El Barça recurre a la justicia ordinaria para frenar el cierre del Camp Nou

El Barça dio ayer un paso que era un secreto a voces desde hacía tiempo. El abogado Miquel Roca Junyent presentó en el juzgado central, en Madrid, un recurso contra el cierre del Camp Nou por dos partidos debido a los incidentes del último clásico, en el que Figo sufrió una lluvia de objetos. La federación quería que el castigo se empezara a cumplir el día 12, contra el Deportivo, o el 26, contra la Real. El Barça sostiene que aún le quedaba un último recurso que interponer ante los organismos deportivos y se ha acogido al amparo del juez en una medida de consecuencias imprevisibles.

La directiva es consciente de que la UEFA y la FIFA prohíben a sus clubes asociados apelar a la justicia bajo el riesgo de ver amenazados sus derechos federativos (suspensión de licencias) y la disputa de torneos. Pero la junta del ex presidente Joan Gaspart ya decidió en diciembre, cuando se conoció la primera sanción por dos partidos del Comité de Competición, demorar al máximo el cierre para no agravar más la crisis del club. El presidente Enric Reyna no ha cambiado de táctica. Ya dijo anteayer que quiere pasar a la historia "como un gran presidente" y no quiere asumir ese borrón en su hoja de servicios. Tras perder todos las apelaciones, Reyna quería presentar en un mes un recurso de reposición ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. Pero la federación afirma que se trata sólo de una medida de gracia que no frena la sanción y ordenó el cumpliniento inmediato de ésta. El Barça tenía de plazo hasta hoy para designar dónde quería jugar contra el Deportivo. No lo ha hecho y ha acudido al juez.

"Hemos intentado evitar hasta el último momento recurrir a la vía judicial, pero nos hemos visto abocados por razones que perjudican gravemente al club, a sus 100.000 socios y a sus millones de seguidores", rezaba ayer la nota difundida por el Barça, que recuerda que aún no había agotado los recursos por la vía deportiva. "El club está en su legítimo derecho de acudir a los tribunales como cualquier 'ciudadano' u 'organismo' que sienta sus derechos vulnerados". El abogado y ex líder convergente, Miquel Roca, vinculado a la Fundación azulgrana, solicitó ante el juez en el recurso contencioso administrativo la suspensión cautelar y la abolición de la sanción. El Barça siempre ha defendido que el castigo es desproporcionado porque considera que los incidentes fueron de "orden público" y que, además, no hubo heridos. Y algo más: esgrime que no puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho, porque está pendiente de que el secretario de Estado para el Deporte resuelva acerca de la propuesta de la Delegación del Gobierno de Barcelona sobre los incidentes. Este organismo pidió primero la clausura del Camp Nou y una multa, pero luego limitó el castigo a una sanción de 70.000 euros.

La federación, de momento, se mantiene a la expectativa. Su presidente, Ángel María Villar, ya avisó a Reyna de la imprudencia de recurrir a la justicia. Villar, de hecho, perdonó al Barça en 2000 el castigo de quedar excluido un año de jugar la Copa del Rey por negarse a jugar las semifinales contra el Atlético por no disponer de sus internacionales holandeses. Esta vez no ha atendido a las súplicas del Barça. La federación ha decidido prorrogar hasta las 18.00 horas del lunes el plazo que tenía el club para elegir dónde desea jugar (no puede ser Montjuïc por ser un estadio del mismo municipio y se barajaban las opciones de Lleida y Zaragoza). Si no lo hace, la federación decidirá. La otra posibilidad es que el juez se pronuncie el lunes o a principios de semana. Entonces la federación acatará el plazo judicial.

El Deportivo fue, curiosamente, uno de los primeros clubes que se ampararon en la justicia, concretamente cuando consideró desmesurado que Riazor fuera cerrado en 1996 porque una moneda alcanzó a un árbitro. El presidente César Augusto Lendoiro fue presentando sucesivos recursos y recibió en enero de 1997 al Barça en medio del proceso. La historia está para esto: la junta azulgrana emitió entonces una nota en la que lamentaba tener que jugar en un estadio que debía ser clausurado y advirtió de que su rival estaba sentando un grave precedente. Lendoiro desistió al final de su batalla jurídica cuando la FIFA le amenazó con excluir a su equipo del torneo europeo. Lendoiro fue inhabilitado año y medio. La justicia nunca ha dado la razón a los clubes: el Gimnàstic de Tarragona logró el año pasado que un juez suspendiera de forma cautelar los seis partidos de sanción por los incidentes en el jugado contra el Poldeportivo Ejido, pero finalmente perdió la batalla jurídica en la Audiencia Nacional. Este tribunal dictó en marzo pasado un auto por el que que obligó al Nàstic a cumplir de forma inmediata la sanción y recomendó que los castigos se cumplan con rapidez para atajar los actos violentos.

La junta, inmersa en una crisis económica y en una sensación de provisionalidad por no haberse convocado ya las elecciones, recibió ayer las críticas de parte de la oposición. El candidato Lluís Bassat confía en que Reyna haya tenido en cuenta la trascendencia del paso dado.