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Un acta revela que Fabra negoció sobre el solar de Renfe un año antes

María Fabra

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, ha recibido una nueva prueba documental sobre la querella contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el administrador de Lubasa, Luis Batalla, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público, presentada por los concejales socialistas.

Se trata de un acta que desvela que el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, negoció las condiciones de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El acta es de junio de 2000, mientras que la operación que se inició con la modificación y acabó con la adjudicación del desarrollo de la zona a Calviga, filial de Batalla, tuvo lugar en 2001.

La prueba no menciona a la constructora, pero sí pone en boca de Fabra las negociaciones previas entre el equipo de gobierno popular y El Corte Inglés para su ubicación en Castellón. El procedimiento administrativo comenzó con la modificación de la calificación y las posibilidades de edificabilidad de los terrenos y concluyó con la adjudicación a Calviga de la urbanización de la zona a cambio de un solar rectangular de 6.000 metros cuadrados que la constructora venderá a El Corte Inglés.

El acta recoge la intervención de Alberto Fabra en una reunión del consejo de participación ciudadana, que se convocó con un único punto: Urbanización del solar de la antigua estación de Renfe. Según el documento, Fabra dijo que "El Corte Inglés ha manifestado interés por instalar un centro comercial en estos solares. Se está negociando que esta comercial asuma la construcción del bulevar (...). El Corte Inglés precisa 6.000 metros cuadrados en superficie y 10.000 subterráneos para aparcamientos y su instalación posibilitaría la construcción del bulevar y en consecuencia la apertura de viales, al tiempo que revalorizaría toda la zona y reforzaría la capitalidad de Castellón".

Según fuentes socialistas, este documento demuestra que Fabra "mintió" ante el juez, ya que negó negociaciones previas al cambio del PGOU y dijo desconocer las necesidades de edificabilidad para el centro comercial.

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