La nueva cara del museo al aire libre

El Ayuntamiento de Madrid instaló hace diez meses en el Museo de Escultura al Aire Libre del paseo de la Castellana un sistema de cámaras de videovigilancia para evitar que las valiosas obras de arte que alberga la plaza, justo debajo del puente de Eduardo Dato, sufriesen más daños.

Hasta ese momento, las esculturas habían sufrido múltiples agresiones. Por ejemplo, en 1999 unos vándalos dañaron la obra El homenaje a la hoz y el martillo, de Julio González. En otra ocasión, la obra Un món per a infants (Un mundo para niños), del artista valenciano Andreu Alfaro, fue objeto de otro ataque.

Las agresiones le costaban al Ayuntamiento una media de 10.000 euros anuales, y el entorno, además, se degradaba cada vez más. La instalación de las cámaras abrió un polémico debate sobre si el sistema violaba o no la intimidad de los paseantes.

Ahora, tras diez meses de funcionamiento, el debate prácticamente se ha diluido y el efecto que ha conseguido la videovigilancia ha sido expulsar a los mendigos, a los jóvenes que hacían botellón en la plaza y a los patinadores. Las decenas de jóvenes que antes se colgaban de las esculturas del museo para tomar impulso y volar mejor subidos a sus patines se han tenido que buscar otros lugares de diversión. A algunos se les puede ver en la plaza de Colón los fines de semana haciendo virguerías con los patines o montados encima de un monopatín.

"Nos movemos por varios lugares, siempre pendientes de que la policía no nos pille, aunque por la plaza de las esculturas hace meses que no aparecemos", explica Juan G., de 17 años y patinador en sus ratos libres.

Aunque los patinadores han abandonado el lugar, fuentes policiales aseguran que la plaza sigue siendo un punto de reunión para jóvenes. "La gente sigue quedando allí porque el espacio está resguardado de la lluvia y del sol. A veces quedan restos de suciedad, como vasos, porque no se puede controlar a toda la gente que sale con copas de una discoteca que está al lado. Pero la gente ya no hace botellón aquí como antes de la instalación de las cámaras", explican dichas fuentes. La videovigilancia ha tenido otro efecto: los edificios contiguos a la plaza han reforzado la vigilancia privada para evitar que los chavales, al no poder estar a sus anchas por miedo a las cámaras, entrasen en los inmuebles.

En general, la experiencia con el sistema de videovigilancia "ha sido positiva y las incidencias han sido muy escasas". "Prácticamente no ha pasado nada en estos diez meses porque la gente sabe que están las cámaras. Tan sólo hemos tenido que echar a algún carterista o a algún mendigo que venía a pedir limosna a los turistas", explican en la Policía Municipal. "Las esculturas se han mantenido en perfecto estado", añaden.

Un agente de la Policía Municipal se encarga las 24 horas del día de vigilar la zona dentro de una garita, donde controla las imágenes captadas por las cámaras a través de varias pantallas de televisión. Los planes municipales son que en el futuro esas imágenes pasen a un puesto central de la policía. Además, el agente está conectado con la Unidad de Policía del distrito de Salamanca por si tuviese que alertar de algún percance. La ausencia de incidencias ha sido tal, que el agente apenas tiene anécdotas que contar: "Bueno, a veces vienen colegios y lo típico es que los niños saluden a las cámaras", cuenta el agente, intentando hacer memoria de algún suceso algo más apasionante. "¡Ah!, y los primeros días tuve que llamar varias veces a los que querían orinar en la plaza", añade.

El sistema de videovigilancia, el primero y de momento único que se implantó en la región, empezó a funcionar el pasado 25 de junio y fue una iniciativa del concejal de Rehabilitación, Sigfrido Herráez. El funcionamiento de las 10 cámaras está amparado por la Ley de Videovigilancia de 1997 y cuentan con el permiso de la Comisión de Videovigilancia y la Delegación del Gobierno. Las 10 cámaras, que son fijas, enfocan directamente a las 17 esculturas.

Ocho placas informativas avisan a los viandantes que pasan por el museo al aire libre de que se mueven por una zona vigilada por cámaras. La Comisión de Videovigilancia exigió al Consistorio que las cámaras no captasen sonidos y que las grabaciones fuesen destruidas en el plazo de una semana, salvo que tuvieran relación con infracciones penales graves.