Jueces para la Democracia cuestiona la reforma judicial y su tramitación urgente
Critica que no se le consultara y que se impida ingresar en la judicatura a juristas de prestigio
Jueces para la Democracia (JpD), asociación judicial progresista y minoritaria, protestó ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando Santiago, por no haberle consultado sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, antes de informar sobre el anteproyecto. JpD cuestiona la reforma, su tramitación urgente y el informe del CGPJ que, entre otros puntos, propone suprimir el acceso de juristas de prestigio a la Magistratura.
El secretariado de JpD reprocha al Consejo no haber consultado a los "primeros afectados por esa reforma", contraviniendo el espíritu del Pacto de Estado por la Justicia; "las numerosas llamadas al consenso por los responsables políticos", y "el derecho de los jueces y sus representantes y organizaciones profesionales a ser consultados sobre los proyectos de modificación de su estatuto", tal como proclama el Consejo de Europa.
La dirección de JpD critica "rotundamente" que, con la excusa de emitir un informe sobre el anteproyecto, varios vocales "pretendan poner en cuestión la Ley del Jurado, reducir la importancia de la Escuela Judicial o suprimir el ingreso en la carrera judicial a través del denominado tercer turno". La supresión de este turno de acceso "persigue evitar que la carrera judicial se enriquezca con la aportación de juristas de reconocida competencia", según la asociación judicial.
Incapacitación de jueces
En cambio, JpD cree que la reforma debería "regular la incapacitación para la profesión de juez en el caso de patologías que, sin suponer la incapacidad civil, sean incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional".
También critica que la reforma pretenda que los magistrados que ingresen por el turno de juristas de reconocida competencia tengan que "superar un curso teórico-práctico de selección", que revela "la injustificada inquina contra los magistrados de esa procedencia". Denuncia también "el sistema de depuración de ciertos letrados" del Consejo "que tienen nombres y apellidos".
Respecto de los aspectos positivos de la reforma, como la introducción de la segunda instancia penal, JpD cree "asombroso que no venga acompañada de la previsión de dotación de las salas que han de conocer de ella".
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