propiciado su transformación. Tampoco la oposición es muy prolija y toma toda clase de cautelas.

La inmigración no da votos, más bien al contrario, y el discurso ha de ser muy comedido. "No se ha hecho casi nada de lo que se estableció como urgente después de los incidentes. Lo único que se ha mantenido es la dotación policial. Pero de promoción de viviendas, nada", dice una candidata socialista a las próximas elecciones. "Nosotros pedimos algunas cosas en los plenos, pero...".

Este ocultamiento verbal es también, y paralelamente, visual y social. En El Ejido ya no se ven tantos inmigrantes por las calles como hace tres años. En parte por los desalojos que la policía hizo en el centro del pueblo por orden de la alcaldía. La policía tiene hoy el doble de efectivos (120) que antes de los incidentes. El comisario, Ángel Fernández, se enorgullece de haber bajado los índices de delincuencia un 60%.

Pero también porque la destrucción de las chabolas y la instalación de los barracones prefabricados entre los laberintos de calles que forman los invernaderos, han conseguido hacer prácticamente invisibles a los casi 12.000 inmigrantes que hay empadronados. Aunque todo el mundo coincide en que esa cifra "no es real, hay muchos más".

Para verlos hay que hacer varios kilómetros entre los invernaderos, buscar lo que aquí llaman cortijos (construcciones en las que antiguamente se guardaban los utensilios de labranza), o irse a pequeñas poblaciones limítrofes, dispersas y casi invisibles entre la inmensidad de los plásticos, como San Agustín o Las Norias, donde los inmigrantes han conseguido que les alquilen viviendas y ya son más de un 20% de la población.

Así que, fundamentalmente, ha habido un desplazamiento. Los famosos guetos de los que hablaba el alcalde Enciso y que quería evitar a toda costa han surgido en las pequeñas barriadas de alrededor y, de momento, la situación se mantiene bajo cuerda. Incluso se han producido desplazamientos hacia zonas del levante almeriense, como los campos de Níjar, donde cada vez más agricultores compran tierras -más baratas- y donde cada vez se concentran más inmigrantes en situación de absoluta precariedad.

En un invernadero abandonado en Níjar viven hacinados, sin luz ni agua, 120 hombres. En Almería, con 44.000 inmigrantes empadronados y 16.000 explotaciones agrarias -30.000 hectáreas- hay muchos ejidos en potencia, que en cualquier momento pueden estallar.

Un hombre trabaja sobre el techo de un invernadero en Almería.
Un hombre trabaja sobre el techo de un invernadero en Almería.FRANCISCO BONILLA

Alojamientos COAG

Una de las principales reivindicaciones que se plantearon tras los incidentes de 2000 en El Ejido (Almería) fue, junto con la regularización de los inmigrantes y las indemnizaciones y reparaciones a los afectados, la de facilitar una vivienda digna a los trabajadores extranjeros.

Como medida urgente se instalaron unos barracones prefabricados, de los que hoy ya sólo quedan las bases. Y nada más. "Hay una falta total de interés político. Siguen mirando el tema desde un punto de vista electoral", dice Emilio Asensio, responsable del sindicato Comisiones Obreras. "Hubo un decreto de alojamiento y casi ningún municipio se ha acogido a él".

Ante esta situación y ante la exigencia sindical de que los trabajadores pudieran vivir en unas condiciones dignas, los agricultores de la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) decidieron actuar por su cuenta, por "la incompetencia de las Administraciones", según explica Antonio Oliver, secretario de la organización en Almería.

De este modo, han creado dos bolsas paralelas: una, de posibles trabajadores (1.300 inscritos hasta el momento) y, otra, de empleadores (4.000 afiliados) y se dedican a hacer casar la oferta y la demanda, de tal manera que incluso ofrecen trabajo en campañas de fuera de la zona.

Además, y dado que uno de los problemas mayores era el alojamiento -"nadie quiere alquilar viviendas a los inmigrantes", asegura Oliver-, se han convertido en una garantía para el arrendador. Ellos alquilan pisos y los trabajadores inmigrantes viven durante el tiempo que dure la campaña. Los ocupantes pagan 2,5 euros diarios, que incluyen agua y luz. En caso de que haya algún problema con el dueño del piso, siempre es COAG la que responde.

Un representante hace una ruta semanal por los pisos para interesarse por los trabajadores, la convivencia y los posibles problemas o necesidades. "Hemos demostrado que, si se quiere, se puede hacer. Nosotros tenemos la posibilidad de alojar a 120 personas ahora mismo, si es que no les da alojamiento el agricultor que los contrata. No es mucho, pero algo es algo. Y, sobre todo, es una lección a la Administración", añade Oliver.

Son los agricultores, de este modo, los que más han hecho por resolver el principal problema de los inmigrantes de la zona.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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