Destacados juristas proponen una ley para revisar sentencias franquistas

Un grupo de juristas pertenecientes a diferentes sensibilidades políticas, entre ellos varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Audiencia de Barcelona, además de reconocidos constitucionalistas, han redactado un anteproyecto de ley para revisar y anular las "sentencias injustas" dictadas durante el franquismo por las que miles de personas fueron encarceladas y represaliadas por motivos políticos.

Los promotores presentaron su iniciativa al presidente del Parlament, Joan Rigol, el pasado 1 de abril, aniversario del final de la Guerra Civil española, y en breve se entrevistarán con todos los grupos parlamentarios para iniciar su tramitación. La previsión es que el proyecto de ley se apruebe en esta legislatura y posteriormente sea remitido al Congreso de los Diputados para que su ámbito de aplicación sea en toda España.

"El reloj de la historia marca la hora de hacer justicia, especialmente a los que lo dieron todo y nada recibieron, y de otorgar reconocimiento por su enseñanza y sacrificio". Así se expresa la exposición de motivos del anteproyecto de ley "de regulación de situaciones jurídicas originadas por la guerra civil". El borrador establece de manera clara que podrán revisarse todas las sentencias dictadas entre el 17 de julio de 1936, la víspera del levantamiento militar, y el 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte de Franco. La aplicación de la ley se limita a cuatro años y abarca todos los ámbitos: penal, civil, social, militar o contencioso-administrativo, siempre que se crea que hubo un juicio sin garantías y que se trató de una represalia política.

El anteproyecto ha sido redactado por el magistrado Ángel García Fontanet, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien sugirió la conveniencia de esta ley en un artículo publicado en EL PAÍS el pasado 21 de enero. El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que preside José Manuel Bandrés, también magistrado del TSJC, hizo suya la idea y le encargó a García Fontanet la redacción. Además, se formó una comisión con personas de diferentes ideologías para el seguimiento de la tramitación del anteproyecto en la que figuran, entre otros, el senador y padre de la Constitución Jordi Solé Tura, el historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte y el histórico militante comunista y ex diputado Miguel Núñez. También han expresado su parecer favorable el catedrático de Derecho constitucional Luis López Guerra y el de Derecho administrativo Lorenzo Martín-Retortillo, así como los abogados Josep Maria Socias Humbert y Josep Maria Solsona.

Leyes vigentes

Para hacer posible la revisión de las sentencias se aplicarían las leyes actuales en cada ámbito, de manera que en el área penal regiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que el fiscal podría actuar de oficio y también podría solicitar la revisión de sentencias. Si no fuera así, la fiscalía se podría considerar parte demandada, al igual que la abogacía del Estado en el resto de procesos y de los interesados en mantener las sentencias que se pretende revisar. Si los demandados no se presentan, el juez podrá dictar sentencia y si faltasen documentos para demostrar la veracidad de la demanda, el tribunal podrá suspender la tramitación durante un año y solicitar de la administración que se busquen esos documentos. Estos procesos de revisión judicial se declaran preferentes y serán gratuitos, como cualquier otra causa, al margen de la minuta del abogado. Podrá recurrirse contra la sentencia como pasa ahora.

La explicación de motivos del anteproyecto de ley explica que desde la promulgación de la Constitución se han impulsado muchas iniciativas para reparar los efectos de la guerra, pero advierte que todavía quedan rescoldos que hay que liquidar. "El heroísmo de muchos en las trincheras y en la retaguardia no fue inútil. Fue la semilla y el ejemplo para la construcción del actual Estado democrático y social de derecho", asegura el texto. García Fontanet considera que "en definitiva, se trata de una ley para facilitar la reconciliación, para recuperar la memoria y para que de una vez se haga justicia con estas personas".