La Junta aprueba el plan energético para corregir el déficit del 30% del consumo eléctrico

Romper la dependencia del petróleo y garantizar el autoabastecimiento eléctrico son los objetivos principales del Plan Energético de Andalucía (Plean) aprobado ayer por decreto del Consejo de Gobiernode la Junta. "Hace 10 años, Andalucía padeció una de sus peores sequías. Pues ahora estamos en la misma situación en el caso de la energía. Hay un derroche de consumo que es necesario cortar y promover una cultura de ahorro energético", aseguró ayer el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera. El Plean 2003-2006 prevé inversiones por valor 6.012 millones de euros, de los que sólo el 5,6% corresponden a ayudas públicas.

El decreto tiene como objetivos garantizar el abastecimiento eléctrico de la comunidad, extender la red de gas natural a todas las provincias y reducir en un 28,4% las emisiones de dióxido de carbono. Según datos aportados por el consejero de Empleo, Andalucìa sufre un déficit del 30% en la energía eléctrica que consume y alcanzará un superávit del 18% cuando se culmine el plan en 2010.

De los 342 millones de euros programados en ayudas públicas, algo más de la mitad se destinará al fomento de las energías renovables, de forma que la comunidad autónoma pueda contar en 2010 con más de un millón de metros cuadrados de paneles solares térmicos; 23.801 kilovatios de potencia instalada en paneles fotovoltaicos; 4.000 megavatios en energía eólica y 250 megavatios en generación eléctrica a partir de residuos vegetales y animales (biomasa).

En el terreno de la energía eólica está prevista una dotación de 26 parques de aerogeneradores, mientras que el impulso al aprovechamiento de la biomasa se traducirá en la instalación de 16 plantas, según Viera.

El Consejo de Gobierno aprobó, entre otros, los siguientes acuerdos.

- Inserción laboral. Decreto por el que se establecen los programas de inserción laboral que serán desarrollados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -coincidiendo con el acuerdo para el traspaso de las políticas activas de empleo-, para lo que se destinará una inversión inicial de 19 millones de euros que beneficiará a 45.200 personas, cifras que aumentarán hasta los 40,5 millones y los 130.000 beneficiarios, una vez que hayan llegado las nuevas competencias.

Las medidas, consensuadas con UGT, CCOO y la CEA, se destinarán a todas las personas demandantes de empleo en la comunidad. El decreto fija tres bloques de programas, centrados en el asesoramiento a los demandantes de empleo, el acercamiento de los parados al ámbito de las empresas y las acciones de carácter experimental para determinados territorios y colectivos. Dentro del primer bloque, la norma incorpora como novedad una batería de medidas dirigidas a asesorar al parado de forma personalizada y de acuerdo con sus necesidades, definiendo itinerarios específicos de inserción para mejorar la capacidad de acceso al empleo.

- Metro de Sevilla y Málaga. El Consejo autorizó las partidas presupuestarias necesarias para la adjudicación definitiva de la concesión de construcción y explotación de la Línea 1 del metro de Sevilla (428,5 millones de euros) y para la licitación del concurso de construcción y puesta en funcionamiento de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga (374,2 millones). En el caso de Sevilla, el Gobierno andaluz ha adoptado la decisión de adelantar el dinero (218,9 millones) que debe poner el Ejecutivo central.

- Comarcas mineras. El Consejo de Gobierno ratificó ayer as ayudas aprobadas por el Instituto de Fomento de Andalucía para apoyar dos iniciativas empresariales en las comarcas mineras de Sevilla y Huelva, con un importe total de 7,64 millones de euros. Se trata de la instalación de una factoría de la empresa Geotexan, S.A. en Minas de Riotinto (Huelva) y del traslado de la planta de Fundiciones Caetano, S.A. a Guillena (Sevilla).

- Deuda pública. El Consejo aprobó la emisión y puesta en circulación de deuda pública anotada por 507,07 millones con destino a financiar inversiones. La iniciativa, autorizada por el Consejo de Ministros, se hará mediante subastas ordinarias y emisiones a medida, con un plazo de vencimiento de hasta 30 años.