Jueces españoles y marroquíes sitúan el interés del menor delante de religión y cultura

Las delegaciones de jueces españoles y marroquíes, que ayer clausuraron la reunión iniciada el jueves en Valencia concluyen que el interés del menor en casos de secuestro está por encima de la religión y la cultura. Por ello, señalan la necesidad de activar acciones a través de la coordinación judicial y así lograr una ágil respuesta a los conflictos que se generan cuando padres de origen marroquí trasladan a sus hijos españoles de forma ilegal.

El documento de conclusiones, sobre el que la delegación marroquí expresó su intención de que no se trasladara a la opinión pública, recoge expresamente la voluntad de armonizar las interpretaciones de los distintos textos jurídicos para que en los casos de secuestro de menores no estén por encima de los derechos del menor, del interés de su adecuado desarrollo y de las decisiones de los tribunales, condicionantes de tipo cultural o religioso. Tal como señaló Juan Pablo González, presidente de la comisión de relaciones internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado viernes mientras se celebraba la sesión de trabajo en materia civil, el gran obstáculo entre Marruecos y España en materia de menores es que en aquel país la filiación está ligada exclusivamente con el padre mientras en España la patria potestad es compartida entre padre y madre. La evidencia que retrata las dificultades de resolver las diferencias es que desde 1997, fecha en la que ambos países firmaron un convenio de colaboración, España ha tramitado a Marruecos 16 expedientes por secuestro de los que se han solucionado 10 pero ninguno por la vía judicial.

Prioridad indiscutible

Ante esa situación, en el documento de conclusiones presentado ayer en la Ciudad de la Justicia, se hace constar expresamente que el interés del menor debe ser una prioridad indiscutible de acuerdo con el Convenio de Nueva York de Derechos del Niño firmado en 1989. También se recoge que a los traslados ilegales se les debe dar prioridad en atención a las condiciones de adaptación psicológica del menor. Y, además, se hace mención expresa a la urgente tramitación de los visados cuando se han establecido regímenes de visita.

Además de la mesa civil, los representantes de la Corte Suprema de Marruecos, de la Fiscalía General de aquel país y del Tribunal Supremo de España han trabajado en otras tres que se han ocupado de las materias penal, mercantil y laboral, aunque no ha trascendido el detalle de los debates. Como valoraciones generales, Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo, señaló que había sido un éxito y habían permitido un mayor y mejor conocimiento de realidades que interesan especialmente a los inversores españoles en Marruecos y a los trabajadores marroquíes en España. Driss Dahak, presidente de la Corte Suprema de Marruecos, dijo: "Estos debates han sido muy importantes y oportunos en atención a proximidad de un nuevo código marroquí de arbitraje internacional y, en particular, sobre la extinción o cesación de trabajo".