Becas de investigación
El pasado 9 de marzo, EL PAÍS publicó una nota en la que se recogía el compromiso electoral de Rafael Simancas, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad por el que "todos los investigadores doctores y parte de los doctorandos de la región que ahora están becados tendrán contrato laboral".
Como interlocutor durante la reunión en la que se adquirió dicho compromiso me gustaría tener la oportunidad de destacar el importante cambio de concepto que supondría este acuerdo. Actualmente en España, la mayoría de las personas que se van a dedicar a la investigación van a permanecer en situación de becario entre 10 y 12 años, existiendo casos peores. Durante este larguísimo periodo de tiempo, el investigador no está amparado por el Régimen General de la Seguridad Social. El investigador queda excluido de esta protección con el triste argumento de que está "en formación", como si eso fuera algo malo.
El caso es que así están las cosas y por eso, la Federación de Jóvenes Investigadores demanda que se acabe con la vetusta política de becas y que se implante una carrera investigadora que reconozca esta actividad profesional con contratos laborales desde el primer día de incorporación a su puesto de trabajo.
Por su parte, Simancas se refería a un sistema muy concreto: aproximadamente a los dos años del comienzo de la carrera investigadora, hay que superar una prueba que conduce a la obtención del diploma de estudios avanzados (DEA). Este diploma declara que el titulado tiene suficiencia investigadora. En Aragón se decidió que a partir de ese momento, la relación del investigador con el centro en el que trabaja pasa a ser laboral, durante otros dos años, los que se necesitan normalmente para llegar al grado de doctor. Este modelo se llamó así "2+2".
A este sistema se refería el candidato, a aquellos que obtengan el DEA. Un paso que nos acercaría -sin llegar- a países con políticas científicas tan sólidas como Holanda, Suiza, Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia. Ojalá no quede todo en palabras.
