Clos dice que la estación del AVE en el núcleo de El Prat perjudica al aeropuerto y a Cataluña

Las obras del aeropuerto de El Prat llevan dos años de retraso. La conexión del AVE al aeropuerto que se está pactando entre el Gobierno catalán y el Ministerio de Fomento no beneficia ni al aeropuerto, ni a Barcelona ni a Cataluña. El silencio del Gobierno central sobre el frenazo de Francia a la línea de alta velocidad entre Perpiñán y Montpellier es inaceptable. La Carta Municipal está en punto muerto, tanto en el Congreso como en Cataluña. He aquí el resumen de las declaraciones hechas ayer por el alcalde de Barcelona, Joan Clos, sobre la ciudad y sus perspectivas.

La conexión de la alta velocidad con Francia ha sido siempre asunto prioritario para Joan Clos. Un AVE entre Madrid y Barcelona convierte a la capital catalana en la periferia de Madrid, mientras que una línea de alta velocidad conectada con Francia confiere a la ciudad un papel central. De ahí que ayer lamentara el "silencio del Gobierno español" tras el anuncio de que Francia ya no considera urgente la conversión del tramo entre Perpiñán y Montpellier a la alta velocidad.

A este asunto se une que las negociaciones entre Fomento, el Gobierno catalán y los municipios sobre el trazado del AVE en el Baix Llobregat y la conexión con el aeropuerto de El Prat van, dijo Clos, por un pésimo camino. Tanto, que calificó la solución que se adivina (una estación en el centro de El Prat) como "absurda" y perjudicial para el aeropuerto, para Barcelona y para Cataluña. Clos reconoció que el Ayuntamiento de El Prat y los alcaldes de la comarca juegan a favor de una opción que produzca beneficios locales, pero añadió que no entendía que en las negociaciones no hubiera nadie defendiendo el aeropuerto ni los intereses generales de Cataluña.

Lo primero se explica, sugirió, porque para AENA el aeropuerto de Barcelona es subsidiario de Barajas. No tiene interés facilitar que capte usuarios en el arco mediterráneo, como ocurriría si la estación estuviera en el aeropuerto. El segundo punto (que el Gobierno catalán no piense en los intereses generales de Cataluña) es un asunto, dijo Clos, incomprensible.

Barcelona, defendió Clos, ha propuesto siempre una estación dentro del aeropuerto o, en su defecto y como mal menor y en aras del consenso, cerca de él. Una estación con tres requisitos: estar situada en la vía principal, muy cerca de las terminales y ser intermodal. Las dos terminales están conectadas con un people moover que puede prolongarse hasta la estación. Esto no tiene nada que ver con lo que propone el Gobierno catalán: una estación alejada del aeropuerto y conectada con él a través de un tren y del metro. "Una barbaridad", sentenció Clos, que se preguntó si un tren de Cercanías es el mejor sistema para ir de una terminal a otra, respondiendo él mismo que no.

"Si el 24 de abril se pacta esta solución, no pondremos obstáculos. No tenemos competencias para intervenir y no queremos retrasar más las obras, pero quiero dejar claro que esa propuesta no es la de Barcelona", dijo. "Eso sí", añadió, "que no venga el ministro diciendo que los retrasos se deben a los municipios. Hablamos de una línea con falta de estabilidad, con un subsuelo problemático, con una catenaria que se rompe, electrificación defectuosa, y encima el ministerio pretende excusar sus retrasos atribuyendo la culpa a los municipios. Pues no".

El problema ferroviario de Barcelona no acaba en la línea de alta velocidad. Ahí están también los de la línea Vic-Puigcerdà. "Hemos asistido a meses de acusaciones mutuas entre Renfe y la Generalitat sin que nadie hiciera nada, y al final se han producido descarrilamientos y otros problemas". La solución de la línea pasa, sostuvo, por hacerla nueva y dotarla de capacidad para los trenes de Cercanías y los de mercancías, dos servicios que, dijo, "no están bien servidos".

El último punto del cuaderno de quejas de Joan Clos hizo referencia a la Carta Municipal. "En Madrid no se avanza", aseguró. "Hay discrepancias políticas de fondo en tres de los cuatro puntos de la carta". El acuerdo se produce en el reconocimiento del derecho municipal de dotarse de una organización propia. El desacuerdo afecta a la justicia local, al refuerzo de la autoridad municipal y a los cambios en el modelo de financiación. Tampoco van las cosas mejor en Barcelona. La negociación con el Gobierno catalán está parada en los servicios sociales. "Si el Gobierno catalán destinara a servicios sociales en Barcelona la misma cantidad media que al conjunto de Cataluña, la ciudad recibiría 90 millones de euros", dijo.