El Superior archivó la mitad de las querellas contra aforados por apología de ETA en 2002

Casi la mitad de las causas abiertas en 2002 contra parlamentarios por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia vasco por apología de terrorismo, injurias y calumnias han sido archivadas, al entender el tribunal que los hechos no eran constitutivos de "infracción criminal". La otra mitad no se ha resuelto aún. A partir de 2000, este tipo de querellas contra aforados de la izquierda abertzale ha experimentado un crecimiento continuo, según se recoge en las memorias del alto tribunal. Sin embargo, en esos tres años no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

¿Por qué se mostraba tan seguro el pasado 1 de marzo el parlamentario y líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, de la incapacidad de la Fiscalía para lograr una sentencia condenatoria contra él por injurias por sus declaraciones contra el Rey? La Fiscalía vasca, como otras veces, presentó una querella el 1 de abril contra él por haber afirmado, al hilo de las denuncias de torturas realizadas por Martxelo Otamendi y otros detenidos en el caso Egunkaria, que el monarca era el "jefe de los que han torturado a Torrealdai y Otamendi", como "jefe supremo de las Fuerzas Armadas españolas y, por lo tanto, mando último de la Guardia Civil", cuerpo que realizó la operación contra el diario en euskera.

Otegi, quien vaticinó que sería de nuevo archivada, no hablaba por hablar. Los datos recogidos en las tres últimas memorias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) apuntan precisamente que, pese al crecimiento de ese tipo de conductas presuntamente delictivas, no se ha producido ni una sola sentencia condenatoria.

Cambio en el Código Penal

El año 2000 marca un antes y un después en el tipo de delito que ha tenido que investigar la Sala Penal del Tribuna Superior en referencia a los parlamentarios vascos. Las memorias del alto tribunal anteriores a ese año, en concreto las de 1998 y 1999, apuntaban que la tipología del delito de la que venían siendo acusados los parlamentarios hacía referencia a la libertad, el honor y el orden público. Sin embargo, desde 2000, un año antes de que el Congreso de los Diputados endureciera el Código Penal al modificar el artículo 578 con el fin de perseguir el delito de justificación y enaltecimiento de una organización terrorista, las sucesivas memorias han reiterado el "predominio de la imputación de presuntos delitos de apología del terrorismo y de injurias o calumnias como consecuencia de declaraciones de aquéllos realizadas a través de los medios de comunicación", según refleja la última. Durante estos tres años, no se ha producido ni una sola condena contra aforados vascos, pese a que el número de querellas no ha dejado de crecer en este periodo, según remarca el alto tribunal en las tres últimas memorias.

La única memoria del Superior que aporta datos concretos es la de 2000. En ese ejercicio judicial, las causas penales seguidas contra parlamentarios vascos por apología del terrorismo, injurias o calumnias se elevaron a 12, frente a las tres que se habían instruido en todo el año 1999. Las dos últimas memorias no aportan más números concretos, pero ambas aprecian ese crecimiento sostenido. Se da la circunstancia de que en estos tres últimos años la mitad de las querellas por esos delitos se ha archivado sin recursos posteriores y la otra mitad se ha ido archivando conforme avanzaban los años judiciales, ya que en ningún momento se habla de ningún tipo de condena.

Aunque hay más casos, el de Otegi ha sido sintomático en relación con el delito de apología del terrorismo. La nueva regulación de ese delito, de diciembre de 2000, fija una pena de 1 a 2 años de prisión. Así, la fiscalía se querelló contra el líder independentista en agosto de 2000, después de que Otegi calificara, en un homenaje público, de "compañeros y patriotas" a los cuatro miembros el comando Vizcaya muertos en el barrio bilbaíno de Bolueta cuando trasladaban una bomba en un vehículo. La querella de la fiscalía fue archivada.

El 30 de julio de 2001, la fiscalía vasca presentó una querella contra Otegi y contra el también parlamentario de Batasuna Jon Salaberria por su participación en el homenaje a la etarra Olai Castresana, a la que le reventó una bomba en Torrevieja. La denuncia fue también desestimada por entender que asistir al entierro y portar el féretro de un etarra no supone enaltecimiento del terrorismo.

Despues, el 2 de julio de 2002, el propio presidente del Superior vasco, Manuel María Zorrilla, admitió el recurso de la fiscalía y aseguró que Otegi "recabó un aplauso para los gudaris de ETA caídos en la lucha por la causa de la izquierda abertzale y elogió la dignidad de la homenajeada".