Bush, contra la discriminación positiva
Conflicto en EE UU por las ventajas a minorías para acceder a la Universidad
La fractura histórica de la cuestión racial en Estados Unidos ha irrumpido de nuevo en la conciencia nacional con el debate en el Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la discriminación positiva, tal y como la practica la Universidad de Michigan en su política de admisiones. La Administración de George Bush cree que es ilegal considerar la pertenencia a una minoría como un elemento favorecedor, mientras que la Universidad defiende que su política de admisión busca crear una masa crítica entre el alumnado que sea estimulante para las minorías y refleje la paleta racial del país.
Miles de personas, en su mayoría estudiantes y miembros de grupos raciales minoritarios, se manifestaron el martes ante las escalinatas de la sede de factura clásica que acoge al Tribunal Supremo, donde los jueces debatían el caso. Pancartas que reclamaban con frialdad el mantenimiento de la actual situación compartían espacio con otras más irónicas, como la que atribuía a la discriminación positiva la llegada de Bush a la Universidad de Yale, una de las más elitistas y exigentes del país.
Dos estudiantes blancas afirman que fueron privadas de plaza en Michigan por los puntos
"No deberíamos tener menos oportunidades por el hecho de no alcanzar notas tan altas", comentó una estudiante negra. "Bush nunca hubiese entrado en Yale de haberse tenido en cuenta sólo sus calificaciones". El propio presidente ha reconocido que fue un estudiante mediocre antes y durante sus años universitarios, y nadie duda en Estados Unidos de que fue admitido en Yale por ser hijo de quien era.
El presidente, sin embargo, considera que la Universidad de Michigan, una de las grandes universidades públicas norteamericanas, discrimina de forma anticonstitucional en favor de grupos raciales cuando podría practicar otro tipo de políticas de admisión que excluyan el aspecto racial. El antiguo gobernador pone el ejemplo de la Universidad de Tejas, donde los estudiantes que están en el 10% más alto de cada promoción tienen acceso automático a la Universidad.
El debate que ahora resucita tiene su origen en otra sentencia del Supremo, que hace un cuarto de siglo declaró ilegal la fijación de cuotas para grupos raciales, pero ambiguamente dejó abierta la posibilidad de que la raza fuera tenida en cuenta a la hora de la selección de los alumnos. Dos estudiantes blancas que solicitaron el ingreso en la Universidad de Michigan, una para estudios de posgrado en la facultad de Derecho y otra en primer curso, alegan que fueron privadas del acceso que por calificaciones les correspondía en favor de estudiantes de minorías.
En un sistema de 150 puntos, Michigan concede de entrada 20 puntos a solicitantes negros, hispanos o indios, puntos que suman a los de otras capacitaciones. En Derecho busca una masa crítica de minorías, que la universidad considera "muy modesta y limitada", y que, según los años, ha oscilado entre el 10% y el 17%.
"La Constitución protege los derechos de las personas, no los de grupos raciales", arguyó uno de los abogados de la parte demandante. Theodore B. Olson -que como fiscal general nunca ha perdido un caso que haya defendido personalmente y que ya tuvo éxito como abogado privado en 1996 en eliminar la discriminación positiva en Tejas- mantuvo que la facultad de Derecho ha hecho de la diversidad étnica "un fin en sí mismo" y que "obviamente, eso es constitucionalmente objetable".
La defensa esgrimió ante los jueces del Supremo manifiestos a favor presentados por más de setenta grupos, entre ellos uno de militares retirados, incluido el general Norman Schwarzkopf, que defienden la discrimación positiva. Se practica en las academias militares y el jefe de la Operación Tormenta del Desierto la considera irrenunciable. Preguntado por un juez sobre el particular, Olson respondió: "No hemos examinado eso".
Las preguntas de los jueces no dejaron entrever cuál será la orientación de la sentencia, pero las preguntas de la juez Sandra Day O'Connor, que podría romper el desempate, apuntaban al mantenimiento de la situación. "Usted está hablando en términos absolutos y no se trata de eso", le dijo a uno de los abogados que exigía excluir por completo el factor racial del proceso de selección. El fallo, esperado con expectación por 300 universidades y miles de empresas, está previsto para julio.
