Sin miedo a la libertad
La libertad es uno de los valores básicos de nuestra convivencia democrática. Veinticinco años después de haber recuperado la democracia y nuestras instituciones de autogobierno, Cataluña disfruta de los niveles de bienestar, de progreso y de libertad más altos de nuestra historia. Los catalanes no siempre hemos disfrutado de un régimen democrático de libertad. Han sido muchos los catalanes que han muerto por defender sus ideas, que han sufrido torturas y que han sido encarcelados por oponerse a la tiranía del terror, de la coacción, del miedo. En la Cataluña de hoy todo el mundo tiene el derecho a expresarse libremente y a defender sus ideas sin que nadie sea coaccionado ni amenazado. Somos un país pacífico que ha hecho de la convivencia uno de los elementos fundamentales de nuestra identidad como pueblo.
Los actos vandálicos contra sedes del PP ponen en peligro una convivencia que ha costado construir
Si no queremos perder la libertad, es necesario que todos juntos trabajemos por mantener su significado: la tolerancia, el respeto a la diferencia, la capacidad de los ciudadanos libres de opinar libremente. Cuando los políticos abandonan la crítica para abrazarse al insulto y cuando los diputados dejan sus escaños y cambian el Parlamento por una pancarta, reconocen que no se sienten satisfechos, que la vía parlamentaria se ha agotado y que es necesario dar un paso más.
Ahora es la guerra en Irak, pero también ha sido el hundimiento del Prestige, el Plan Hidrológico Nacional, la llamada y nunca demostrada involución autonómica, la supuesta agresión al catalán por el simple hecho de oponerse a una determinada política lingüística, el expolio fiscal, la Ley de Extranjería, el acuerdo por las libertades y contra del terrorismo o la Ley de Partidos. Cualquier excusa ha sido válida para satanizar al PPC. Incluso Pasqual Maragall ha llegado a decir que quien pactaba con el PPC era un mal catalán. Durante las últimas semanas se ha dicho que para parar la guerra de Irak se debía parar al PP. Este ha sido el discurso de muchos dirigentes políticos de este país.
Cuando diputados repiten, desde la tribuna del Parlament de Catalunya y sin ningún tipo de vergüenza, que el PPC es un partido franquista; cuando Maragall se atreve a comparar a Aznar con el lugarteniente de Hitler y se dice, además, que el PP es el responsable de la muerte de mujeres y niños en Irak, ¿cómo puede alguien extrañarse de que algunos ciudadanos salgan a la calle para parar al PP de cualquier manera?
Incluso el presidente de la Generalitat ha denunciado que en Cataluña se están haciendo planteamientos de una gran radicalidad y que algunas fuerzas políticas utilizan el conflicto en Irak con finalidades partidistas. Jordi Pujol ha reconocido ahora la cobardía de la clase política catalana para condenar las agresiones contra los dirigentes del PPC. En 1999, un grupo de estudiantes independentistas agredió al escritor Jon Juaristi y a un dirigente del PPC en la Universidad de Barcelona. La respuesta del presidente de la Generalitat consistió en tildar de "tontos" a los agresores por hacer -según él- "un favor al PP".
Es muy sano en democracia manifestarse para lograr unos objetivos sociales, reivindicar cambios en la orientación política de los gobiernos o condenar la guerra. A todos y cada uno de los diputados y concejales del PPC les asiste el mismo derecho constitucional para pronunciar con normalidad democrática una conferencia en la Universidad central o en la Pompeu Fabra, participar en un acto organizado por cualquier asociación de vecinos o presentar, sin amenazas ni agresiones, la candidatura municipal de Reus.
Hace unos días, Josep Antoni Duran Lleida decía -con una actitud impropia de alguien que representa a una formación política democristiana- que era el PP el que fomentaba el odio aldenunciar que los ataques a sus sedes eran actos nazis. ¿Cuál es la consideración que le merece a CiU aquellos que impiden el normal ejercicio de la democracia por medio del insulto, la violencia y la coacción?
Desde el día 10 de febrero, se han producido en Cataluña más de 76 actos vandálicos contra las sedes y los dirigentes del PPC. En los últimos siete años, sólo en Cataluña, se han lanzado 372 artefactos explosivos. No se trata de simples pintadas o del lanzamiento de piedras, situaciones éstas que también generan miedo y coartan la libertad de las personas que las reciben. No podemos bromear ni decir, como ha dicho Jordi Pujol, que produce reparo condenar estas acciones. No podemos continuar mirando hacia otro lado como si nada de esto sucediera en Cataluña. No lo podemos hacer y no queremos hacerlo, porque hay muchos catalanes que han sufrido directamente esta violencia en su piel.
Ha llegado la hora de que el Gobierno de la Generalitat, pero también los partidos que consideran que es una provocación que profesores universitarios vascos o dirigentes políticos asistan a jornadas, debates y mesas redondas en las universidades catalanas, reflexionen sobre lo que está pasando en este país. Cataluña no es el País Vasco, pero debería ser motivo de reflexión profunda por parte del Gobierno y de los partidos políticos catalanes -también de aquellos que, como el PSC, se aprovechan políticamente de estas agresiones para cargar contra la policía y la Delegación de Gobierno- que en la Cataluña de hoy, en el contexto de una sociedad plural, tolerante y abierta, puedan existir pequeños grupos fascistas que, bajo una pretendida reconstrucción nacional o un falso pacifismo, puedan atentar y limitar la normalidad y la convivencia democrática que tanto ha costado alcanzar.
Daniel Sirera es portavoz adjunto del PPC en el Parlament de Catalunya.
