El juez admite la querella de IU contra Fomento en el 'caso Prestige'

Los altos cargos de Fomento que decidieron alejar el Prestige de las costas españolas tras sufrir una avería el 13 de noviembre de 2002 han vuelto a ser objeto de una querella criminal ante el juez que investiga esta tragedia. Primero fue la plataforma Nunca Máis, ahora Izquierda Unida. Esta formación se convertirá en acusación popular tras ser admitida su denuncia por el juez de Corcubión, Javier Collazo.

El Gobierno debe afrontar, a su vez, una batalla judicial en Francia por los mismos hechos. Los sindicatos de ostricultores le han demandado ante el tribunal de Rochefort por vía civil como representante de la gestión del Estado español frente al Prestige, a la que imputan la marea negra sufrida en sus playas y por la que piden una indemnización de 10 millones de euros.

La querella de IU atribuye el "agravamiento" de la avería inicial del petrolero a la respuesta de tres cargos públicos: el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real; el director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, y el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa. Todos ellos se hallaban ya imputados en esta causa.

IU les achaca en su querella haber denegado el acceso a un puerto o zona de abrigo al petrolero siniestrado "desoyendo las razones de índole exclusivamente técnica que deberían haber guiado tal decisión". "De esta manera prolongaron los vertidos a lo largo de una amplia franja del litoral gallego, sometieron al buque a la navegación en medio de un temporal adverso (con el consiguiente sobreesfuerzo para la estructura de por sí dañada) y, finalmente, lo condujeron al punto donde se produjo su hundimiento, directamente al área barrida por la denominada corriente de Navidad, corriente marina que discurre en dirección norte y que trasladó inmediatamente después del hundimiento los vertidos hacia la costa de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia", concluye la denuncia.

El auto de admisión destaca "que los hechos que se detallan en la querella coinciden sustancialmente con los que se vienen investigando en el curso de las presentes diligencias". El auto proclama que no se advierten hasta la fecha indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la Administración General del Estado en tanto que persona jurídica, pero deja abierta una puerta a las consecuencias jurídicas de la actuación estatal por culpa de las actuaciones de sus gestores: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido tales entidades [el Estado español, entre otras] como consecuencia de alguno de los hechos cometidos por personas de quienes vinieran obligadas a responder y que son objeto de estas diligencias".

El juez admite también la querella de IU contra otros actores de la tragedia ecológica, como el capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras; el naviero del petrolero, Mare Shipping, y su armador, Universe Maritime.

Por contra, aunque no descarta un giro incriminador si la instrucción así lo aconseja, rechaza la querella de IU contra Remolcanosa, propietaria del remolcador Ría de Vigo enviado en socorro del petrolero por la Administración, ya que su "actuación el 13 de noviembre de 2002, en las horas previas al inicio de los intentos de remolcaje fallido del buque siniestrado, se produjo en ejecución del contrato por dicha entidad con la empresa pública Sasemar y, por consiguiente, bajo la única dirección de la sociedad estatal de salvamento".