¿Un 'marco propio' de pensiones?

El debate sobre las pensiones en Euskadi se ha centrado en exclusiva, hasta la fecha, en si es factible o no la transferencia de la Seguridad Social tal como la pretenden los partidos nacionalistas. Ahora el nacionalismo se ha retratado y, bajo la ideologización soberanista del "modelo propio de Seguridad Social", nos presenta por boca del consejero de Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga (EA), un plan para desarrollar las entidades de previsión social voluntaria de empresa (EPSVs), que sintonizan ideológicamente con las posiciones de la OCDE, el FMI, el Ecofin y, sobre todo, con las entidades financieras. Una vez más, el marco legitima el contenido del cuadro.

En línea con estas organizaciones económicas y financieras, el Gobierno vasco argumenta la no sostenibilidad y viabilidad del sistema público actual, por lo que "una parte sustancial del mismo es necesario que sea gestionado por entidades privadas". El razonamiento clave es el envejecimiento de la población. Los datos estadísticos y demográficos demuestran un incontrovertible incremento de la población mayor y la reducción de las tasas de natalidad, que "hará más oneroso en el futuro la financiación de un gasto creciente". Esto hace inexcusables ciertas reformas en las políticas sociales, que supongan una reducción del gasto social público "insostenible" y un fomento de la previsión privada.

Con esta iniciativa el nacionalismo se propone ser el mejor agente comercial de las entidades financieras

En un sistema privado los riesgos de la prestación los soporta individualmente el pensionista

Los economistas ortodoxos más reputados vienen haciendo análisis predictivos, cuya fecha emblemática fue en un principio el año 2000, respecto de la evolución demográfica, del crecimiento económico del empleo y de los salarios, siempre con el objetivo de legitimar una mayor incorporación de la iniciativa privada en el negocio de pensiones. Como muestra de sus equivocadas predicciones, hay que recordar que el estudio de la Fundación BBV daba un déficit en la Seguridad Social para el año 2000 del 1,65% del PIB (1,7 billones de pesetas). También nos alarmó con otro estudio en el que predecía un déficit para ese mismo años de nada menos que del 2,7% del PIB (prácticamente 3 billones de déficit). Pues bien, no ha habido déficit alguno. En 1999, el superávit del sistema alcanzó unos 244.000 millones de pesetas; en 2000, los 609.000 millones de pesetas (0,6% del PIB), en 2001 en torno a los 800.000 millones de pesetas (0,74% del PIB) y en el 2002 el superávit ha sido de más de medio billón de pesetas.

La revista de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) publicó un número especial en relación con el envejecimiento, de la que quiero destacar la aportación del experto H. Schulz: "Uno de los mayores engaños perpetrados hoy en el mundo industrializado es la proclama de la noción de que en todo el mundo el envejecimiento de la población ha creado una crisis", afirma. Para este autor, más importante que la tasa de dependencia -relación entre el número de personas en edad de trabajar y número de personas mayores- es el crecimiento económico, la productividad, ya que ésta determinará el futuro de los sistemas de pensiones, sean públicas o privadas.

Al Gobierno vasco no le interesa analizar los cambios en el mercado de trabajo, la desaparición del trabajo estable como regla y la generalización de la precariedad, las nuevas formas de trabajo -autoempleo, subcontratación, teletrabajo...- o la entrada tardía en el empleo, entre otras causas, que explican un dato muy significativo: las bases de cotización de los nuevos cotizantes son de media un 37,43% inferiores a las del conjunto del sistema y las de las nuevas contrataciones femeninas un 13,35% inferiores a las de los varones.

El Ejecutivo autónomo pretende que, mediante la negociación colectiva y contando con el apoyo de los agentes sociales, se consiga que el 70% de los perceptores de rentas salariales y profesionales se adhieran a los sistemas privados de pensiones. Pero no le vale cualquier aportación. Debe ser como mínimo el 6% del salario para poder cubrir el 20% de la pensión final. Esto resulta poco atractivo para los trabajadores, cuando con una cotización al sistema público apenas superior en unas décimas obtienen una pensión completa, sin hablar de otras prestaciones que cubre la Seguridad Social, como las sanitarias.

Soy partidario, tal y como lo ordena nuestra Constitución, de mantener un régimen público de pensiones, que se pueda complementar con fondos de capitalización, preferentemente de empleo o colectivos. Esto hay que acordarlo con los agentes sociales. Pero, ¿y si no hay acuerdo? Se ha hablado de imposición. Pero, detraer una parte de las cotizaciones sociales obligatorias, de manera impositiva, para ingresarla en un fondo privado sería claramente inconstitucional.

Para hacer su propuesta atractiva, el Gobierno vasco ofrece unas ventajas fiscales muy generosas. Plantea cambiar la deducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones y, en lugar de reducir la base imponible, se deduciría sobre la cuota íntegra y en unos porcentajes elevadísimos: entre el 30 y 35%. (¿Las ha consensuado previamente con las Haciendas forales?). El cambio en la fórmula de deducir quizás sea la medida menos criticable, al ser aparentemente la más justa. Sin embargo, una deducción fiscal tan elevada seguiría beneficiando a las rentas más altas y supondría un grave recorte de la recaudación fiscal.

La financiación del plan mediante subvenciones para su creación y desarrollo, gastos de formación y fondos que indemnicen a posibles víctimas de fraude suponen un gasto público de más de 54 millones de euros. Esto, socialmente, es muy preocupante. Y entrando en núcleo de la propuesta, hay que clarificar que en los sistemas complementarios la prestación futura resulta imprevisible y transfiere al trabajador el riesgo de inversiones en marcados financieros muy volátiles. Tampoco son inmunes a los problemas demográficos, ya que si hay más trabajadores pasivos que activos los valores que se pongan en venta se devaluarán por el simple efecto de una mayor oferta que demanda.

Los riesgos de inflación y de mayor longevidad son soportados por el pensionista individualmente. Pero, sobre todo, se eliminan los elementos de solidaridad que tienen los sistemas públicos de reparto (por ejemplo, cotización en materia de desempleo, maternidad o enfermedad), además de avivar las diferencias de género. Es curioso que en los sistemas de pensión privados la mayor esperanza de vida de la mujer produce una discriminación, ya que se le recorta la pensión.

Estoy convencido de que en breve va a haber una campaña respecto del "modelo de los tres pilares", implantado en países como en Suecia y Alemania: el sistema público, el complementario de carácter colectivo y la aportación que procede del ahorro individual. No valen importaciones interesadas, de carácter parcial, sin contemplar los sistemas en su conjunto: el nacionalismo político se ha desenmascarado y se propone convertirse en el mejor agente comercial de las entidades financieras.

Se ha olvidado de cuestiones tan importantes como los cambios en el mercado de trabajo, los cambios sociales de la incorporación de la mujer al trabajo, de la estructura familiar, de las nuevas formas de convivencia y sobre todo de las necesarias políticas de empleo y de crecimiento económico.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) del País Vasco.