El Supremo "dinamitó" la política de Extranjería, según el PSOE

La sentencia del Tribunal Supremo que el pasado viernes anuló 11 artículos del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, "ha dinamitado" aspectos centrales de la política de inmigración del PP, según la socialista Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales y Migratorias. El PSOE presentó ayer sus enmiendas a la Ley sobre Seguridad Ciudadana en materia de integración de los extranjeros.

Rumí avisó al Gobierno de que "no es posible" trasladar a la Ley de Extranjería los artículos del reglamento anulados por el Tribunal Supremo, como planteaba anteayer el ministro del Interior, Ángel Acebes para anular los efectos del fallo del alto tribunal.

La dirigente socialista advirtió de que la sentencia "contradice no sólo la propia Ley de Extranjería, sino también la de Régimen Jurídico, el Procedimiento Administrativo Común y la Ley Orgánica del Poder Judicial", y pidió a Acebes que tenga en cuenta estas normas antes de causar "un nuevo embrollo jurídico".

La diputada del PSOE detalló las enmiendas que su grupo parlamentario presentará a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que reforma casi un tercio del Código Penal y parte de la Ley de Extranjería. Rumí afirmó que el Gobierno ha culpado a la inmigración del aumento de la inseguridad ciudadana, y aseguró que la reforma de la Ley -que contempla la expulsión de los inmigrantes irregulares sobre los que pesa una orden de expulsión y hayan sido condenados a penas inferiores a seis años de cárcel- "no es otra cosa que una despenalización disfrazada de contundencia".

"Espacio de impunidad

Con el proyecto de reforma defendido por el Gobierno, según el PSOE, se crea un "espacio de impunidad". "Un español o un extranjero residente legal que cometa un delito serán juzgados y, si son condenados, pasarán hasta seis años en prisión. Por el contrario, un irregular que cometa el mismo delito será expulsado, y si vuelve a España y es detenido, volverá a ser expulsado", explicó la dirigente socialista.

El PSOE propone que sea el juez quien decida si el inmigrante debe ser o no expulsado de España "en función de la gravedad del delito, de sus circunstancias personales y de la protección de los derechos de la víctima".

Consuelo Rumí no sólo criticó la actuación del Ejecutivo en torno al tratamiento de los delincuentes extranjeros. Por lo que se refiere a la inmigración legal, la diputada afirmó que el Contingente de extranjeros para 2002 fue "restrictivo y mal planificado". "Mientras la economía demande mano de obra y existan puestos de trabajo por cubrir, seguirá la llegada de inmigrantes, aunque sea en situación irregular", aseguró Rumí.

En cuanto a la lucha contra la inmigración irregular, la responsable socialista acusó al Gobierno de haber "manipulado estadísticas y ocultado cifras sobre repatriaciones", y señaló que "sólo se consigue la expulsión del 30% de extranjeros a los que se abre un expediente".