Claro que no es eso

El lanzamiento de dos artefactos caseros contra sendas sedes del PP en Pontevedra constituye un hecho grave que debe preocupar a todas las fuerzas políticas, al margen de cuál sea su posición respecto a la guerra de Irak. Dirigentes del PP extrajeron ayer conclusiones exageradas o directamente disparatadas sobre la responsabilidad última de tales hechos; pero no cabe minimizarlos como síntoma del profundo deterioro que se está produciendo en la cabalización de las discrepancias políticas.

El Gobierno invoca la legitimidad de su mayoría parlamentaria para adoptar las decisiones que ha tomado en apoyo de la guerra declarada por Bush, aunque las encuestas revelen que una amplísima mayoría de la opinión está en contra. Carece de justificación, por ello, tratar de deslegitimar al Gobierno o de criminalizar al PP por los efectos de la guerra. Carece igualmente de sentido cuestionar el derecho de los ciudadanos a expresar su desacuerdo y culpabilizar a millones de pacíficos manifestantes de los actos vandálicos de unos pocos. Y sin embargo, hemos entrado en una espiral de mutua descalificación que no se corresponde con la situación general de España, y que no es comparable a la existente en otros países de nuestro entorno.

Es inverosímil que Zapatero o Llamazares estén detrás de las agresiones y coacciones contra el PP. Tales acciones perjudican la amplitud y continuidad de la movilización contra la guerra y, desde luego, no favorecen las perspectivas electorales de la izquierda. PSOE e IU reiteraron ayer su rechazo a toda violencia en la protesta contra la guerra, y sus dirigentes transmitieron su solidaridad a los del PP.

¿Deberían hacer algo más? Tal vez sí. Tal vez deberían hacer una declaración expresa de rechazo no sólo de las agresiones, sino de los excesos verbales; de las manifestaciones que tachan de asesinos a los diputados y dirigentes del PP, responsabilizándoles de manera personal de los efectos terribles de la guerra. Que la gente salga a la calle a protestar contra la guerra o la pésima gestión de la crisis del Prestige es señal de vigor democrático; ese vigor debe manifestarse ahora también contra quienes utilizan esas causas como pretexto para actuaciones violentas y coactivas. En definitiva, antidemocráticas.